agosto 2020

Menstruación y derechos humanos: los desafíos para garantizar la salud menstrual de las mujeres y niñas

Norma Alejandra Ortega Valdivia, abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y abogada en la Defensoría del Pueblo en Lima. La retórica de lo privado ha aislado al mundo femenino del orden legal y transmite un mensaje a toda la sociedad (Schneider, 2010). Si bien este cuestionamiento a la esfera de la privacidad surge como herramienta para eliminar la impunidad de la violencia hacia las mujeres en el hogar, también existen otros aspectos de nuestras vidas que aún se encuentran bajo el “velo de lo privado” y de los que todavía no se ha hablado lo suficiente. La menstruación es aún el gran secreto a voces en la vida de las mujeres. En el año 2019, el

Juramentación de nuevo Gabinete Ministerial

Tras la negativa de cuestión de confianza por parte del Congreso de la República y el cumplimiento del artículo 133 de la Constitución Política sobre la crisis del gabinete, el presidente de la República nombró a los integrantes del nuevo gabinete ministerial. Nombramiento y juramentación que se llevó a cabo en horas de la mañana en Palacio de Gobierno. Lo/as ministros/as que se mantienen en su cargo son Maria Antonieta Alva Luperdi del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Montoya Pérez del Ministerio del Interior (MININTER), Ana Neyra Zegarra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Carlos Benavides Abanto del Ministerio de Educación (MINEDU), Pilar Elena Mazzetti Soler del Ministerio de Salud (MINSA), Jorge Luis Montenegro Chavesta del

Derechos ambientales en debate. Los alcances del Acuerdo de Escazú a la luz de la regulación nacional

Por Milagros Mutsios y Camila Masini, asociadas del Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, especialistas en derecho minero y del medio ambiente, y ex miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho En setiembre de 2018, Perú formó parte del grupo de países que firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Para que éste entre en vigor, se requiere que sean 11 países los que ratifiquen el Acuerdo. A la fecha, 9 Estados lo han ratificado. Perú sería el décimo, en caso el Congreso de la República lo decida así. Mucho se viene comentando

La importancia de la incorporación de las obligaciones ambientales al compliance para cooperar con el cumplimiento de las NDC en el Perú

Andrea Morón Vera Portocarrero, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur El 2020 es un año importante y estratégico que persigue alcanzar los objetivos propuesto en el Acuerdo de París. En este escenario, los países tienen el compromiso de enfrentar el cambio climático, fijándose metas para la adaptación y mitigación de este problema global, las cuales deben estar establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC[1], por sus siglas en inglés). Las NDC son una razón más para desarrollar nuevos instrumentos con el fin de que se cumpla cabalmente las obligaciones ambientales de las personas jurídicas. Entre tales instrumentos destacan aquellos de naturaleza preventiva, es decir, los destinados a evitar un daño o

COVID en la oficina: ¿Quién es responsable si enfermamos?

Por Ximena Schmiel Balarezo, asociada de García Sayán Abogados. La verdadera cultura de prevención de delitos no solo se ocupa de aquellos delitos que podrían generar responsabilidad penal para la compañía, sino de todas aquellas conductas delictivas y malas prácticas que, de una u otra forma, afectan la esfera de la compañía. Ahora bien, la consulta que cae por sí sola, sobre todo ahora en el contexto que nos encontramos con una enfermedad de fácil contagio rondando en el aire, es la siguiente: ¿Como empleador hasta dónde soy responsable de la salud de mis trabajadores? ¿Podría tener ello alguna implicancia penal? Para responder esta pregunta, debemos entender que el empleador (en Perú) tiene el deber de Garante, que consiste en

Agenda legal del 27 de julio al 01 de agosto

Por Enfoque Derecho Proyecto de Ley Nro 5883/2020-CR Título: Ley que regula y precisa los impedimentos para contratar con el Estado Sumilla: Este proyecto busca regular con mayor precisión aquellos impedimentos para contratar con el Estado. Específicamente, se modifica el artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. En esta modificación, incluyen plazos adicionales para Ministros y Viceministros, detallan los impedimentos para Parlamentarios Andinos y Fiscales Supremos y Superiores, y detallan que el impedimento persiste para aquellos parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entre otros detalles. Esta modificación se busca implementar para reducir las incidencias de corrupción en el Estado. Grupo Parlamentario: Acción Popular Link: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05883-20200730.pdf Proyecto de Ley 05876/2020-CR Título: Ley que faculta

Nota: Congreso niega cuestión de confianza al Gabinete de Pedro Cateriano

A horas de la mañana, después de una jornada de más de 20 horas, se notificó al presidente de la República de decisión final del Congreso sobre la cuestión de confianza al gabinete de Cateriano. Con 34 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones, este martes 4 de agosto, el Congreso de la República decidió negarle el voto de confianza. Cabe recordar que el gabinete ministerial había asumido funciones el pasado 15 de julio. La cuestión de confianza se encuentra regulada en el artículo 130 de la Constitución Política, es una figura de control político a cargo del Congreso. Cada presidente del Consejo de Ministros puede plantear una cuestión de confianza y concurre al hemiciclo junto a sus

A propósito del Mensaje a la Nación de 28 de julio: Movilidad Urbana Sostenible en Lima y Callao

Por Sheyla Llacza Romero, asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguia, Normand & Asociados, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, con estudios en el Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la referida universidad, actual candidata a la Maestría en Derecho de los Sectores Regulados en la Universidad Carlos III de Madrid, con Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN, y actual integrante del Consejo de Apoyo Institucional de la Asociación Civil Derecho & Sociedad. En el mensaje a la nación de 28 de julio del presente año, el presidente Martín Vizcarra anunció dos temas que son relevantes para continuar trabajando en la movilidad urbana sostenible

El Impuesto a la Renta de las personas no domiciliadas en el Perú: buscando justicia tributaria para las personas migrantes en situación de vulnerabilidad

Por Daniella Guerrero, Gabriela Ochoa y Eduardo Rumaldo, estudiantes de la Clínica Jurídica de Personas Migrantes y Refugiadas de la PUCP, bajo la edición y supervisión de Jazmine Morales y María José Barajas, adjunta y docente de la Clínica Jurídica, respectivamente. Para agosto del año 2019, el 92.5% de migrantes venezolanos trabajaba sin percibir sus derechos laborales (1), es decir, en condiciones de informalidad. Esta, a su vez, se ve acrecentada por diversos factores, uno de ellos -desconocido por muchas personas- es el tratamiento tributario que enfrentan las personas no domiciliadas en nuestro país. Veamos la situación con mayor detenimiento: ¿Cuál es la situación actual de las personas migrantes en el Perú? Debido a la crisis económica y política que