Hermenéutica Civil

Los hechos objeto de pronunciamiento en la Casación No. 305-2014 ICA son como se narran a continuación. Liliana Elguera celebró un contrato de compraventa con Yuri Gutierrez en virtud del cual éste último adquirió un bien inmueble ubicado – conforme a lo originalmente pactado por las partes – en el Cercado de Ica[1] (la “Primera Compraventa”). El referido inmueble estaba conformado por tres unidades inmobiliarias, la cuales – al momento de celebración del citado contrato – fueron identificadas, respectivamente, con los números 235, 242 y 243. La transferencia fue inscrita en Registros Públicos el 8 de febrero de 2008.

Hace algunos días asistí a un evento, y uno de los participantes me solicitó que le aclarase una duda que le había generado alguno de los ponentes: ¿Por qué los títulos supletorios solo se aplican cuando se desea inmatricular un bien, y la usucapión cuando están inscritos los mismos?

En el día a día, probablemente si una persona otorga un poder general para la venta de “toda clase de bienes muebles e inmuebles” se sentirá tranquila dado que otro (representante) va a poder realizar transacciones en su nombre.

Tras haber determinado[1] la admisibilidad genérica de una cláusula de ius variandi a favor del comitente en los contratos de obra privada, las presentes líneas tienen como propósito identificar algunos de los problemas jurídicos generados cuando el comitente ejerce el derecho derivado de dicha cláusula, dando lugar a un incremento de los trabajos a ser realizados por el contratista. Nos referimos a los siguientes supuestos: (i) la eventual compensación, a favor del contratista, por la ejecución de variaciones (ii) las situaciones jurídicas asumidas por el contratista frente al ejercicio del ius variandi y (iii) el impacto que podrían tener las modificaciones introducidas en la organización de intereses estipulada originalmente.

Los conflictos surgidos en la etapa de ejecución de los contratos de obra dan lugar a una de las problemáticas más relevantes y a la vez menos abordadas por la doctrina nacional, situación que contrasta con la frecuencia en que dichos conflictos se presentan y con las incertezas a las que se enfrentan los encargados de resolverlos. A esto último se aúna la insuficiencia de la regulación del Código Civil y la enorme influencia de modelos contractuales redactados sobre la base del common law respecto al tema que nos ocupa, lo que dificulta aún más la determinación de respuestas adecuadas a los problemas jurídicos surgidos en este ámbito.

La historia pendular del filósofo Napolitano Giambattista Vico puede graficar las marchas y contramarchas en la regulación de la denominada hipoteca unilateral.

Inicialmente era recurrente en el Tribunal Registral requerir la intervención del acreedor hipotecario para la constitución de la garantía. Así pues en la solicitud de inscripción de hipoteca unilateral por parte de Consorcio Pesquero Acuario S.A.C. (constituyente) el cual garantizó de forma unilateral a favor de EDPYME RAIZ (sin suscripción de este). Sin embargo mediante Resolución No. 424-2004-SUNARP-TR-L del 9.7.2004 se denegó dicha inscripción toda vez que la falta de aceptación por parte del acreedor no permitía la conclusión del contrato.

Es por todos conocidos la regla nemo dat quod non habet,[1] el cual puede traducirse como “nadie puede dar más derechos de los que tiene.” Esto fue formulado con diferentes variantes en el derecho romano Traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit[2] ó «Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet»[3] ó «nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habuit»,[4] entre otras.