Escrito por Enfoque Derecho
1. Introducción
En los últimos años, el sistema político peruano ha evidenciado un progresivo debilitamiento de la representatividad partidaria, fenómeno que se manifiesta en la creciente distancia entre la ciudadanía y las organizaciones políticas que canalizan la competencia electoral. En suma, esta crisis de representación no solo compromete la legitimidad de los actores políticos, sino que también afecta la calidad del funcionamiento democrático, al dificultar la articulación de intereses sociales.
Este problema se ha hecho especialmente visible en el marco del reciente proceso electoral, en el que la volatilidad del electorado y la desconfianza hacia los partidos han alcanzado niveles significativos y ello se suma la creciente proliferación de organizaciones políticas en la contienda electoral. En efecto, el aumento del número de partidos, lejos de fortalecer el pluralismo, ha contribuido a una marcada fragmentación del sistema político, generando una oferta electoral dispersa y debilitando la capacidad de agregación programática y de construcción de propuestas coherentes.
En ese sentido, mientras que en 2016 el número de candidaturas presidenciales ascendía a 19, en 2021 se alcanzó la cifra de 23 organizaciones políticas en competencia. No obstante, en el proceso electoral más reciente se ha registrado la participación de 36 partidos, tendencia que previsiblemente se mantendrá a largo plazo. Este escenario ha estado acompañado por una creciente percepción ciudadana favorable a la reducción del número de partidos políticos.
De esta forma, en marzo de 2025, el 70% de los peruanos y peruanas se mostraba a favor de disminuir la cantidad de organizaciones políticas, con el objetivo de lograr una mayor consolidación y estabilidad del sistema político (Datum Internacional, 2025).[1] En conjunto, la fragmentación partidaria y la debilidad de la representación constituyen problemas estructurales del sistema político peruano contemporáneo, cuya comprensión resulta fundamental para evaluar posibles reformas orientadas a su fortalecimiento.
En atención a lo expuesto, en el presente editorial, Enfoque Derecho sostiene que el Perú viene atravesando un periodo crítico a nivel de representatividad, debido a un sistema partidario fallido y una desconexión entre la población y los actores políticos, que evidencian un debilitamiento en la representación partidaria. En ese marco, se analizará la crisis de representatividad que atraviesa el sistema político peruano, la cual se manifiesta en la creciente desconfianza ciudadana hacia los partidos, la fragmentación del sistema y la consecuente percepción de ilegitimidad del Congreso. Finalmente, se abordarán las principales consecuencias de esta problemática, destacando el desconocimiento de las propuestas por parte del electorado, el incremento del voto indeciso o de rechazo, así como las dificultades para la construcción de consensos y los persistentes problemas de gobernabilidad.
2. Crisis de representatividad
2.1. Representación ciudadana ausente en los partidos políticos contemporáneos
La crisis de representatividad en el Perú constituye uno de los rasgos más notorios del sistema político contemporáneo y se manifiesta, en primer lugar, en la creciente desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos. Esta desconfianza pone en evidencia los problemas de legitimidad de un sistema que, en teoría, debería canalizar y representar los intereses sociales de la población.
En ese sentido, Dietz y Myers sostienen que resulta muy probable que los electores no rechacen solo uno o más partidos políticos, sino al sistema de partidos como tal, en tanto mecanismo viable de adquisición, conservación y transferencia del poder. De modo que el derrumbe de un sistema de partidos implica no solo una enorme tarea de reconstrucción partidaria, sino también un esfuerzo por recuperar la confianza del electorado (2003, pp. 1 – 2)[2]. Esta afirmación permite advertir que la crisis no se limita a actores específicos, sino que compromete la estructura misma del sistema de representación, lo que agrava los desafíos para su eventual recomposición.
