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Limitación de horario de recepción de documentos a través de las mesas de partes virtuales como barrera burocrática: análisis a raíz del caso de la DIGEMID

Por Enzo Rojas, asociado del estudio Rubio Leguía Normand Introducción. En el 2020, a propósito de las restricciones por la pandemia de la Covid-19, se inició la implementación de las mesas de partes virtuales de las entidades de la Administración Pública (en adelante, “MDPV”), herramienta que agilizó la presentación y recepción de documentos. Con esta medida, se eliminaron las interminables colas que se formaban en los locales de las entidades, que podían durar horas y que generaban costos innecesarios en tiempo, dinero y personal tanto para las entidades como para los administrados. Las MDPV, a diferencia de las presenciales, son un servicio automatizado, pues en virtud de su programación pueden funcionar de manera fluida e ininterrumpida sin la necesidad de

¿Pueden las Municipalidades Distritales prohibir la instalación de postes de telecomunicaciones en determinadas áreas públicas? Breve análisis a partir de la regulación de barreras burocráticas

Por Braylyn Paredes, Asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguía y Normand. Bachillera en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1. Aspecto preliminar: ¿qué es una barrera burocrática y cuáles son sus alcances? Las barreras burocráticas son aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que impone una entidad pública para condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos[1]. Así, concordamos con el sector de la doctrina[2] que establece que este concepto está relacionado con una afectación arbitraria y desproporcionada al derecho de la libertad de empresa contenido en el artículo 58 de la Constitución

“¡Aguanta tu combi, Castillo!”: La importancia de contar con una autoridad de transporte urbano

Por Sheyla Llacza, Asociada de Rubio Leguía Normand  El candidato Pedro Castillo ha manifestado, durante mítines proselitistas, que pretende desactivar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (“ATU”) en caso llegase a la presidencia, en tanto realizará “una verdadera reingeniería en el transporte” [1]. En el presente artículo, sin ninguna intención de hacer política, expresaré algunas ideas de por qué son importantes las autoridades de transporte urbano y, en consecuencia, no se debería desactivar la ATU sino, por el contrario, empoderarla. Autoridades de transporte urbano en el derecho comparado Para poner de manifiesto la importancia de las autoridades de transporte urbano, presentaré a entidades similares a la ATU en el derecho comparado, que han sido constituidas para organizar,

Principio de Culpabilidad y Compliance Empresarial

Por Sheyla Llacza Romero, Asociada del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguia, Normand, Máster en Derecho de los Sectores Regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, con Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP y con estudios en el Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la referida universidad. El Principio de Culpabilidad ha sido reconocido de manera expresa en la legislación peruana[1]; no obstante, pese a que tiene un poco más de cuatro años, aún resulta difícil su entendimiento por parte de las entidades públicas y los administrados, sobre todo si son personas jurídicas. Por ello, el objetivo del presente

¿Hasta cuándo ‘chaparemos la combi’?: Necesaria regulación de la ATU

Por Sheyla Llacza, asociada del Área Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguia, Normand & Asociados, máster en Derecho de los Sectores Regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, abogada por la PUCP y actual integrante del Consejo de Apoyo Institucional de la Asociación Civil Derecho & Sociedad. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (“ATU”) tiene por objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao. Para ello, es necesario que efectúe la reforma del transporte urbano con la finalidad de garantizar que los operadores otorguen servicios con estándares mínimos de calidad a favor de los usuarios. No obstante, hasta la fecha, no se han emitido los reglamentos necesarios para lograrlo.

Retos y verdades: la reactivación de los proyectos de infraestructura pública y el arbitraje

Por María Claudia Castro, asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio Leguía La llegada del COVID-19 al Perú no solo ha evidenciado la peor crisis sanitaria de su historia, sino también un gran déficit en lo que respecta a la infraestructura pública y al arbitraje. De acuerdo con el Global Competitiveness Report 2018-2019, el Perú se ubica en el puesto 85 de 140 países en el rubro de infraestructura[1]. La paralización de actividades económicas durante el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio ha generado un retroceso en los rankings de competitividad, acompañado del crecimiento del desempleo. No obstante, debemos responder a este problema con una perspectiva positiva para concretar la reactivación del país, trazando

Bicicletas, Movilidad Urbana Sostenible y COVID-19

Por Sheyla Llacza Romero. Asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguia, Normand & Asociados, abogada por la PUCP, con estudios en el Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la misma universidad, actual candidata a la Maestría en Derecho de los Sectores Regulados en la Universidad Carlos III de Madrid, con Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN, y actual integrante del Consejo de Apoyo Institucional de la Asociación Civil Derecho & Sociedad El Estado peruano se ha enfocado en promover el uso de la bicicleta a fin de combatir la propagación de la COVID-19. Así pues, cuando las personas usan la bicicleta para trasladarse (generalmente, para trayectos cortos) de

Promoción de la inversión privada en tiempos de pandemia: Algunas consideraciones desde el derecho administrativo económico y la eliminación de barreras burocráticas

Por Milagros Mendoza Alegre, asociada principal de Rubio, Leguía, Normand, abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona La declaración del Estado de Emergencia Nacional en el Perú, como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID 19, ha tenido efectos no solo en la restricción de ciertos derechos fundamentales de las personas, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, entre otros; sino que también ha significado un gran impacto negativo en la economía del país. Considerando los indicadores económicos de los últimos meses, hemos podido comprobar en carne propia que es necesario que la regulación del Estado de Emergencia Nacional no solo

«Clima para la inversión»

Por Arturo Ruiz Sánchez, asociado del Área Administrativa de Rubio Leguía Normand “La noción de «clima de inversión» de una economía implica la generación de un ambiente que incentive el desarrollo de todo tipo de negocios, condición necesaria para generar mayor actividad, mayor empleo y, finalmente, un incremento en los ingresos y en la calidad de vida de los habitantes de un país. El clima de inversión es vital para decisiones de apertura de negocios, de ubicación de centros de producción, para evaluar la expansión de la actividad productiva, de generación de puestos de trabajo y, en general, cuanto proyecto empresarial evalúe el sector privado.”[1] La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el “Caso de la ley que suspende

A propósito del Mensaje a la Nación de 28 de julio: Movilidad Urbana Sostenible en Lima y Callao

Por Sheyla Llacza Romero, asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguia, Normand & Asociados, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, con estudios en el Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la referida universidad, actual candidata a la Maestría en Derecho de los Sectores Regulados en la Universidad Carlos III de Madrid, con Especialización en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN, y actual integrante del Consejo de Apoyo Institucional de la Asociación Civil Derecho & Sociedad. En el mensaje a la nación de 28 de julio del presente año, el presidente Martín Vizcarra anunció dos temas que son relevantes para continuar trabajando en la movilidad urbana sostenible