S.O.S TAX

Cuando una interpretación genera más dudas que respuestas: a propósito de la resolución del tribunal fiscal sobre rentas obtenidas por asociados en contratos de asociación en participación

Por Eduardo Pedroza, asociado de Miranda & Amado El pasado viernes 2 de abril se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución del Tribunal Fiscal No. 02398-11-2021 (la “RTF”) que ha establecido un criterio de observancia obligatoria bastante polémico sobre el tratamiento tributario de las rentas obtenidas por un asociado en un Contrato de Asociación en Participación (“Contrato AP”). Si bien esto zanja, al menos en sede administrativa[1], una larga discusión sobre el tratamiento tributario que debía corresponder a las rentas en cuestión, es importante notar que la polémica generada se encuentra debidamente justificada no solo por una cuestionable motivación, sino también por dejar ciertos vacíos y cuestionamientos que no han sido resueltos por el Tribunal Fiscal. Estos

EL COVID y los Impuestos: Consideraciones tributarias para tener en cuenta frente a la muerte de un familiar

Por Luis Miguel Sánchez Bao, asociado de Miranda & Amado. Mi abuela era la matriarca y, por lo tanto, la jefa de la casa. Cuidaba por todos y cada uno de sus hijos, nietos y sobrinos que vivían con ella en casa, para lo cual trabajaba “veinticuatro horas, siete días a la semana” sin libres ni feriados. Cuando ella enfermó de COVID, a mediados de junio del año pasado, decidió no ir a ningún frío hospital o clínica, donde se sentiría sola y asustada. Confió sus cuidados a la familia y sus hijos, quienes pasaron a cuidarla día y noche, tal y como ella los hubiera cuidado a ellos. Luego de unas semanas ella logró superar el virus; no obstante,

¿Qué es una cesión de créditos?

Por Talía Diaz, asociada del área tributaria del estudio Miranda & Amado. En materia tributaria[1] existen preguntas (como la de este título), que, aunque parezcan directas, no lo son. A veces es fácil pensar que, como regla, todas las preguntas directas deberían tener una respuesta directa. Sin embargo, la realidad no siempre es así. Lo que sucede es que, aunque parezca una broma de mal gusto, la respuesta en este caso es: “depende”. La pregunta está incompleta. ¿A qué se quiere llegar mencionando esto?  Bueno, el objeto de este artículo es doble. Primero, responder la interrogante del título.  Pero, luego, también evidenciar que en materia tributaria una sola institución puede tener una naturaleza distinta dependiendo del tributo que se examina.

La SUNAT y mi información financiera: mitos y verdades

Por Luis Miguel Sánchez Bao, asociado de Miranda & Amado A fines del 2020, fue publicada la norma que reglamenta la entrega de información financiera por parte de los Bancos y demás empresas financieras a favor de SUNAT y el tema ha levantado más dudas que respuestas. Por un lado, tenemos una importante discusión legal, vinculada con la constitucionalidad o no de la disposición, ello sin perjuicio de que las normas que han sido reglamentadas tienen entre dos a tres años de vigencia en nuestro ordenamiento jurídico. Es tan sensible esta discusión que, a la fecha de elaboración de este artículo, ya se habían presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre la norma, así como un proyecto de ley para su

Llegó el fin del 2020 ¿Qué podemos esperar del 2021?… ¿en materia tributaria?

Por Talía Díaz, asociada del área Tributaria del Miranda & Amado. Estamos en los últimos días del 2020 y me permito afirmar que todos solo esperamos que ya termine este año y que empiece el 2021 con nuevos aires. Sin embargo, antes de empezar las celebraciones de fin de año, cabe preguntarse ¿qué nos depara en materia tributaria para el 2021? A la fecha, este futuro es incierto. Sin embargo, esto debería cambiar en los siguientes días[1]. En efecto, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas,

Prescripción y exigibilidad de las deudas tributarias

Por Pablo Sotomayor, abogado por la PUCP y socio de Miranda & Amado Han pasado ya algunas semanas desde la emisión de la Resolución del Tribunal Constitucional que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso contra la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo No. 1421 (la PDCT), relativa a la prescripción de deudas tributarias y, hasta este momento, las aludidas deudas tributarias pendientes de cobro por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) -que se calculan en S/11,000 millones- aún no se cobran. Esto ha causado sorpresa en algunas personas, que entendían que una vez que el Tribunal Constitucional señalara en su sentencia que las deudas no estaban prescritas, la SUNAT podría proceder automáticamente a

Tributación de los servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados. A propósito del Proyecto de Ley No. 6181/2020-CR

Nicolás Alejandro Valverde Casas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociado del Miranda & Amado Abogados 1. Introducción: Desde ya hace varios años se viene discutiendo la relevancia de la economía digital en la tributación y los desafíos que esto conlleva. Uno de esos desafíos ha sido poder definir la forma de tributación de diversos servicios que gracias a la tecnología y la internet se pueden prestar desde diversas partes del mundo y que, debido a la normativa interna de los países, no se gravan donde se prestan. Así, es claro que “la digitalización está transformando nuestras economías y sociedades al cambiar las formas en que las personas interactúan, las empresas funcionan e innovan, y los gobiernos

Plazo de prescripción tributaria: un problema de aplicación de normas en el tiempo

Por Eduardo Pedroza Añorga, abogado por la PUCP, asociado de Miranda & Amado. Durante las últimas semanas todos hemos sido testigos de las discusiones en torno a la demanda de inconstitucionalidad presentada frente al Tribunal Constitucional (“TC”) contra la Primera Disposición Complementaria Transitoria (“PDCT”) del Decreto Legislativo No. 1421 (“DL 1421”). Si bien es positivo que la discusión de un asunto tributario despierte interés en el público general, es lamentable que este interés haya surgido debido a consideraciones que escapan del ámbito jurídico tributario, centrándose solo en problemas vinculados con el supuesto incumplimiento de las obligaciones tributarias de algunas grandes empresas. Nadie puede negar que es justo que las empresas paguen oportunamente sus deudas tributarias cuando ello corresponda, pero la

¿Por qué formalizar tributariamente un negocio?

Por Luis Miguel Sánchez Bao, abogado por la Universidad de Lima y asociado del estudio Miranda & Amado Cuando empecé a escribir este artículo, rápidamente me di con la sorpresa de que no existen suficientes incentivos inmediatos para formalizar un negocio o empresa en el Perú. Me puse a pensar en las eventuales ventajas inmediatas que producen el pagar impuestos y contribuciones, llevar libros y registros contables o emitir comprobantes de pago y bancarizar tus operaciones. Luego pensé en todas las ventajas inmediatas que otorgaba el Estado a los trabajadores formales, a los que reciben el sueldo por planilla y pagan AFP, ONP, EsSalud, EPS, etc. En ambos casos, no pude encontrar ventaja inmediata alguna; sino más bien, muchas carencias

Comentarios a la actual normativa sobre expropiación para efectos del Impuesto a la Renta

Por Nicolás Valverde Casas, abogado por la PUCP y asociado de Miranda & Amado El pasado 24 de junio, el presidente Marín Vizcarra sorprendió a todos señalando que si no se llegaba a un acuerdo con las clínicas privadas por los precios de hospitalización de pacientes con Covid-19, haría uso del artículo 70 de la Constitución para poder intervenirlas. Dicho artículo está incluido dentro del régimen de propiedad de nuestra Constitución y señala que “a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”. En buenas cuentas, dicho artículo establece la inviolabilidad del derecho a