Editorial ED

Director: Joseph Martell || Consejo Editorial: Joselyn Lira | Juan Carlos Alcántara | Phiorela Berrocal | Camila Trujillo | Lucía Zúniga | Cesar Valqui | María Fernanda Mogollón | Lucía Tijero

Editorial: Aborto por violación: ¿Protección solo hasta el nacimiento?

El pasado 13 de agosto se dio a conocer el caso de Mainumby, la niña paraguaya de 11 años que, a pesar de vivir el traumático sufrimiento de ser violada por su padrastro, se le denegó la posibilidad de abortar. Debido a esto, pesando apenas 34 kilos, Mainumby dio a luz a una niña en Asunción. Como era de esperarse, el padrastro de 42 años fue detenido por la policía; sin embargo, la madre de la menor también fue arrestada por supuestamente encubrir los hechos. En ese contexto, diversas organizaciones se pronunciaron criticando al gobierno paraguayo por no permitir el aborto, no brindar el apoyo requerido posterior al nacimiento y haber encarcelado a la madre de Mainumby, quien sí la cuidaba y sí denunció a su pareja. Por ello, en el presente editorial analizaremos algunas pautas para garantizar los derechos de las personas que han quedado embarazadas por una violación sexual y la importancia de brindar una adecuada protección estatal para otorgar los medios adecuados tanto antes como después de tomar una decisión sobre un aborto.

Editorial: ¿Es posible apartarse del precedente Huatuco?

Hace más de dos meses, el Tribunal Constitucional (TC) determinó, a través del polémico precedente Huatuco (STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC), que solo podrá exigirse la reposición laboral en la Administración Pública por desnaturalización de un “contrato civil” o “contrato temporal” cuando el trabajador despedido demuestre que su ingreso a este sector se realizo mediante concurso público a una plaza presupuestada y la existencia de una vacante de duración indeterminada. No obstante, en estos últimos días recientes resoluciones judiciales se vienen apartando de dicha regla, argumentando que esta no puede ser aplicada en los casos que han examinado debido a las diferencias que se presentan en cada uno. Por ello, en el presente editorial analizaremos si es válido apartarse de un precedente vinculante y si resulta favorable esta situación para la administración de nuestro sistema de justicia.

Editorial: Ley stalker: ¿vulneración de derechos o mejora de la seguridad ciudadana?

Esta semana, se celebró el 194 aniversario de la independencia del Perú. Debido a la relevancia del tema, desde Enfoque Derecho creamos la Semana del 28, un espacio donde a partir de entrevistas a distintos especialistas, buscamos analizar los avances y pendientes de la gestión gubernamental, a un año de que finalice el mandato del presidente Ollanta Humala. A modo de cierre de este proyecto, en el presente editorial abordaremos uno de los temas que la ciudadanía solicita con más urgencia últimamente: la seguridad ciudadana. Al respecto, el día 27 de julio se publicó en el diario El Peruano el Decreto Legislativo 1182 (denominado “ley stalker”), el cual “regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.” Con esta medida, el Poder Ejecutivo intenta hacer frente a los altos índices de inseguridad. No obstante, la misma ha sido criticada desde diversos sectores argumentando que se está violando el derecho a la intimidad o privacidad de los ciudadanos. ¿Es una norma que vulnera derechos? ¿Realmente será eficiente para combatir la inseguridad ciudadana? En el presente editorial abordaremos esta problemática.

Editorial: Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas: ¿Un primer paso para la reconciliación?

El pasado 21 de Julio, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) presentó una carta al presidente Ollanta Humala, pidiendo que cumpla con la creación de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este petitorio tiene como fundamento el reclamo de los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno, quienes consideran que no se ha llevado a cabo ninguna decisión concreta respecto a este tema. Por ello, lo que exigen es que se apruebe una ley que facilite (i) la búsqueda de los desaparecidos, (ii) la identificación de los restos de éstos y (iii) la restitución de los mismos sin recurrir a largos procesos judiciales. Pero, ¿cuál es la importancia de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado interno? ¿Por qué el Estado Peruano debería priorizar su aprobación? El presente editorial buscará resolver estas preguntas, con el fin de explicar por qué este tipo de iniciativas son necesarias para la reconciliación de un país.

