Editorial ED

Director: Joseph Martell || Consejo Editorial: Joselyn Lira | Juan Carlos Alcántara | Phiorela Berrocal | Camila Trujillo | Lucía Zúniga | Cesar Valqui | María Fernanda Mogollón | Lucía Tijero

La energía como derecho fundamental: Los límites de la fuerza mayor en la responsabilidad del TGP

La crisis del 1 de marzo de 2026 evidencia que el suministro energético, por su conexión directa con la dignidad humana y con derechos como la salud, la educación y el trabajo, no puede ser concebido como una prestación contingente, sino como un derecho fundamental de configuración legal cuya efectividad exige un Estado garante y no meramente espectador. En este contexto, la invocación de la fuerza mayor por parte del concesionario sólo resulta admisible bajo un estándar particularmente estricto de imprevisibilidad e irresistibilidad.

Editorial | Los delitos contra la libertad sexual en los pueblos originarios en el Perú: Tensión entre la interculturalidad y la protección de derechos fundamentales

En definitiva, el sistema de justicia se encuentra obligado a incorporar una comprensión contextual de los hechos, así recurriendo a herramientas como la pericia antropológica y a enfoques interculturales, pero sin que ello implique, en ningún caso, una renuncia a la protección efectiva de los derechos fundamentales. En consecuencia, la respuesta estatal debe ser integral, articulando de este modo una intervención penal eficaz con políticas preventivas y medidas culturalmente pertinentes orientadas a remover las barreras estructurales que enfrentan las víctimas indígenas y a garantizar un acceso real, oportuno y efectivo a la justicia.

Carga de la prueba y tutela jurisdiccional efectiva en los casos de mala praxis médica : ¿Quién prueba la negligencia?

Introducción El Estado Constitucional de Derecho, desde su concepción, se entiende como el imperio de la Constitución, es decir, tanto el Estado como las personas se encuentran bajo la dirección y sustento de la carta magna, como norma de mayor rango. En ese sentido, la Constitución contempla diferentes principios y mecanismos, con los cuales se organiza tanto el Estado como la sociedad. Una de ellas es la función jurisdiccional, contemplada en el artículo 138 de la norma constitucional. Asimismo, el artículo siguiente desarrolla los principios de la administración de justicia, de los cuales destacamos el inciso 3: “La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional”. El proceso judicial, entonces, no solo se percibe como un medio para la resolución

Editorial | Flexibilización laboral en Argentina: ¿Reforma necesaria o retroceso en la protección del trabajador?

Por Enfoque Derecho 1. Introducción En Argentina, la protección del trabajador se ha estructurado históricamente sobre la base de un conjunto de principios tuitivos destinados a corregir la desigualdad propia de la relación laboral. Sin embargo, la promulgación de la denominada Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), mediante el Decreto 137/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, ha reabierto un debate central en torno a la compatibilidad de ciertas reformas estructurales con los fundamentos del constitucionalismo social vigente. La norma introduce modificaciones de alcance transversal en el régimen laboral argentino, alterando institutos centrales del derecho individual y colectivo del trabajo que se encontraban consolidados desde la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 (en

Trata de personas y esclavitud laboral en el Perú: Análisis a propósito del caso Nicolini

Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción: En mayo de 2017, un incendio ocurrido en la Galería Nicolini, ubicada en el emporio comercial Las Malvinas, provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores, quienes quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico donde desempeñaban labores de almacenamiento y embalaje. La tragedia se produjo debido a que la puerta del contenedor se encontraba cerrada desde el exterior, lo que les impidió evacuar el lugar y escapar del fuego. Este lamentable evento reveló una problemática estructural que se ha mantenido en el tiempo: la explotación laboral. La misma que suele manifestarse con mayor intensidad en contextos de economía informal, donde la ausencia de supervisión estatal efectiva, la falta de contratos formales y la debilidad

Editorial | El legado jurídico del caso Gisele Pelicot: Entre el arquetipo de la víctima y las fisuras del sistema penal

#Editorial 📚

«El caso Pelicot ha evidenciado una insuficiencia sistémica, la respuesta penal aplicada fue legalmente correcta, pero el marco legal disponible parece insuficiente para enfrentar fenómenos de violencia sexual organizada y reiterada».

En el presente editorial, #EnfoqueDerecho analiza el caso de #DominiquePelicot y la sentencia del Tribunal de Aviñón, ello evaluando la proporcionalidad de la dosimetría penal aplicada a los coacusados y el alcance de la reforma francesa que incorpora el #consentimiento expreso en la definición de violación. Asimismo, se examinan los desafíos probatorios en escenarios de sumisión química, el riesgo de #revictimización procesal y las implicancias de este precedente para la configuración del delito de violación sexual en el Perú.

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Editorial | Marcha Nacional: El diálogo pendiente entre manifestantes y autoridades

Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 15 de octubre de 2025 se llevó a cabo la Marcha Nacional en Perú que tenía como objetivo visibilizar el descontento de la ciudadanía ante al aumento de la criminalidad, la corrupción y la inacción del Gobierno y el Congreso frente a los problemas que atraviesa el país. La protesta se produjo en diferentes departamentos del territorio nacional: Lima, Chachapoyas, Arequipa, Huancayo, Cusco, Puno, Huaraz, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Puerto Maldonado, Piura, Chimbote y Ucayali[1]. Esencialmente, los manifestantes expresaron su descontento con la actual intensificación de las extorsiones. Según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas

Editorial | Proselitismo durante la semana de representación: Una vulneración al principio de neutralidad electoral

Por Enfoque Derecho Introducción El pasado 11 de septiembre de 2025, se publicó la Resolución Legislativa N° 001-2025-2026-CR, Resolución legislativa del congreso que incorpora el artículo 25-A en el reglamento del Congreso. La norma fue aprobada por amplia mayoría, obteniendo 78 congresistas a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. El nuevo artículo incorporado dicta lo siguiente: “Artículo 25-A. Principio de neutralidad respecto de los parlamentarios Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las

Editorial | ¿Isla Santa Rosa peruana o colombiana? Análisis jurídico desde el Derecho Internacional

Escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción El pasado 3 de julio, el gobierno peruano promulgó la Ley N.° 32403[1],  mediante la cual se oficializó la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, formada en la década de 1970 como resultado de un proceso de sedimentación y cambios naturales del río Amazonas, a partir de desprendimientos de la isla Chinería,  y se establecieron con precisión los límites y fronteras que comprende dicha jurisdicción. Hasta entonces, el centro poblado de Santa Rosa era parte del municipio de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. Con la promulgación de la ley, se dispuso la segregación de la isla Chinería de Yavarí para constituir el nuevo distrito, en