Por José Luis Montaperto,
abogado argentino por la Universidad Nacional de La Rioja, titular del Estudio Jurídico Montaperto & Asociados e investigador independiente en Derecho, Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías
- La autonomía técnica no equivale a personalidad jurídica
Los agentes de inteligencia artificial ya pueden seleccionar opciones, negociar condiciones, utilizar herramientas digitales y ejecutar secuencias de tareas sin una confirmación humana en cada paso. Su autonomía operativa reabre una pregunta jurídica: ¿deberían convertirse en sujetos de derecho para atribuirles las consecuencias de sus actos? La respuesta exige distinguir entre capacidad técnica para actuar y aptitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones.
La personalidad jurídica no se desprende del grado de sofisticación de un sistema. Es una decisión normativa que debe responder a finalidades institucionales y a la protección de terceros. El artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación argentina (Congreso de la Nación Argentina, 2014) define a las personas jurídicas a partir del reconocimiento del ordenamiento jurídico, no de la aptitud material para ejecutar instrucciones. Un programa puede producir resultados jurídicamente relevantes sin convertirse, por esa sola circunstancia, en persona.
La tesis de este artículo es que la atribución prematura de personalidad electrónica puede debilitar la tutela de las víctimas si funciona como un mecanismo de desplazamiento de responsabilidad. La cuestión no consiste en negar las capacidades de los agentes autónomos, sino en determinar qué sujetos humanos y organizaciones responden por su diseño, despliegue y utilización.
- El riesgo de crear un deudor sin capacidad de reparación
Imaginemos que una empresa delega en un agente de IA la selección de proveedores. El sistema descarta ofertas mediante criterios discriminatorios o realiza compromisos que exceden sus instrucciones. Si la empresa atribuye toda responsabilidad al «agente», el proveedor perjudicado podría encontrarse frente a un supuesto sujeto sin patrimonio propio, sin representación clara y sin mecanismos eficaces de ejecución.
El problema se intensifica cuando intervienen un proveedor del modelo, un integrador, un operador empresarial y un tercero que obtiene beneficios económicos. La cadena de intervención puede volverse opaca. Por ello, reconocer personalidad al sistema no debería operar como excusa para extinguir deberes de diligencia, información, supervisión y reparación de quienes conservan capacidad de control.
No se sigue de ello que todas las personas intervinientes respondan siempre de modo solidario. La imputación concreta depende de la legislación aplicable, la relación contractual, los deberes legales y la causalidad acreditada. La propuesta es metodológica: identificar los ámbitos de control y las obligaciones de cada participante antes de atribuir el resultado a una entidad tecnológica.
- La evolución europea: obligaciones sobre sujetos identificables
La Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 sobre normas de Derecho civil sobre robótica incluyó, entre sus propuestas, la consideración futura de un estatuto jurídico específico para determinados robots autónomos. La propuesta del apartado 59, letra f (Parlamento Europeo, 2017), no era una norma vinculante. Aquella discusión no creó por sí misma una personalidad electrónica vigente. Su relevancia reside en mostrar que la categoría fue objeto de debate institucional, no de reconocimiento automático.
El Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024, arts. 3, 9 a 15 y 26) adoptó una arquitectura diferente: distribuye obligaciones entre proveedores, responsables del despliegue y otros operadores definidos por su intervención. Establece exigencias de gestión de riesgos, documentación, trazabilidad y supervisión humana para sistemas comprendidos en sus respectivos ámbitos. No convierte a los sistemas de IA en personas jurídicas.
Este enfoque tampoco resuelve por sí solo todas las cuestiones de responsabilidad civil o contractual. El Reglamento de IA contiene obligaciones regulatorias cuya aplicación depende de la categoría del sistema y del calendario correspondiente. Sin embargo, ofrece una pauta útil para el análisis comparado: la autonomía técnica debe acompañarse de una estructura verificable de responsabilidades humanas e institucionales.
- Una propuesta de imputación basada en el control efectivo
Para el derecho privado y la gobernanza corporativa propongo un principio de no sustitución subjetiva: el uso de un agente autónomo no debe sustituir, sin fundamento normativo, a las personas y organizaciones responsables de introducirlo, configurarlo, beneficiarse de él o mantener su operación.
Ese principio puede aplicarse mediante cinco preguntas. Primero, ¿quién decidió desplegar el sistema y con qué finalidad? Segundo, ¿quién definió sus límites operativos, acceso a datos y facultades para comprometer a terceros? Tercero, ¿qué registros permiten reconstruir las instrucciones, intervenciones y resultados? Cuarto, ¿quién podía detener, corregir o supervisar efectivamente su funcionamiento? Quinto, ¿qué vía de reclamación y reparación tiene disponible la persona afectada?
Estas preguntas no sustituyen el juicio de antijuridicidad, causalidad y factor de atribución exigido por cada ordenamiento. Sirven para impedir que la fragmentación técnica vuelva imposible identificar a los sujetos relevantes. En relaciones de consumo, trabajo, administración pública y contratación mercantil, las respuestas podrán variar según las normas protectorias y la distribución de deberes.
- América Latina: responsabilidad, prueba y remedios
En América Latina, la discusión tiene una dimensión adicional. Los servicios de IA suelen combinar infraestructura, modelos y operadores situados en distintas jurisdicciones. La prueba del funcionamiento del sistema puede estar bajo control exclusivo de un proveedor extranjero. La tutela efectiva exige entonces prestar atención a la preservación de registros, la transparencia pertinente y los mecanismos de cooperación y acceso a evidencia.
Un marco jurídico razonable debería exigir, proporcionalmente al riesgo, responsables identificables, documentación de decisiones significativas, canales de revisión y remedios efectivos. Cuando corresponda, también deben analizarse garantías económicas, seguros y mecanismos de distribución contractual de riesgos, sin que los acuerdos entre proveedores puedan oponerse automáticamente a terceros perjudicados.
Nada de ello obliga a prohibir la innovación ni a tratar toda salida algorítmica como ilícita. La automatización puede mejorar servicios, reducir costos y facilitar decisiones. Precisamente por eso necesita reglas que permitan aprovechar sus beneficios sin sacrificar la posibilidad de explicación, corrección y reparación.
Conclusión
La cuestión central no es si una máquina puede comportarse como un agente. Es si el ordenamiento puede permitir que esa apariencia de agencia disuelva las responsabilidades de quienes la diseñan, despliegan y aprovechan. Antes de inventar una personalidad electrónica, conviene asegurar una cadena de atribución jurídicamente inteligible. Una IA más autónoma no debería significar una víctima con menos derechos.
