Editorial ED

Director: Joseph Martell || Consejo Editorial: Joselyn Lira | Juan Carlos Alcántara | Phiorela Berrocal | Camila Trujillo | Lucía Zúniga | Cesar Valqui | María Fernanda Mogollón | Lucía Tijero

La inhabilitación de Delia Espinoza: Entre la responsabilidad política y el retorno del blindaje parlamentario

» […] la inhabilitación de Delia Espinoza se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el control político del Congreso y la autonomía de los órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público. Este caso evidencia los riesgos de una utilización expansiva de la acusación constitucional que desdibuja sus límites funcionales y diluye la distinción entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica».

La derogación de la Educación Sexual Integral (ESI) en el ordenamiento educativo peruano: Retroceso normativo y afectación hacia la protección infantil

“La derogación de la Educación Sexual Integral no debe entenderse como un simple ajuste técnico del currículo escolar ni como una modificación terminológica sin mayores consecuencias. Por el contrario, implica una reconfiguración sustantiva del estándar de protección que el Estado ofrece a niñas, niños y adolescentes”.

Obras públicas paralizadas y contratación estatal: Análisis administrativo de los retrasos en la Línea 2 del Metro de Lima

«Por lo tanto, el rol de las obras públicas dentro del Estado de Derecho es el equivalente de lo que para el ciudadano sería una garantía del cumplimiento de sus derechos fundamentales o de los bienes jurídicamente protegidos por la Constitución, puesto que a partir de ellos es que se logra promover condiciones mínimas para el desarrollo de la población».

El precio de denunciar: El Proyecto de Ley 11561/2024-CR y la inminente criminalización de las víctimas de violencia de género.

Editorial escrita por Enfoque Derecho 1. Introducción Durante el último periodo legislativo, el Congreso de la República del Perú ha impulsado una alarmante sucesión de medidas legislativas que amenazan con desmantelar el marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres. Esta ofensiva se evidencia en proyectos orientados a invisibilizar la violencia basada en el género, como la iniciativa para eliminar el delito de feminicidio del Código Penal bajo la premisa infundada de una supuesta sobrerrepresentación. Asimismo, el Parlamento aprobó modificaciones a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N.º 28983), reemplazando el enfoque de género por un paradigma de «complementariedad entre varón y mujer», lo cual vacía de contenido las políticas públicas destinadas a

Crisis de gobernanza ambiental y vulneración de derechos fundamentales en la Amazonía peruana: el caso del derrame en Manseriche y la resistencia del pueblo Awajún

Editorial escrita por Enfoque Derecho 1. Introducción El 19 de marzo de 2025 se produjo un derrame de hidrocarburos en la quebrada Pijuayal, a la altura del km 315+535 del Tramo II del Oleoducto Norperuano (en adelante, ONP), ubicado en el distrito de Manseriche, región Loreto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (2025), el derrame afectó a las comunidades nativas de Sinchi Roca y Pijuayal. De igual manera, dicha entidad señaló que, el evento habría sido causado por una perforación realizada con herramienta mecánica atribuida a terceros, no ocasionando daños a la vida ni a la salud[1]. No obstante, el diagnóstico de la situación se agravó tras confirmarse la presencia de hidrocarburos en la quebrada principal. Debido

La ampliación de facultades de la PNP: Análisis de la ley N° 32130 ante la autonomía del Ministerio Público

1. Introducción El 10 de octubre del 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 32130, con el objetivo de fortalecer la investigación del delito y agilizar los procesos penales, a través de la ampliación de facultades de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la etapa preliminar del proceso judicial. El acto de promulgación fue publicado ese mismo día en el diario oficial “El Peruano” y se materializó mediante la suscripción de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; en concurrencia con los titulares de la Mesa Directiva del Congreso de la República, Eduardo Salhuana y Patricia Juárez. En este marco, dicha norma introdujo 33 modificaciones al Código Procesal Penal,

Un rompecabezas difícil de armar: La problemática de la representatividad de los partidos políticos y la fragmentación electoral en tiempos de elecciones

“El escenario de un sistema de partidos fragmentado y poco institucionalizado, sumado a las diversas posturas ideológicas y falta de confianza ciudadana en las instituciones, solidifican una barrera entre la población y los actores políticos. Esta situación es crítica, puesto que la fortaleza de una democracia recae en la integración y representación de los intereses de todos los ciudadanos […]”

¿Cultura o delito?: El etnocentrismo de los derechos fundamentales frente a la justicia comunal

«Asimismo, se requiere fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia en materia intercultural. Esto implica no solo la capacitación de jueces, fiscales y defensores públicos en pluralismo jurídico, sino también la incorporación de peritajes antropológicos y mecanismos de traducción cultural en los procesos penales. En la práctica, muchas decisiones judiciales que restringen la jurisdicción comunal responden, más que a una incompatibilidad real con los derechos fundamentales, a la falta de comprensión del contexto cultural en el que se producen los hechos».

La energía como derecho fundamental: Los límites de la fuerza mayor en la responsabilidad del TGP

La crisis del 1 de marzo de 2026 evidencia que el suministro energético, por su conexión directa con la dignidad humana y con derechos como la salud, la educación y el trabajo, no puede ser concebido como una prestación contingente, sino como un derecho fundamental de configuración legal cuya efectividad exige un Estado garante y no meramente espectador. En este contexto, la invocación de la fuerza mayor por parte del concesionario sólo resulta admisible bajo un estándar particularmente estricto de imprevisibilidad e irresistibilidad.

Editorial | Los delitos contra la libertad sexual en los pueblos originarios en el Perú: Tensión entre la interculturalidad y la protección de derechos fundamentales

En definitiva, el sistema de justicia se encuentra obligado a incorporar una comprensión contextual de los hechos, así recurriendo a herramientas como la pericia antropológica y a enfoques interculturales, pero sin que ello implique, en ningún caso, una renuncia a la protección efectiva de los derechos fundamentales. En consecuencia, la respuesta estatal debe ser integral, articulando de este modo una intervención penal eficaz con políticas preventivas y medidas culturalmente pertinentes orientadas a remover las barreras estructurales que enfrentan las víctimas indígenas y a garantizar un acceso real, oportuno y efectivo a la justicia.