Editorial: La política de la mordaza: ¿de qué tiene miedo el gobierno?

El pasado 07 y 08 de junio, la Procuradora Pública de Lavado de Activos, Julia Príncipe, declaró ante los medios sobre la investigación en curso a la primera dama Nadine Heredia, por el financiamiento de la campaña del nacionalismo en el año 2006. No obstante, pocas semanas después Príncipe recibió una comunicación del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) señalando que había incurrido en una inconducta funcional sancionable por realizar las declaraciones anteriormente mencionadas sin autorización. Ante esto, se ha despertado una polémica, catalogando al hecho como “amordazamiento”. Por su parte, Gustavo Adrianzen, Ministro de Justicia y presidente del CDJE, señala que la comunicación se ampara en el reglamento del Decreto Legislativo 1068 (DL 1968). En ese sentido, cabe preguntarnos, ¿es legítima la presión ejercida contra Julia Príncipe?

Editorial: Discapacidad no es incapacidad: una sentencia para las aulas

Hace algunas semanas, el Tercer Juzgado de Familia de Cusco dictó una sentencia que cambia los parámetros sobre la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual en nuestro país. En efecto, el Juez Edwin Béjar inaplicó los artículos del Código Civil referidos a la incapacidad absoluta y relativa para que los hermanos Wilbert y Rubén Velásquez puedan acceder a la pensión de su fallecido padre sin ningún tipo de restricción por ser personas con una discapacidad psicosocial. Por ello, en el presente editorial analizaremos los fundamentos de dicha decisión en contraposición a la vigente figura de interdicción en nuestro ordenamiento.

Editorial: Una vía para un mundo más igualitario

James Obergefell y John Arthur tuvieron que viajar a Maryland para casarse, porque en Ohio, donde vivían, no estaba permitido. Tres meses después de la ceremonia, Arthur murió a causa de una esclerosis y Ohio negó a Obergefell el reconocimiento como cónyuge en su partida de defunción. Desde ese momento, Obergefell, junto a 14 parejas del mismo sexo y otro hombre en su misma condición, iniciaron una lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario que finalmente ganaron el pasado 26 de junio, cuando, en un histórico fallo, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante esta decisión, en el presente editorial examinaremos la importancia de la vía judicial para consolidar estándares de protección jurídica a favor de la comunidad LGTBI y analizaremos si en el Perú es posible optar por el mismo camino.

Editorial: ¿Qué pasará con las gratificaciones y EsSalud?

El pasado 18 de junio, el Congreso de la República promulgó, pese a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, la ley que establece de manera permanente que las gratificaciones no estarán afectas a aportaciones, contribuciones o descuentos. La norma implica que se abonará directamente al trabajador el 9% de su remuneración, antes destinado como aporte al Seguro Social (EsSalud). Ante esta coyuntura, el presente editorial analizará la norma en cuestión.

Editorial: Intocable: El hábeas corpus de Nadine Heredia

Esta semana, el 43° Juzgado Penal de Lima declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus presentada por Nadine Heredia contra el fiscal Ricardo Rojas. Según la defensa de la Primera Dama, se habría afectado el derecho constitucional al debido proceso al reabrir la investigación por el delito de lavado de activos que fue archivada en el 2010 y que tiene naturaleza de cosa decidida. Por ello, la Fiscalía no podría investigar a la presidenta del Partido Nacionalista por los aportes recibidos en su cuenta bancaria entre octubre de 2005 y marzo de 2009. No obstante, ¿es realmente cierto lo que alega la defensa de Nadine Heredia? ¿El fallo que se ha emitido va acorde a lo que indica nuestro ordenamiento jurídico? Mediante este editorial, atenderemos dichas incógnitas.