2018

La revolución digital llegó al Tribunal Fiscal y esperemos esté aquí para quedarse

  Por Talía Díaz, asociada del estudio Miranda & Amado. Desde del 1 de febrero de este año[1], es obligatorio que la gran mayoría[2] de los contribuyentes que presenten recursos al Tribunal Fiscal (apelaciones, quejas y otras solicitudes) fije un domicilio procesal electrónico como requisito para la admisión a trámite de dichos recursos. Dicho domicilio procesal electrónico será una casilla en el Buzón Electrónico de la página web del Tribunal Fiscal[3] y será utilizado para notificar a los administrados de los actos o resoluciones emitidos por tal entidad. Esto quiere decir, por un lado, que ya no se tramitarán recursos de contribuyentes que no cuenten con domicilio procesal electrónico cuando sea obligatorio tenerlo y, por otro, que gran parte de las

Nos tocan y no pasa nada

Por Kiara Bazán Santillán, alumna de la facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. “Sentí que debía darle un escarmiento. Saqué la botella con gasolina que tenía en mi mochila. Me acerqué. Yo solo quería echarle en la cara pero el bus se movió y se esparció en todo su cuerpo. Mi brazo izquierdo también se prendió. Lo apagué. Corrí tres cuadras, me saqué la polera. Tomé un taxi que me cobró 60 soles hasta mi casa. Llamé a mi hermana para que me recoja en el hospital EsSalud. Le confié la verdad de lo que había sucedido” Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2017 hubo 121 casos

La justa expropiación

Por Martín Mejorada, profesor de Derechos Reales en la PUCP y socio de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. La reactivación de la economía es urgente, y en gran medida pasa por ejecutar las obras de infraestructura pendientes (carreteras, vías de tren, puertos, aeropuertos, etc.). En ese afán, no basta la eficiencia y entusiasmo de los funcionarios a cargo. En muchos casos, las obras requieren de espacios de propiedad privada que están protegidos por el artículo 70 de la Constitución.  Aquí entra en juego la expropiación. Está descontado que se expedirán las leyes que declaran de necesidad pública la expropiación de bienes para obras claves, si es que no están contenidas ya en el larguísimo listado de emprendimientos de la Ley 30025,

Marcha por la libertad: sobre la polémica en torno a la penalización del aborto

Este sábado se realizó la sexta marcha por la vida promovida por diversas organizaciones y por el arzobispado de Lima, en la cual participaron alrededor de 800 mil personas manifestando su rechazo al aborto y reclamando el respeto hacia el derecho a la vida y la familia. A partir de ello, se reactivó el debate en torno a si se debería despenalizar el aborto en el Perú. En ese sentido, el presente editorial abarcará las razones por las que se debería despenalizar el aborto en todos los casos y las regulaciones al respecto. En primer lugar, la penalización del aborto en el Perú no ha cumplido su objetivo de disuadir a las mujeres para que no aborten. Según datos presentados

La denominada Hipoteca Inversa en el Perú, a raíz de la promulgación de la Ley N° 30741

Por: Milagros Romero Espíritu, abogada por la PUCP, adjunta de Docencia, con especialización en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Salamanca, España. Este 20 de marzo de 2018 se promulgó la Ley N° 30741, Ley que regula la figura de la hipoteca inversa por primera vez en el Perú. Esta contará con un Reglamento, el cual será emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en un plazo de 90 días a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. Esta figura, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 de la Ley en mención, consiste en: “(…)

Enfoque semanal: del 30 de abril al 6 de mayo

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Alberto Fujimori El viernes 4 de mayo el Tribunal Constitucional declaró improcedente el segundo pedido de hábeas corpus en favor de Alberto Fujimori, el cual buscaba exculparlo del delito de secuestro agravado en agravio a Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Esta segunda demanda fue interpuesta por Keiko Fujimori en mayo del año pasado. Como se recuerda, Alberto Fujimori Fujimori fue condenado por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en el año 2009; por ello, se le interpuso una pena de 25 años. Sin embargo, su defensa solicitó la nulidad de las dos sentencias del 2009 al interponer una primera demanda de hábeas corpus en el año 2014, la cual también

El sector forestal, una industria a trabajar

Por: Milagros Mutsios, abogada asociada del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y ex miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. Luego de celebrar el día del trabajo, conviene reflexionar sobre las industrias que podrían generar mayores ingresos y puestos de trabajo, directos e indirectos, en nuestro país, mejorando nuestra competitividad a nivel mundial. Al respecto, una de las industrias que debería ser promovida es la forestal. El 53% de nuestro territorio cuenta con cobertura boscosa.; y de este total, el 93% se ubica en la zona de selva. Estos porcentajes nos convierten en el noveno país del mundo con mayor superficie forestal, el cuarto país con bosques tropicales a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica[1]. Frente a esta

Huelga y esquirolaje interno en el Perú: ¿conflicto entre un derecho fundamental y el principio de tipicidad?

Por: Marisol Oliva, egresada en Derecho por la PUCP y miembro de GEOSE. En mayo del año pasado, fue publicada la Casación N° 3480-2014 Lima. El caso materia de la misma surge a partir de una demanda interpuesta para que se declare la nulidad de una sanción (multa) aplicada por la autoridad inspectiva de trabajo (Sunafil) a una empresa por haber realizado actos de esquirolaje interno durante una huelga (es decir, reemplazo de los trabajadores huelguistas por otros trabajadores que laboren en la empresa). La empresa implicada aducía una incorrecta interpretación del artículo 25.9 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (Decreto Supremo No. 019-2006-TR)[1], dado que este dispositivo solo regula el esquirolaje externo (reemplazo de los