En el presente video, José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, habla sobre la corrupción en los contratos administrativos referidos a la infraestructura pública, y las mejoras para afrontar este fenómeno. ¡No te lo pierdas!
Joel Santillán, estudiante de Derecho de la Universidad de Lima y Eric Casado, estudiante de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú “El hombre es un animal racional” Seneca Durante muchos años, las escuelas de Derecho han dejado de lado que los decision makers (por decision makers haremos referencia a los jueces y a los árbitros) tienen determinadas funciones que no están exentas a caer en sesgos cognitivos. No obstante, la investigación en psicología y economía conductual de varias décadas nos podría dar una nueva perspectiva. En ese sentido, creemos que es fundamental que, para llevar un caso, los abogados y estudiantes entiendan cómo funciona el cerebro de los decision makers. Para empezar, es importante introducirnos un poco en
Por Diego Pachas, asociado del área de recursos naturales y medio ambiente del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados El desarrollo de proyectos de inversión en terrenos eriazos del Estado siempre ha generado complejidades, principalmente en la adquisición de derechos superficiales para su ejecución. Esto último, principalmente, porque no existían procedimientos administrativos simplificados que facilitaran el acceso a dichos derechos por parte de los inversionistas. De hecho, únicamente se contaba con procedimientos complejos que podían durar hasta 12 meses sólo para ingresar al predio. Ante esta situación, en el 2013 el Estado emitió los Decretos Supremos N° 054-2013-PCM[1] y N° 060-2013-PCM que incluyeron diversas medidas para promover el desarrollo de proyectos de inversión en el Perú (e.g. mineros, eléctricos, industriales,
César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la PUCP. En días pasados, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política ha presentado ocho iniciativas de reforma legislativa y cuatro proyectos de reforma constitucional, en base a que, el 9 de diciembre del 2018, el pueblo decidió mayoritariamente (85%) reformar la Constitución para no reelegir a los congresistas, fortalecer el control del financiamiento de los partidos políticos, crear una Junta Nacional de Justicia y rechazó la bicameralidad por una artimaña del Congreso que anulaba la cuestión de confianza. La Comisión se ha concentrado en hacer propuestas para mejorar el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral. El informe parte de
Teresa Tovar, socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, presidenta del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana del Perú-AmCham y miembro del Comité Técnico de Normalización del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL). Últimamente escuchamos decir que «Compliance está de moda». Lo cierto es que, si bien hay un boom del Compliance Corporativo, no es una moda pasajera. Perú está adoptando estándares que ya existen en otros países desde hace casi cincuenta años, como veremos más adelante. El INDECOPI ha estado atento a esta tendencia y ha empezado a incorporar exigencias de compliance en sus decisiones, lo que ciertamente ha llevado a las empresas a buscar implementar estos programas. Esto se ha traducido en
Mariano Peró, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia y asociado de Miranda & Amado. “What’s in a name? That which we call a rose By any other word would smell as sweet.” William Shakespeare, Romeo y Julieta (Acto II, Escena II) Se encuentra en discusión en el Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 2533/2017-CR, Ley que Regula las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades B.I.C.)[1], que fue presentado el 8 de marzo de 2018 y que tiene como objetivo promover un nuevo modelo empresarial al establecer un marco jurídico para regular las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, o “Sociedades B.I.C.” Ante la proliferación de
Proyecto de Ley 04057/2018-CR Título: LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL VOTO VOLUNTARIO EN EL PERÚ Sumilla: Se propone modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú para que se establezca un voto voluntario para las elecciones generales, municipales y regionales. El objeto es fortalecer la naturaleza del voto como un derecho y no como un deber. Se indica que, si bien el Estado dejaría de percibir ingresos por el pago de las multas de quienes no cumplen con votar, esa pérdida debería ser evaluada con la mejora de la institucionalidad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en todos sus niveles. Grupo Parlamentario: Unidos por la República Link: http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021 Proyecto de Ley 04106/2018-CR Título: LEY
Diego Harman, asociado principal del estudio Garrigues (Perú) con Maestría en Derecho Corporativo por la New York University (NYU) y Especialización en Fundamentos de Financiamientos de Proyectos e Infraestrutura por la New York Institute of Finance. Un financiamiento de proyecto (un project finance o PF, por sus siglas en inglés) es una técnica de financiamiento en virtud de la cual una Sociedad de Propósito Especial (SPE) se endeuda con un tercero a fin de desarrollar un proyecto de infraestructura/energía, acordando que el crédito (i) se repaga inicialmente con los flujos generados por dicho proyecto, y (ii) se encuentra garantizado por todos sus activos. A partir de lo anterior podemos comentar que en un PF deben confluir las siguientes características: a)
