Desde Khuska entrevistamos a Alonso Tufino, coordinador del proyecto Generación +1, quien resalta la importancia del rol que tienen los jóvenes en la implementación de proyectos que permitan un desarrollo humano sostenible.
De regreso de una estancia académica en el extranjero, me encontraba muy entusiasmada de volver al trabajo y en especial al litigio. Una conocida empresa tenía un nuevo caso, por lo que me ofrecí a apoyar en el mismo y acudí a una de las diligencias programadas. En cuanto me presenté ante el juez como abogada de la empresa y extendí mi mano para saludarlo, me la jaló para que me acercara más y poder saludarme con un beso. Teniendo ya algo de experiencia en litigios penales, durante toda la diligencia me concentré en lo que me había preparado para hacer: sostener la ausencia de imputación objetiva por autopuesta en peligro de la víctima del caso para fundamentar la atipicidad de la conducta que se atribuía a mi cliente.
Desde la adopción de los primeros tratados de derechos humanos en 1966 (el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha venido desarrollando un proceso de “especificación” de sus normas, a partir de la adopción de instrumentos dedicados a proteger los derechos de un determinado grupo de personas. Este fenómeno, que se ha dado desde distintas esferas internacionales (Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Consejo de Europa o Unión Africana), no responde tanto a la irrupción de derechos específicos de estos colectivos (como podría ser el caso del derecho a la consulta y los pueblos indígenas), sino más bien a la necesidad de llamar la atención sobre la brecha del cumplimiento de los derechos que, a pesar de ser de “toda persona”, en la práctica, no han sido satisfechos respecto de un colectivo en particular. Este es el caso de las mujeres, cuya realidad en el cumplimiento de derechos inspiró la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en la ONU, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer «Convención de Belem do Para».
A propósito de la promulgación del Decreto Legislativo 1186, Enfoque Derecho entrevista a César Bazán, Coordinador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal.
El 20 de agosto el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 2891/2013-CR, Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo. La motivación principal detrás del promotor de la ley, el congresista Carlos Tubino (FP), es permitir a la Fuerza Aérea proceder con el derribamiento de aeronaves involucradas en el tráfico ilícito de drogas. Dado que esto por lo general implicará no sólo el uso de la fuerza por parte del Estado, sino también la casi segura muerte de la tripulación, la implementación del Proyecto necesariamente involucrará cuestiones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Verónika Mendoza ya empezó a dar de qué hablar, sin embargo esto sólo se ha dado entre las voces de las esferas mediáticas y políticas. El grueso de ciudadanos fuera de estos aún no vincula el nombre de Verónika Mendoza a un rostro y mucho menos a una idea. No es de extrañar, Mendoza procede de una izquierda famélica que ha fracaso en generar adhesión con lo más descontento del electorado, que carece de propuesta programática sólida más allá de Los lugares comunes y las consignas clásicas como la diversificación productiva, la lucha contra la corrupción e impunidad y la revalorización de la multiculturalidad nacional, entre otras. Todos rótulos que simbolizan elementos valiosos y hasta necesarios en este país, pero que no dejan de ser meros rótulos si no se ahonda en sus implicancias.