En línea con lo mencionado, los partidos políticos constituyen el principal medio para canalizar las demandas públicas y articular los diversos intereses de la sociedad dentro del sistema democrático. Ahora bien, el panorama peruano advierte denotar que estas organizaciones han evidenciado serias limitaciones para cumplir adecuadamente dicha función, tal como advierte Mainwaring, la debilidad institucional de los sistemas de partidos se traduce en una baja capacidad de representación, escaso arraigo social y una limitada estructuración programática, lo que reduce su eficacia como intermediarios entre ciudadanía y Estado (citado en Martínez, 2018, pp. 40)[3]. Es decir, en el Perú, ello se refleja en la volatilidad electoral, la fragilidad organizativa de los partidos y su tendencia a desaparecer o reconfigurarse en cada proceso electoral.
A esta situación se suma la creciente fragmentación del sistema partidario, que ha generado una oferta política altamente dispersa y poco cohesionada. Ello implica que, lejos de fortalecer el pluralismo, por ejemplo, de representación cultural, esta proliferación de organizaciones ha dificultado la construcción de consensos y ha derivado en dinámicas disfuncionales que afectan la gobernabilidad, especialmente cuando los partidos carecen de identidad ideológica clara y de vínculos estables con el electorado.
Ante ello, Pastor señala que en los últimos años se ha visto cómo esa función de representación ha sido asumida por otros entes sociales como los medios de comunicación o los frentes sociales, debido a una gran proliferación de partidos, con estructuras poco concretas y con un gran atractivo, su capacidad real para reflejar los intereses sociales cada vez ha ido reduciéndose, lo que ha permitido la aparición de nuevos fenómenos políticos en el escenario nacional (2017, pp. 484)[4]. En este contexto, la fragmentación y la consiguiente pérdida de capacidad representativa de los partidos han generado un vacío que impacta directamente en la relación entre ciudadanía e instituciones.
Por tanto, cuando los partidos políticos no logran articular demandas ni estructurar opciones políticas coherentes, el vínculo representativo se debilita y tiende a ser reemplazado por expresiones más volátiles y menos institucionalizadas, traduciéndose en un electorado cada vez más desinformado respecto de las propuestas de dichos partidos, con altos niveles de indecisión o inclinación hacia el voto de rechazo. En consecuencia, esta dinámica no solo erosiona la legitimidad de los actores políticos, sino que también dificulta la formación de mayorías estables y la adopción de decisiones públicas eficaces, profundizando así los problemas de gobernabilidad en el país.
2.2. Erosión de la legitimidad estatal
En primera instancia, la legitimidad puede entenderse como la aceptación social de la autoridad política fundada en normas, valores y expectativas compartidas. Esta noción destaca el papel del desempeño institucional, la calidad de la representación y la rendición de cuentas como factores que inciden de manera directa en la percepción de dicha legitimidad (Rojas Flores, 2025)[5]. No obstante, en contextos de fragilidad estatal persistente, como el peruano, estas dimensiones no operan de forma aislada, sino que se articulan en configuraciones complejas.
Por tanto, la crisis de representatividad tiene como una de sus consecuencias más visibles la percepción de ilegitimidad de los poderes del Estado. Como señala Guillermo O’Donnell[6], la legitimidad democrática no depende únicamente del origen electoral de las autoridades, sino también de su desempeño y de la confianza que logran generar en la ciudadanía. En el contexto peruano, los bajos niveles de aprobación de quienes desempeñan un rol activo de representación de la potestad y los intereses de la población, reflejan una ruptura sostenida entre representantes y representados, lo que no solo debilita la autoridad institucional, sino que también profundiza la crisis del sistema político en su conjunto.
Para una sociedad democrática, tal colapso puede revelar problemas de legitimidad del régimen en su conjunto, ya que resulta muy probable que los electores no hayan rechazado solo uno o más partidos políticos, sino al sistema de partidos como tal en tanto mecanismo viable de adquisición, conservación y transferencia del poder. El derrumbe de un sistema de partidos implica también, que hace falta no solo una enorme tarea de reconstrucción de partidos sino, además, un esfuerzo por recuperar la confianza del electorado.
