César Landa

Por: César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional y profesor en la Facultad de Derecho de la PUCP El debate público entorno al indulto otorgado por el Presidente Kuczynski al ex Presidente Alberto Fujimori (Resolución Suprema N° 281-2017-JUS) el pasado 24 de diciembre, tiene dos vertientes de análisis: una política y otra jurídica. Por la primera, la política, se señala que el Presidente de la República goza de la atribución de ejercer el derecho de gracia para otorgar indultos y conmutar penas (art. 139-13, Constitución Política). En virtud de lo cual, un sector de la opinión pública señala que esta es una competencia del Presidente sujeta exclusivamente a su voluntad política, que sirve a la pacificación de la tensa relación

Por: César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional y profesor en la Facultad de Derecho de la PUCP Se ha señalado que en el caso “El Frontón” (Exp. Nº 01969-2011-PHC/TC) el Tribunal Constitucional declaró por mayoría de cuatro a dos magistrados, que el proceso penal que se seguía a los marineros investigados por dicha matanza debía prescribir, en la medida que desestimaron que se tratara de crímenes de lessa humanidad que lo hacía imprescriptible, y, en consecuencia, dispuso declarar nulo el proceso penal. Sin embargo,  los cuatro votos no fueron uniformes en el sentido de que no se trataba de crímenes de lessa humanidad, sino que el voto del magistrado Vergara rechazó que el Tribunal debiera pronunciarse sobre dicha materia

Por: César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional y profesor en la Facultad de Derecho de la PUCP. El modelo político de nuestra democracia constitucional hunde sus raíces en el  régimen presidencial, que fue la forma republicana de gobierno que se dio el Perú a partir de su independencia. Pero debido a los excesos autoritarios de algunos presidentes de turno, ya  desde el siglo XIX se fueron añadiendo algunas instituciones parlamentaristas a nuestro régimen presidencial tales como la interpelación y censura de los ministros, el voto de confianza del parlamento al gabinete ministerial, la formación de las comisiones investigadoras, las acusaciones constitucionales y el juicio político. A su vez, se fue institucionalizando el poder ejecutivo mediante la creación de las Vice-presidencias,