abril 2017

1. Revelan audios que demostrarían compra de testigos en el caso Madre Mía Ollanta Humala, ex presidente de la República, fue jefe de la Unidad Contrasubversiva en la región de Huánuco en 1992. Ese mismo año, Jorge Ávila lo denunció ante la fiscalía de Tocache, por haber ordenado un ataque contra él y sus familiares, terminando su cuñada y hermana desaparecidas. Sin embargo, el proceso contra Humala no progresó, pues los testigos se contradijeron, incluso el propio Ávila desdijo sus anteriores declaraciones, desencadenando finalmente en el archivamiento del proceso. Pero, estos días este caso ha dado un pequeño giro, ya que Ávila ha declarado haber recibido la suma de 4 500 dólares por parte de Amílcar Gómez, suboficial del Ejército,

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor principal de Derecho Constitucional en la PUCP. En la medida que la protección de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad, la economía y del Estado, el desarrollo sostenible busca mejorar la calidad de vida de los seres humanos, sin perjudicar los ciclos de la naturaleza. Es decir, se trata de mantener la dinámica de la biodiversidad para satisfacer las necesidades de la población presente y futura. El progreso social sin daño ambiental es posible en el marco de la Constitución Ambiental, para lo cual se debe articular el modelo de explotación económica con el derecho a un ambiente equilibrado y

Alberto Ventura, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Asociado Senior del estudio Miranda & Amado.  Enfoque Derecho: Hace algún tiempo se planteó la idea de construir centrales hidroeléctricas en la amazonía peruana; asimismo, hoy en día varias están ubicadas en zonas de abundante riqueza natural. En base a ello, ¿qué medidas se toman actualmente para asegurar que la construcción y operación de estas centrales mitiguen sus impactos? Alberto Ventura: Hace algunos años, entre el año 2009 y 2010, se planteó la construcción de centrales hidroeléctricas de gran envergadura en la Amazonía entre ellas las centrales de Inambari y Pakitzapango. La construcción de estas centrales generó bastante polémica pues implicaba el desboque o desforestación de importantes áreas en

Andrea Pulgar, especialista en Nuevas Tecnologías y Protección de Datos Personales, abogada a cargo del Área del mismo nombre en GRAU Abogados. Como a todos les debe haber pasado por la mente, cuando su bandeja de correo electrónico es saturada con ofertas y anuncios comerciales, ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación incómoda que no nos permite utilizar de manera adecuada y eficiente nuestros correos electrónicos, ya que ante una ola de correos electrónicos muchas veces dejamos de leer comunicaciones que si deseamos recibir? En ese contexto, en Perú, se encuentran vigentes varias normas que protegen a las personas de esta situación: Ley Nº 29733 – Ley de Protección de Datos Personales – y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

Por Bruno Doig, egresado de la PUCP y asociado del estudio Bullard Falla Ezcurra+. Una tribu que convive en armonía con el medioambiente se enfrenta al desenfrenado capitalismo depredador de una compañía minera. ¿Quién gana? Sin duda, 20th Century Fox, que, valgan sarcasmos y coincidencias, logró recaudar la mayor taquilla de la historia (más de 2 mil millones de dólares) con su crítica al capitalismo.[1] Regresando a la historia ¿Y si hubiera un Estado? ¿Y si ese Estado le dijo a la empresa que era dueña de los minerales y, a la vez, a los Na’Vi que eran dueños del Árbol Madre? El Estado habría asignado mal, o manejado mal la crisis, entre los derechos a los inversionistas, al medioambiente

Por Armando Sánchez Málaga, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y socio del estudio Roger Yon & SMB Abogados. El pasado 06 de enero fue publicado el Decreto Legislativo N° 1352, el cual regula la “responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”. En su exposición de motivos, se hace expresa mención a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual exige que los países miembros de esta última hayan legislado la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en el delito de cohecho activo internacional. En ese contexto, el año pasado fue publicada la Ley Nº 30424, la