A partir de este escenario, la desconfianza hacia los partidos políticos y los candidatos no se agota en el momento electoral, sino que se proyecta con fuerza en la etapa posterior a las elecciones, incidiendo directamente en la legitimidad del ejercicio del poder. Es decir, cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que las opciones disponibles no los representan genuinamente, el acto de votar pierde su dimensión de adhesión y se convierte, en muchos casos, en una elección instrumental o de descarte. En consecuencia, las autoridades electas asumen funciones sin un respaldo sustantivo, lo que debilita desde el inicio su capacidad para construir autoridad legítima.
Como consecuencia, esta situación genera un círculo vicioso, puesto que la baja confianza en los partidos produce gobiernos con escasa legitimidad que, posteriormente, se materializa en el desempeño de estos gobiernos; lo que refuerza la desconfianza ciudadana. Así, la representación política se vacía de contenido, pues los ciudadanos no reconocen en sus autoridades a verdaderos intermediarios de sus demandas, sino a actores desconectados o motivados por intereses particulares. Ello impacta directamente en la disposición de la población a acatar decisiones públicas, debilitando la eficacia de un Estado democrático.
Asimismo, la fragmentación del sistema de partidos, agrava este problema, ya que la proliferación de organizaciones políticas con débil institucionalidad, escasa trayectoria y limitada identificación programática dificulta la construcción de vínculos duraderos entre representantes y representados. En este contexto, los candidatos suelen articular campañas personalistas antes que propuestas partidarias sólidas, lo que contribuye a que la legitimidad se concentre en figuras individuales, en lugar de consolidarse en instituciones políticas estables. Dando como resultado que, una vez concluidas las elecciones, esta fragilidad se traduce en gobiernos con poco respaldo orgánico y alta vulnerabilidad frente a crisis políticas.
Por otro lado, la percepción de que los partidos y candidatos incurren en prácticas como el clientelismo, la corrupción o el oportunismo político refuerza la idea de que el sistema no opera conforme a principios de equidad y legalidad. Esta percepción no solo afecta la imagen de actores específicos, sino que erosiona la confianza en el conjunto del sistema democrático. De este modo, incluso cuando las elecciones se desarrollan formalmente dentro de los cauces institucionales, sus resultados no logran consolidar una legitimidad sustantiva, sino apenas una legitimidad formal o procedimental.
Por tanto, la desconfianza hacia los partidos y candidatos actúa como un factor estructural que limita la capacidad de las elecciones para renovar y fortalecer la legitimidad del Estado. En lugar de cerrar la brecha entre ciudadanía e instituciones, los procesos electorales pueden, en contextos como el peruano, reproducir y profundizar dicha distancia, configurando un escenario en el que la autoridad política, aunque legalmente constituida, carece del reconocimiento social necesario para sostener un orden democrático sólido.
3. El debilitamiento estructural del sistema partidario peruano
Para profundizar en el análisis del sistema partidario, es necesario aterrizar a lo que se entiende por este. Mainwaring y Torcal (2009), lo explican como “el conjunto de partidos que interactúan por vías pautadas y conocidas” (p. 145)[7]. Esto es, en primer lugar, el reconocimiento de la existencia de organizaciones con fines políticos, conformados por personas en el ejercicio de su derecho de participación política. Para el caso peruano, el artículo 35 de la Constitución recoge que todos los ciudadanos pueden ejercer dichos derechos individual o colectivamente, mediante este tipo de organizaciones. Asimismo, un detalle no menor es que les atribuye la función de contribuir con la manifestación de la voluntad popular; un punto que se retomará más adelante.
Continuando el análisis a lo comentado por Mainwaring y Torcal, un sistema de partidos no solo se queda en el reconocimiento de la existencia de los mismos, sino también los organiza. Estos grupos van a interactuar entre sí y con otras instituciones, para ello requieren de mecanismos válidos dentro del ordenamiento jurídico. Dichas vías son reglamentadas por ley, tal como establece el artículo constitucional mencionado anteriormente. En tal sentido, la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, es el marco normativo principal encargado de la regulación de estas relaciones.
