14 de abril de 2015

En el año 2003, la Ley de Partidos Políticos (LPP) estableció que las agrupaciones políticas, independientemente de su categoría, debían regirse por normas de democracia interna. A partir de entonces, los candidatos a todos los cargos de elección popular (con excepción de los invitados) han sido proclamados bajo este mandato. Pese a ello, las élites partidarias de la mayoría de partidos y movimientos regionales han venido desarrollando estrategias para seleccionar de forma discrecional a sus candidatos.

El proceso de revocatoria como instrumento de control político ciudadano es una herramienta útil y se enmarca en un proceso democrático. Sin embargo, en la legislación anterior esta tenia debilidades muy visibles que permitían que con muy pocas firmas se inicie un proceso de revocatoria. Ahora, esto no solamente exige una inversión por parte del estado, sino que también exige un esfuerzo de la autoridad de turno, cuando en realidad estos procesos responden más a revanchismos políticos o venganzas del político que no ganó las elecciones. Quien impulsó la revocatoria fue Castañeda Lossio y Solidaridad Nacional, con el apoyo del APRA, opositores del gobierno de Susana Villarán. Además de las firmas, no había un control institucional del JNE o de la ONPE que sustente el proceso de revocatoria.