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Mirando más allá de lo evidente: Que no nos sorprenda el convenio arbitral [Episodio I]

Por Emily Horna Rodriguez, Jefa del Área de Litigios & Arbitrajes de Santiváñez Abogados Una de las reglas básicas antes de iniciar un arbitraje es revisar lo que dice el convenio arbitral. No obstante, en la práctica, al revisar tantos convenios arbitrales uno podría empezar a asumir que ya conoce lo que éste dice o podría decir y se limita tan solo a identificar rápidamente aspectos centrales, sin efectuar una revisión más exhaustiva del texto. Revisar tan solo si el arbitraje es administrado; administrado por quién; y si es tribunal o árbitro único, además si la cláusula dice que el arbitraje es o no de derecho. Nuestro recordatorio en este primer post es nunca olvidar revisar el convenio arbitral completo.

Prescripción del procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones del Estado

Por Guillermo Zavalaga Mariño, Egresado de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica Santa María y Socio de NPG Abogados Introducción A través de un caso con fechas hipotéticas, analizaré el criterio aplicado por el Tribunal de Contrataciones (en adelante el Tribunal) respecto al plazo de prescripción para la aplicación de las sanciones dispuestas en la Ley de Contrataciones del Estado y la suspensión del mismo y explicaré por qué considero que dicho criterio es errado y perjudica al administrado.   Para ello, previamente explicaremos la naturaleza jurídica de la potestad administrativa sancionadora que detenta toda entidad de la administración pública en sentido amplio.  Analizaremos también la actuación del Tribunal como órgano que ostenta la potestad administrativa

¿El Poder Judicial es accesible para todos y todas?: la actual barrera lingüística a raíz de la suspensión de la audiencia de las esterilizaciones forzadas

Cristina Phicihua, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del programa de Desarrollo Social de THĒMIS – Khuska Al mantenerse viva una lengua se mantiene viva una cultura, un pensamiento distinto, una versión propia del mundo y una nueva forma de contribuir al conocimiento humano Elena Burga[1]. Perú: país con diversidad lingüística Perú es uno de los países con mayor diversidad lingüística: existen aproximadamente 47 lenguas indígenas diferentes u originarias[2]. Según el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, la población de lengua materna originaria representa aproximadamente el 16.1% de habitantes en nuestro país; es decir, todas estas personas no cuentan con el castellano como lengua materna [3]. Entonces, de ser el caso, ¿cómo es que el Poder Judicial lleva

¿Qué implica la “reparación integral” de las comunidades campesinas de Espinar afectadas por metales pesados?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP y responsable del área de Litigio Constitucional del IDL, y Maritza Quispe Mamani, abogada del área de Pueblos Indígenas y Litigo Constitucional del IDL Muchos son los problemas que actualmente aquejan a la población de Espinar. Mientras se discute un plan de reparaciones como consecuencia de la emisión de la Resolución Ministerial No 174-2020-PCM, que conforma el grupo de trabajo para evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala, Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Collana de la provincia de Espinar. Todo ello en momentos en que los afectados y afectadas por

¿EUTANASIA: reconocimiento de su despenalización o inaplicación por causa de justificación?

Por Aaron Aleman, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),  abogado penalista en el Estudio Jurídico Arbizu & Gamarra, especialista en control, prevención y sanción de la corrupción por la PUCP, y Gino Delzo, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Presidente del Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Introducción En un estado constitucional[1]que buscar organizar al Estado, social y democrático de derecho, es impensable que no se reconozca a la vida como valor supremo digna de protección por parte del Estado. Según el artículo 2.1 de nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la vida, y entendemos que este derecho implica que ninguna persona debe ser privado arbitrariamente de ella[2].

¿Cesión o Reserva de Vías? A propósito del caso de arbitraje entre el Jockey Club del Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima

Por Rubén Quevedo, asociado del área Inmobiliaria de Rubio Leguía Normand. El 01 de enero del 2021 tuvo como una de las principales noticias la expedición de un laudo arbitral que obliga a la Municipalidad Metropolitana de Lima (“MML”) al pago de la suma de USD 13’ 936,628.90 (Trece Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Veintiocho con 90/100 Dólares Americanos) a favor del Jockey Club del Perú (“JCP”), a modo de indemnización, por la demolición del muro perimétrico de propiedad de JCP, ubicado colindante a la Av. El Derby y la Av. Panamericana Sur (“Predio”), realizado por la gestión del exalcalde Castañeda Lossio en el año 2017 en el marco de un proceso de expropiación para la ejecución del proyecto

¿Cómo recuperar las tierras de las comunidades campesinas vendidas irregularmente a las empresas mineras?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP y responsable del área de Litigio Constitucional del IDL, y Álvaro Másquez Salvador,  Abogado del IDL en el área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional Cada vez son más las denuncias en Espinar y en otras zonas andinas, contra empresas mineras, y otras empresas extractivas, por haber comprado de manera irregular las tierras de las comunidades campesinas, para favorecer proyectos mineros y otro tipo de proyectos extractivos. Varias son las preguntas que se hacen las comunidades campesinas, en relación con la legalidad y la validez de estos contratos de compraventa de tierras de las comunidades, pero, sobre todo, cómo recuperar las tierras que han sido vendidas a las empresas mineras

La conciliación prejudicial y los pasos por delante

Por Gino Rivas Caso, profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace más de 20 años, dentro de una ola de difusión del concepto de Alternative Dispute Resolution (ADR)[1] en Latinoamérica[2], el Perú optó por un sistema de conferencia conciliatoria prejudicial obligatoria para sus disputas civiles[3]. El carácter del sistema no ha estado exento de críticas, y tampoco lo estuvo su materialización[4]. En cualquier caso, el sistema se implementó; y pese a que propuestas importantes de reforma judicial han planteado su derogación, este sigue en pie[5]. A nuestro juicio, aunque polémica, optar por un sistema de conferencia conciliatoria previa obligatoria fue una decisión acertada. Un grado de compulsión no afecta la tutela jurisdiccional efectiva[6],

Alertas tempranas y el enfoque de prevención de disputas en el New Engineering Contract (Nec 4)

Por Guillermo Alarcón Zubiaurr, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado senior de NPG Abogados y master en Construction Law por The University of Melbourne, Australia.  La complejidad inherente de la construcción y sus riesgos asociados son una verdad inevitable que hace que los contratos de construcción evolucionen constantemente. La existencia de partes más sofisticadas ha derivado en el desarrollo de formatos de contratos con el objetivo de estandarizar cláusulas y enfoques en la asignación de riesgos, mecanismos y procesos para la administración de los contratos y evitar disputas entre las partes. Las formas estandarizadas de contratos internacionales de construcción incluyen disposiciones sobre alertas tempranas (Early Warnings) que requieren que las partes identifiquen y notifiquen rápidamente a la

La protección laboral de las mujeres en estado de gestación a propósito de la Sentencia Nº 677-2016-PA del Tribunal Constitucional

Por Crisbeth Vigo Florián, Abogada por la PUCP, Asociada de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, Miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la PUCP – GRIDEH.  Una trabajadora del Gobierno Regional de Moquegua solicitó que se deje sin efecto su despido, alegando que se trató de un despido discriminatorio debido a su estado de gestación; y que, en consecuencia, se le reincorpore en el cargo de asistente. La trabajadora indica que comunicó a su empleador su estado de gravidez, pese a ello, se la despidió. En setiembre de 2020, el Tribunal Constitucional (“en adelante TC”) amparó la demanda y declaró su despido nulo, concluyendo que la no renovación del contrato de trabajo es “un