Ahora bien, la simple existencia de un sistema partidario y su reglamentación no aseguran su institucionalización en el ordenamiento jurídico peruano. Afirma Tanaka (2017), “en el Perú no tenemos un sistema de partidos propiamente dicho, si entendemos por este a un conjunto limitado y relativamente estable de actores políticos que ejercen la representación política” (p. 13)[8]. En efecto, aquí se incluyen dos características interesantes de analizar, tales son la cantidad limitada y la estabilidad de los actores políticos. No obstante, resultaría un grave error interpretar lo expuesto como una propuesta de limitación de los derechos políticos de los ciudadanos, lo cual no se corresponde con el propósito del presente escrito. Por el contrario, es una oportunidad para analizar la volatilidad de nuestro sistema de partidos, y si es que se cumple lo que propone la propia ley. Pues, como menciona el propio Tanaka:
[E]n general los sistemas de partidos [de Latinoamérica] han evolucionado o se han recompuesto, cosa que no se dio en nuestro país. […] El Perú por el contrario, perdió el sistema de tres grandes bloques partidarios ideológicos de la década de los ochenta, pasó a tener un partido predominante en la de los noventa (el fujimorismo) y, desde entonces, su sistema está marcado por altos niveles de volatilidad e inestabilidad (p. 13-15).[9]
El retorno del Perú a la democracia a inicios del siglo XXI se inscribe dentro de un proceso histórico regional, marcado por la reinstauración de regímenes democráticos en América Latina. Sin embargo, como se ha venido señalando, la etapa actual, aunque representa un avance significativo hacia la consolidación democrática y se constituye como un periodo histórico de más de 25 años de continuidad ininterrumpida; también presenta serias falencias. Afirma Alcántara (2019), “la crisis de la democracia representativa tiene su epicentro en el deterioro del papel clásico de los partidos políticos que sufren una dramática pérdida de identidad y son capturados por parte de candidatos que priman proyectos de marcado carácter personalista” (p. 11). Entonces, reconocer y someter estas falencias a la crítica resulta indispensable, pues estas podrían propiciar escenarios de conflicto e inestabilidad.
Un primer problema que podemos encontrar es la personalización del voto. Maddens (2022), la define como un «cambio de atención de los actores colectivos, tales como partidos políticos o el gobierno, a los individuos. [Estos] ocupan una posición más central en el sistema en la medida que el lazo tradicional entre partidos y votantes se afloja» (p. 106)[10]. De esta manera, la propia agrupación pasa a un segundo plano, la fuerza de representación cae sobre la imagen más relevante que se encuentre dentro del propio partido. La simpatía se vuelve el factor trascendental para el electorado al momento de decantarse por algún candidato, mientras que los aspectos ideológico y programático no son muy tomados en cuenta.
Esta idea, podemos afirmar que, se encuentra muy cercana con el concepto de volatilidad y la competencia electoral de un sistema partidario. Respecto a este tema, diferentes trabajos de investigación los han abordado desde diferentes ejes. Pero, para los fines del presente escrito, hay que entenderlos, según Kwak y Janda, como «indicadores que nos brindan una imagen (aunque sea parcial) de la competencia por cargos públicos en un sistema partidario (citado en Cruz, 2016, p. 171)»[11]. En tal sentido, los últimos procesos electorales nos han mostrado lo volátil y poco institucionalizado de nuestro sistema partidario. [L]la mayoría de los actores aparece para una elección y desaparece para la siguiente, y varios de los sobrevivientes mantienen solo una existencia formal, consecuencia de mantener un registro ante las autoridades electorales y la capacidad de establecer alianzas” (Tanaka, 2017, p. 15). Al ser masiva la oferta partidaria para el electorado, muchas de las agrupaciones políticas terminan perdiendo su inscripción, el voto se fragmenta y la fórmula para captar la atención de los electores es mediante la simpatía de los candidatos, lo que conlleva caer en el personalismo.
