Carlos Padori es profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Asimismo, es investigador principal del Centro de Investigación de la misma casa de estudios. Es Master of Arts en Economía por Georgetown University (ILADES), licenciado y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico.
Diego Pomareda, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro fundador de Perspectiva Constitucional. El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana que concretiza los derechos políticos establecidos en la Constitución. En este sentido, el Tribunal Constitucional, de manera específica, ha precisado que esta consulta ciudadana es, por naturaleza, un derecho fundamental[1]. Por su parte, la normativa internacional ha reconocido el derecho que tiene toda persona a participar de forma directa en el gobierno de su país[2]. En este contexto, ad portas de tomar una decisión sobre las reformas constitucionales impulsadas por el presidente y habiéndose activado el supuesto en el que la ciudadanía tendrá que ratificar la decisión tomada en primera votación por el Congreso de la
José Antonio Del Risco, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho El 08 de noviembre pasado fue presentada una iniciativa en el Congreso mexicano que pretende regular el uso y la comercialización del cannabis. Con esta propuesta, nos encontramos ante la posibilidad de que la marihuana pueda legalizarse en los próximos meses, debido a que el Grupo Parlamentario Morena y sus aliados son mayoría en las dos cámaras que conforman el Congreso. Sin embargo, todavía se prevé abrir debates para escuchar la opinión de expertos en el tema. Más allá de que el denominado “Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y control del
Mayra Aguirre, abogada por la PUCP y asociada de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas (“MINEM”) efectuó dos pre-publicaciones de proyectos de norma a efectos de proponer la modificación de dos (2) aspectos de relevancia para el desarrollo del mercado de energías renovables en el Perú. Una de las pre-publicaciones contiene el proyecto de norma que busca modificar el Reglamento de Generación con Energías Renovables a efectos de permitir la ampliación de los plazos para la fecha de puesta en operación comercial de los proyectos de generación con recursos energéticos renovables (“RER”) que tienen Contratos de Concesión de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables (“Contratos de Suministro”). El proyecto de norma
Gattas Abugattas, profesor del Departamento de Derecho de la PUCP.
Flavio Puchuri Torres, alumno de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú [1] Introducción El crimen organizado adquiere cada vez más presencia en Latinoamérica y el Perú no es ajeno a su expansión. Las estructuras criminales no solo operan al margen de la sociedad, como puede ser en las economías ilícitas, sino que buscan legitimarse financiando campañas electorales o accediendo a puestos públicos como alcaldes o gobernadores regionales y demás puestos de elección popular y/o del sector público. Buscan cooptar estos espacios para garantizarse impunidad y protección frente a eventuales investigaciones. Ante esto, la sociedad reacciona, desde una óptica del derecho penal del enemigo como señalan algunos autores[2], y establece un régimen especial contra el
1. Silvia Espinal, magíster en Desarrollo Humano y docente de la PUCP argumenta en contra de la pregunta: 2. Beatriz Mejía Mori, Abogada y ex Directora de la Academia de la Magistratura del Perú argumenta a favor de la pregunta:
Raúl Gutiérrez Canales, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú [1] La reciente aprobación del proyecto de ley 3533/2018-CR, que establece la ejecución humanitaria de la pena, aprobada por el Congreso sin dictamen y con autógrafa remitida al Poder Ejecutivo tres días después de ser presentada, no solo refleja la posibilidad de tramitación de iniciativas con celeridad excepcional sino, sobre todo, advierte una peligrosa actuación contraria a la finalidad de la limitación del poder que es indispensable en todo régimen constitucional. La excepción de la ley especial En efecto, la propuesta que, entre otros aspectos, permite que los adultos mayores varones de 78 años de edad o más, que hayan cumplido un tercio de su pena, puedan cumplir la respectiva
