
La legítima defensa y su función en el sistema jurídico penal
«La legítima defensa no solo opera como una excepción a la regla general que prohíbe causar daño, sino que también expresa un principio fundamental del sistema jurídico: nadie está obligado a soportar lo injusto. No obstante, su aplicación no es automática, sino que exige el cumplimiento estricto de determinados requisitos. En particular, debe acreditarse la existencia de una agresión actual, real e ilegítima; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien hace la defensa».
