Editorial ED

Directora: Melissa Gonzales || Consejo Editorial: Daniela Mondragón | Sergio Cruzalegui | Fabricio Rodríguez | Adriana Paredes | Isabella Delgado| Joseph Martell | Sergio Liñán | Alvaro Fernández

Un as bajo la manga: ¿Qué puede suceder con la casación de Keiko?

Por el Consejo Editorial de Enfoque Derecho. En octubre del 2018, diversos agentes nacionales e internacionales fuimos testigos de un nuevo capítulo en la historia de Keiko Fujimori: el juez Richard Concepción Carhuancho ordenaba 36 meses de prisión preventiva en su contra. La fiscalía ganaba una vez más. En esta primera ocasión, el elemento más polémico sobre la idoneidad de aplicar esta medida cautelar se centró en el riesgo procesal. ¿Existía peligro de fuga u obstaculización de la justicia? Para Concepción Carhuancho, bastaba con que solo uno de ellos esté presente. Así, el elemento más fuerte y claro en el pedido del Ministerio Público fue la obstaculización del proceso; la negación de los supuestos “aportantes” sobre el dinero donado era

Un «stock mínimo» de acceso a la salud

El pasado jueves 20 de junio, el Gobierno hizo llegar al Congreso el proyecto de ley Nº 4494, el cual tiene por objetivo “establecer la obligatoriedad de vender medicinas genéricas en boticas y farmacias a nivel nacional”. A grandes rasgos, la finalidad de la propuesta normativa es “declarar el acceso a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud, y disponer medidas para garantizar su disponibilidad” (Artículo 1); así como “garantizar los procesos necesarios para el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, permitiendo que los mismos estén disponibles y sean asequibles a la población” (Artículo 2). Por su parte, la Ministra de Salud, Zuleida Tomás, ha señalado que por medio de la

Balance de poderes

 “El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente” – Lord Acton. El pasado miércoles 29 de mayo, mediante un mensaje a la nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que, en los próximos días siguientes, presentaría –junto al premier, Salvador Del Solar– una cuestión de confianza ante el Congreso de la República, “respecto a las políticas de Estado del fortalecimiento institucional y de la lucha contra la corrupción, que se manifiestan en la aprobación, sin vulnerar su esencia, de cinco proyectos de ley”. Así, al día siguiente, jueves 30 de mayo, Salvador del Solar se apersonó al Congreso para entregar el Oficio No. 125-2019-PCM/DM, mediante el cual se plantea la cuestión de confianza.

Editorial | Mitos populares: la función pública de la primera dama

Por Enfoque Derecho Recientemente, el diario El Comercio[1] reveló que un ex ejecutivo de la constructora brasileña OAS, en la calidad de colaborador eficaz en el marco del caso Odebrecht, testificó que Nadine Heredia habría solicitado US$230.000 a OAS para contratar encuestadoras de opinión con miras a la campaña presidencial del 2016, cuando todavía era primera dama, a dos años de que concluyera el gobierno de Ollanta Humala. Hasta entonces, solo se conocía de los aportes por US$3,5 millones que OAS y Odebrecht habían entregado para financiar la campaña presidencial de Humala del 2011. De acuerdo a lo testificado, Heredia se habría comunicado con Leonardo Fracassi, gerente de contratos de OAS en el Perú, para solicitarle una reunión en Palacio

60 días para salvar al PAIC del peligro nuclear

En el año 2015, se marcó un hito histórico en las negociaciones para lograr una solución adecuada a la cuestión nuclear iraní. El producto de esas gestiones diplomáticas fue el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), popularmente conocido como “acuerdo nuclear”. Este acuerdo, suscrito en un inicio por Alemania, China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y la República Islámica de Irán, tenía como objetivo central permitir que Irán pueda seguir llevando a cabo un programa nuclear pero exclusivamente pacífico y acorde a consideraciones científicas siempre que no desarrolle ni adquiera, bajo ninguna circunstancia, armas nucleares. A cambio, se levantarían completamente todas las sanciones que le habían sido impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como

¿Desproteger o sobreproteger?: camino hacia una regulación idónea para la libertad de expresión y pensamiento

Por el Consejo Editorial Enfoque Derecho El 03 de mayo, el parlamentario de la bancada Cambio 21, Clayton Galván, presentó el Proyecto de Ley Nº 4275/2018-CR[1], mediante el cual se regularía el uso indebido de las redes sociales. Esto propone modificar el artículo 132 del Código Penal incrementando de uno a cuatro años de prisión efectiva como límite inferior y 7 años como límite máximo para el delito de difamación cometido mediante las redes sociales. Actualmente, el artículo 132 del Código Penal señala que la pena otorgada será no menor de uno ni mayor de tres años. Por otro lado, el pasado 10 de abril, el congresista Alberto De Belaunde y otros 4 congresistas de la Bancada Liberal presentaron el

No tomemos medidas desesperadas

La grave percepción que los peruanos tienen sobre la corrupción es tan solo un reflejo de la realidad del país. El estudio de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2018 ya revelaba la alarmante situación. Este nos ubicaba en el puesto 105 de 108 naciones junto con países con Timor Oriental y Zambia. Lastimosamente, no se trata de un fenómeno que sea afrontado marginalmente por el Perú, sino que la corrupción se encuentra generalizada en América Latina y una prueba clara de esa situación es el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de la región. Como es conocido, la constructora brasileña fue protagonista de una corrupción sistemática que ha involucrado a distintos

Desproporcionalidad a flor de piel

Este miércoles 10 de abril, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski; su exsecretaria, Gloria Kisic; y su ex chofer, José Luis Bernaola, en el marco de las investigaciones que se han venido realizando en el caso Odebrecht. Previamente a la detención preliminar, Kuczynski se encontraba siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en su modalidad de Actos de conversión y transferencia. Según este tipo penal establecido en la Ley penal contra el lavado de activos, “el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su

Editorial | El precio de un derecho

El pasado 04 de abril del 2019, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el proceso de amparo interpuesto por la actual Gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes y su pareja, Gracia Aljovín, contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ello, el Poder Judicial, en primera instancia, ordenó que se reconozca y, por lo tanto, se permita la inscripción de este matrimonio civil celebrado el 04 de agosto del 2016, en Miami, Estados Unidos. Anteriormente, Susel Paredes y su pareja habían solicitado la inscripción de su partida de matrimonio al RENIEC. No obstante, el 06

Editorial | Negligencia Estatal e injustos pagadores: los conflictos sociales en el Perú

Un nuevo conflicto social ha estallado en el país: el conflicto en Las Bambas. En estas últimas semanas, se produjo el bloqueo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa (corredor minero), el cual atraviesa el fundo Yavi Yavi, por parte de comuneros de dicha localidad, impidiendo que la empresa minera MMG Las Bambas transporte el material minero hacia el puerto de Matarani (Arequipa), donde se embarca el mineral. Este hecho ha generado significativas pérdidas al Estado y a la empresa minera, la misma que ha ofrecido pagar S/ 6 millones a la comunidad para dar solución al conflicto y desbloquear la carretera; sin embargo, la comunidad mantiene una posición renuente al diálogo y exige el pago de S/ 40 millones. Siendo ello así,