En el presente video, José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, habla sobre la corrupción en los contratos administrativos referidos a la infraestructura pública, y las mejoras para afrontar este fenómeno. ¡No te lo pierdas!
En el presente video, Diego Harman, asociado principal del estudio Garrigues, habla sobre las características, legislación y beneficios del financiamiento de proyectos en el Perú.
Por Mariano Peró, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asociado de Miranda & Amado desde el 2012. Maestría en la Universidad de Columbia. Mediante la Resolución del Tribunal Registral N° 2023-2017-SUNARP-TR-L del 8 de setiembre de 2017, que recayó sobre una solicitud de inscripción de la sucursal de una sociedad extranjera, se dispuso que “no es exigible que la Apostilla se encuentre traducida”, lo cual tiene implicancias positivas en la facilitación y disminución de costos de este requisito formal para los documentos expedidos en el extranjero y que son presentados para su inscripción en los Registros Públicos peruanos. Al respecto, el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros del 5 de octubre de 1961,
El nuevo TUO consta de 5 títulos, 19 capítulos, 265 artículos, 10 disposiciones complementarias finales, 13 disposiciones complementarias transitorias y 3 disposiciones complementarias derogatorias.
Por Frida Requejo, miembro del Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas de la Universidad de San Martín de Porres. Las empresas familiares se han convertido en uno de los principales motores de la economía peruana y de los más importantes agentes económicos generadores de empleo. Diversos estudios afirman que el 90% de las empresas en el país son familiares, las cuales generan el 75% del Producto Bruto Interno (PBI) [1] y aportan el 60% del empleo en el país. [2] Estos porcentajes nos muestran el impacto positivo de las empresas familiares en la economía peruana; por ello, es importante que se implementen adecuadas prácticas que permitan su continuidad y supervivencia a través de distintas generaciones. No
Abner Casallo, egresado de la Facultad de Derecho de la UNMSM y colaborador de Regulación Racional. El proceso de modernización del Estado peruano ya tiene casi dos décadas. Un primer punto de partida es la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado -Ley Nº 27658, la cual tenía por objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias. Posteriormente a esta surgieron otras normas que complementaban este objetivo tales como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley del Ley del Silencio Administrativo. Sin embargo, pese a estos intentos de mejora, como ya se indicaba en la
Área de Justicia Constitucional del IDL Una autocrítica necesaria para quienes litigamos procesos judiciales –y constitucionales en particular– es creer ingenuamente que el Estado dará cumplimiento a las sentencias del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional que favorecen a sus oponentes, en especial tratándose de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es falso. En el Perú, no basta con ganar los procesos judiciales, también debe lograrse la ejecución de las sentencias. El problema es que los funcionarios públicos no sienten la obligación de darles cumplimiento cuando estas han adquirido firmeza, a pesar de lo establecido por el artículo 59 del Código Procesal Constitucional, que precisa lo siguiente: “En todo caso, el Juez […]mantendrá su competencia hasta que esté completamente restablecido el
Cyndel Caballero, asociada del área de recursos naturales y medio ambiente del estudio Rodrigo, Elias & Medrano Abogados A razón del hallazgo de potencial minero de litio y uranio en la región de Puno, comunicado por la empresa minera Macusani Yellowcake S.A.C. (“Macusani”), en algunos medios, se ha comentado que un obstáculo para la ejecución del referido proyecto sería que la legislación minera vigente no permite la explotación de minerales radiactivos. Sin embargo, dicha afirmación no es del todo correcta a pesar de que, como veremos a continuación, si convienen ciertas precisiones normativas para facilitarlo. Así pues, el marco legal peruano actual sí considera factible la exploración y explotación minerales radioactivos, incluso las normas ambientales determinan requisitos especiales dirigidos a