Habría entonces que recurrir a los últimos resultados electorales. Para las Elecciones Generales 2021, participaron un total de 18 partidos políticos de los 24 posibles, sin embargo, solo 9 alcanzaron la inscripción según lo establecido en la normativa pertinente (Ceplan, 2025)[12]. Asimismo, en este último proceso electoral 2026, según los datos parciales disponibles a la fecha proporcionados por la ONPE, podemos ver que de las 36 agrupaciones políticas solo 7 lograron pasar la valla electoral. Nuevamente, la alta cantidad de partidos políticos participando en los procesos electorales no es un reflejo de la proliferación de posturas políticas, sino todo lo contrario.
Este escenario es consecuencia de una visión no institucionalizada de las agrupaciones políticas, las cuales se organizan en torno a intereses particulares. Son vehículos utilizados para poder alcanzar un cargo público y poder satisfacer los intereses propios. Por lo que, aquella función del artículo 35 de la Constitución atribuida a los partidos políticos que comentamos anteriormente, en la práctica no se cumple. No existe una real representación de los intereses populares, sino de un sector reducido que busca aprovecharse de su posición política.
4. Consecuencias
La desconexión entre electorado y actores políticos, propiciado por la baja institucionalización de las agrupaciones y del propio sistema partidario, generan consecuencias graves en la democracia. Todo esto se evidencia más exactamente en el desenvolvimiento de los ciudadanos con respecto a los procesos electorales. En primer lugar, al haber esta desconexión, el desinterés por parte de los electores aumenta.
Según una encuesta de Datum, desarrollada en enero de 2026[13], a nivel nacional por las Elecciones Generales 2026, se arrojaron los siguientes resultados:
- Solo un 6% de la muestra se consideraba bastante informado sobre el proceso electoral presidencial, mientras que un 42% se percibía poco informado, y 18%, nada informado.
- Solo un 23% de la población encuestada había buscado información sobre algún candidato.
- Solo el 26% de la muestra había pensado en un posible candidato, mientras que el 70% aún no lo habían hecho.
El 42% de la población encuestada al considerarse poco informada, en contraste con el 6% que se considera bastante informado, evidencia un nivel crítico de desinformación electoral. La gran mayoría de ciudadanos no cuenta con los elementos mínimos para tomar una decisión consciente, lo que debilita la calidad del voto. Además, refleja una falla en los partidos políticos, los cuales no logran comunicar sus propuestas eficazmente. Asimismo, existe un alto grado de desinterés por parte del electorado, evidenciado en que solo un 23% buscó información sobre los candidatos. Esto sugiere apatía política o desconfianza hacia los candidatos, lo que reduce el proceso electoral a decisiones superficiales o de último momento.
Por otro lado, que un 70% de la población encuestada no haya pensado en un candidato, podemos suponer que está vinculado con la fragmentación del sistema y a la debilidad de los partidos. Cuando las opciones son muchas, poco claras o poco representativas, el elector posterga su decisión o simplemente no logra identificarse con ninguna alternativa, lo que incrementa la volatilidad del voto y la imprevisibilidad de los resultados.
En efecto, el escenario de un sistema de partidos fragmentado y poco institucionalizado, sumado a las diversas posturas ideológicas y falta de confianza ciudadana en las instituciones, solidifican una barrera entre la población y los actores políticos. Esta situación es crítica, puesto que la fortaleza de una democracia recae en la integración y representación de los intereses de todos los ciudadanos; y sin embargo, el escenario político complejo, desorganizado y débil, propicia que las decisiones adoptadas por los poderes estatales no sean en favor del pueblo, sino todo lo contrario.
5. Conclusiones
En síntesis, el sistema político peruano atraviesa una crisis de representatividad estructural que compromete el funcionamiento mismo de la democracia. Los partidos políticos, quienes deberían captar las demandas sociales y articular la voluntad popular, han ido perdiendo esa función, que inclusive la podríamos categorizar como una responsabilidad; lo que ha generado una desconexión entre ciudadanía y actores políticos. Esta ruptura no solo debilita la legitimidad de las organizaciones partidarias, sino que también erosiona la confianza en el sistema democrático.
