Por Enfoque Derecho
Esta semana, se generó gran polémica en torno a la investigación sobre las irregularidades en la licitación para la compra local de biodiesel de Petroperú, que parecen involucrar al presidente Pedro Castillo en hechos ilícitos.
Sin embargo, el foco de atención nacional cambió tras la revelación de diversos comentarios hallados en la red social Facebook de la fiscal anticorrupción a cargo del caso, Norah Córdova. Se trata de una serie de calificativos negativos hacia el mandatario y de apoyo a la vacancia, que logran que algunos especialistas cuestionen la idoneidad de la permanencia de la fiscal en el proceso. En esta nota, Enfoque Derecho te explica por qué estos pronunciamientos podrían representar un motivo para la separación de Córdova del caso Petroperú.
El caso Petroperú
La investigación encabezada por la funcionaria del Ministerio Público busca examinar las transgresiones a la ley en la selección de la empresa Heaven Petroleum Operators para la adquisición de biodiesel en el estadio enero-abril 2022, por parte de Petroperú. En esa línea, destacó la divulgación de una reunión privada entre Hugo Chávez, el gerente general de la empresa estatal nacional; Samir Abudayeh, gerente general de la empresa ganadora; el presidente Castillo; entre otros. Tras dicha noticia, la fiscal Córdova emprendió una investigación preliminar por negociación incompatible y colusión simple, comprometiendo tanto a autoridades de la petrolera peruana como a los representantes de la institución acreedora de la licitación.
Las declaraciones de la fiscal Córdova en Facebook
En medio de la controversia generada por la presencia de Castillo en un posible caso de corrupción, Caretas y La República publicaron noticias reveladoras sobre la fiscal Norah Córdova. Así, el centro de atención de la semana se trasladaría al perfil de Facebook de la funcionaria, en el que se encontraron expresiones abiertas de terruqueo, apoyo al presunto fraude electoral, acusaciones de corrupción y la vacancia. En el contexto de la segunda vuelta y los resultados electorales del 2021, Córdova declaró en la red social que “Habemos Terrucos” y “terrucos y corruptos” [refiriéndose a Castillo]; compartió fotografías de la marcha a favor del fraude organizada por Keiko Fujimori; y manifestó “Congreso dale la confianza a estos impresentables y luego vacas a Castell”. Evidentemente, se trata de una posición negativa frente al nuevo presidente del Perú.
Ante estos sucesos, la fiscal indicó que los comentarios señalados son “memes” que ella solamente difunde, mas no una orientación política. Además, señaló que, al haber sido expresados en la esfera privada de su vida y antes de que Castillo fuese mandatario, no interfieren con el ejercicio de sus funciones de forma imparcial. Asimismo, aseguró que, de todas maneras, no constituyen una injerencia que atente contra el debido proceso, pues el presidente no es un investigado del caso Petroperú. Por todo ello, concluyó que no renunciaría a su cargo en la investigación.
Las posibles causas de exclusión de la fiscal Córdova
Es cierto que, pese a la presunta participación ilícita del mandatario, su posición en el gobierno impide que pueda ser acusado por cualquier despacho, con la excepción de la Fiscal de la Nación. No obstante, el proceso sí podría afectar su investidura si los fiscales encargados del caso demuestran que se incurrió en actos delictivos de corrupción. La misma situación se produce si, al menos, logran proporcionar indicios sugerentes al Congreso, fehacientes o no, para que la presunta intervención presidencial ilegal sea interpretada como una causal de vacancia por incapacidad moral.
La posibilidad de una orden de allanamiento a Palacio de Gobierno, anunciada por la fiscal Córdova, refuerza los riesgos políticos que la investigación representa para el Jefe de Estado. Este pronunciamiento surgió posteriormente al fallido intento de acceder a la Secretaría de la Presidencia el 20 de diciembre, con el objetivo de obtener información relevante para el caso. Aunque después Castillo indicó su compromiso de colaboración, los fiscales anticorrupción manifestaron que, al momento de las diligencias, se les denegó el ingreso nuevamente. De acuerdo a Córdova, fue el mandatario quien, precisamente, ordenó que no se permitiera la recopilación de documentación; la cual fue enviada después, pero que resultó insuficiente en relación a lo solicitado. Por ello, el allanamiento surge como una opción que permitiría obtener las pruebas necesarias para visibilizar las falencias legales de la licitación de Petroperú, o hacer peligrar la presidencia de Castillo.
En ese sentido, resulta necesario que se pueda garantizar la imparcialidad de los fiscales involucrados en el caso Petroperú, como se requiere en el debido proceso, tal como afirma el abogado Rafael Chanjan (La República). Por ello, si las declaraciones y acciones de Córdova no exhiben un criterio objetivo, el Ministerio Público podría excluirla de la investigación, según la penalista Liliana Calderón (La República). En adición, se registra un antecedente negativo en el historial de la fiscal, que advierte una posible falta de transparencia en el manejo de investigaciones de corrupción. En 2018, IDL-Reporteros alertó cómo la fiscal, en medio del caso “Cuellos Blancos”, había intentado incautar audios importantes para demostrar la existencia de dicha red de corrupción.
El pedido de destitución y el hábeas corpus
Precisamente, el 23 de diciembre, el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, presentó una solicitud ante el Ministerio Público para la destitución de la fiscal Norah Córdova y dos de sus adjuntos, Luis Medina y Luis Mina. En lo que respecta a la protagonista de la presente nota, la defensa presidencial ha expresado que las calificaciones despectivas hacia el mandatario no exponen objetividad o imparcialidad, sino el afán de culpabilizarlo de cualquier modo. Así, se trataría de una “inconducta funcional”, pues el ejercicio de su función fiscal estaría orientado a perjudicar el cargo de Castillo.
Posteriormente, el 25 de diciembre, un hábeas corpus fue planteado por Pachas para evitar la investigación y el allanamiento de Palacio, en los que se transgreda la garantía constitucional de la imparcialidad. Ello fue fundamentado en que presuntamente Córdova es una “fiscal vacadora” y dos de sus adjuntos fueron quienes divulgaron falsamente que Castillo les denegó el acceso, tras intentar ingresar a la oficina del mandatario cuando él no se encontraba.
Al cierre de esta nota, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público decidió iniciar una indagación preliminar en contra de la fiscal y los otros dos anteriormente mencionados. No obstante, la justificación recae en supuestas faltas cometidas en la diligencia del 20 de diciembre. Hasta el momento, las declaraciones de la página de Facebook de Norah Córdova o sus antecedentes en casos de corrupción no han representado, aunque podrían, una causa para su separación de la investigación “Petroperú”.
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