Asimismo, el incremento en el número de partidos políticos que participan en los procesos electorales, lejos de traducirse en una mayor pluralidad ideológica, esta proliferación ha derivado en una oferta electoral dispersa, poco cohesionada y, en muchos casos, carente de propuestas programáticas claras. Así, el aumento de organizaciones políticas no fortalece el sistema, sino que evidencia su fragilidad.
En este contexto, la fragmentación política emerge como una de las consecuencias más visibles y problemáticas. Además, incentiva el personalismo y la volatilidad electoral, donde los liderazgos individuales priman sobre los partidos, debilitando aún más la institucionalidad y reduciendo a la política a una competencia de figuras antes que de ideas.
Finalmente, todo esto converge en un escenario de desinformación y baja participación consciente en los procesos electorales, lo que propicia el desinterés y desconexión por parte del electorado. Así, hay una tendencia hacia la indecisión o el voto de rechazo, lo que profundiza la crisis del sistema. Por lo tanto, es necesario que se promueva una reforma orientada a fortalecer la institucionalidad, mejorando así la calidad de la representación y, de esta manera, reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y los actores políticos, puesto que es una condición necesaria para la estabilidad democrática.
Editorial escrito por Joselyn Lira y Juan Carlos Alcántara
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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[2]Dietz y Myers (2003). El colapso de los sistemas de partidos: una comparación entre Perú y Venezuela. Debates de Sociología. https://share.google/u30EIUFT8cWWFUkZV
[3] Martínez (2018) La institucionalización del sistema de partidos en América Latina: Revisión conceptual y metodológica. Revista San Luis volumen n° 8, número 15. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-899X2018000100205
[4] Pastor (2017). Crisis de representación de los partidos políticos en el Perú, volumen 15. http://dx.doi.org/10.21503/lex.v15i20.1452
[5] Rojas Flores, G. (2025). El fenómeno de la captura y el proceso de (des)democratización: Apuntes teóricos. Interconectando Saberes, Dossier, 55-69. https://doi.org/10.25009/is.v0iDossier2.2927
[6] Suárez-Villegas, J. C., Rodríguez-Martínez, R. y Díaz-Campo, J. (2021). La Rendición de cuentas de los medios de comunicación vista por la ciudadanía española. Communication & Society, 34(2), 177-191. https://doi.org/10.15581/003.34.2.177-191
[7] Mainwaring, S., y Torcal, M. (2009). La institucionalización de los sistemas de partidos y la teoría del sistema partidista después de la tercera ola democratizadora. América Latina Hoy, Vol. 41. https://doi.org/10.14201/alh.2442
[8] Tanaka, M. (2017). Personalismo e institucionalización: La reforma de los partidos políticos en el Perú. IPESM y Fundación Konrad Adenauer. https://www.kas.de/es/web/peru/einzeltitel/-/content/die-personalisierung-der-politik-und-die-staerkung-der-institutionen-reform-der-politischen-parteien-in-peru
[9] ibid.
[10] Maddens, Bart. (2022). La personalización del voto en sistemas proporcionales con listas mixtas: el caso de las elecciones de la Cámara en Colombia (2006-2018). Revista de ciencia política (Santiago), 42(1), 105-126. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2022000100105
[11] Cruz, F. (2016). Volatilidad y competitividad electoral en América Latina: Un estudio exploratorio de seis sistemas partidarios. Colección, 21(26), 163-211.
[12] Observatorio Nacional de Prospectiva (2020). Persistencia de las organizaciones políticas. Centro Nacional de Planteamiento Estratégico. Actualizado en noviembre 2025. https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t47
[13] Datum Internacional (2026). Estudio de opinión pública electoral: Enero 2026 [Conjunto de datos]. https://datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/567-1025%20-%20Encuesta%20DATUM%20-%20Enero%202026%20-%20Informe%20ELECTORAL_260112105225.pdf
