Por Maricielo Ríos, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del programa de Desarrollo Social de THĒMIS – Khuska.
“Las personas con discapacidad, no somos ni tenemos capacidades diferentes. Todos, con o sin discapacidad, tenemos capacidades diferentes y si, somos diferentes, como lo son cada ser humano, que es único y valioso en sus distintas diferencias”
Angelica Carolina[1]
Perú: país atrasado en la interpretación de lengua de señas
El censo realizado en el 2017 dio como resultado que más de un millón de peruanos y peruanas presentan discapacidad auditiva y, casi diez mil de ellos y ellas, señalan que la manera más confluida y cotidiana de comunicarse es mediante la interpretación de lengua de señas [2]. Ante ello, la Defensoría del Pueblo resaltó que -estando en el año 2020- no cuenta con información precisa sobre el número de docentes e intérpretes calificados en Lengua de Señas Peruana (en adelante, LSP) [3]. Frente a la angustiante declaración, es imperativo formular la siguiente pregunta: ¿La comunidad sorda se encuentra válidamente reconocida e incluida en la sociedad peruana mediante la interpretación de lengua de señas?
En vista de desarrollar tal interrogante a lo largo de este artículo, es necesario esclarecer qué es lo que se entiende por lengua de señas. Agestrad explica que, la lengua de señas o de signos es la lengua natural de la comunidad sorda y comprende, por un lado, una expresión gesto-espacial y, por otro lado, una percepción visual dentro de un entorno social [4]. Entonces, aquello significaría que la lengua de señas se convertiría en una lengua innata para la comunidad sorda y, en ese sentido, necesario su reconocimiento para su ejercicio de forma natural y libre en la sociedad.
En línea con la importancia de reconocimiento de esta forma de lenguaje, aquella encuentra respaldo en la Constitución Política del Perú en el inciso 19 del artículo 2 puesto que la lengua de señas -al ser el único lenguaje accesible para las personas con discapacidad auditiva- configuraría como su identidad cultural y; por lo tanto, reconocida como derecho de toda persona. En refuerzo a lo mencionado, el Estado peruano en el año 2010 le otorga reconocimiento oficial a la “Lengua de Señas Peruana” (LSP)” mediante la Ley N°29535.
Caso: Debate de los y las candidatos y candidatas a la presidencia 2021-2026
El pasado 21 de marzo, se llevó a cabo la primera mesa del debate de los candidatos a la presidencia 2021-2026 a través de los canales América TV y Canal N [5]. Frente al conmocionado inicio de la primera ronda, una cuestión atrajo la atención de la población oyente y fue la falta de un o una intérprete de lengua de señas. El descontento de la población se materializó en las redes sociales donde se expresaba la importancia de intérpretes en espacios televisivos a fin de garantizar el acceso a la información de manera igualitaria.
Distinto/as educadores/as e intérpretes LSP se manifestaron, uno de ellos fue Jade Dávila, Gerente general en Sueños Compartidos, quien resaltó que la falta de intérpretes de señas en debates presidenciales reflejaba lo invisibilizada que se encontraba la comunidad sorda [6]. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, en representación institucional, solicitó a América Noticias y Canal N contar con intérpretes de lengua de señas a fin de garantizar a la comunidad sorda su derecho a la accesibilidad en los debates de candidatos presidenciales y que puedan ejercer un voto informado en las próximas elecciones 2021 [7].
Frente a ello, cabe cuestionarnos si una adecuada accesibilidad e inclusión ha llegado a la comunidad sorda. En caso la respuesta sea negativa, ¿es tan difícil implementar intérpretes LSP en espacios de interés nacional y primario?
¿Voto informado?
Es fácil señalar que el primer y gran responsable de las lamentables situaciones hacia las personas con discapacidad auditiva es el Estado. Sin embargo, según la mencionada Ley N°29535 que reconoce oficialmente a la lengua de señas, esta otorga la obligación a los establecimientos del sector público y privado de facilitar el servicio de intérpretes de LSP para la atención del público sordo [8]. Por tanto, el deber recae en todos. Esto no quiere decir que, de un momento a otro, empecemos a aprender y ejercer la lengua de señas -no resulta una mala idea-; sin embargo, no es correcto caer en un ideal cuando se trata de un problema real y bastante crítico.
Por un lado, con el deber de todos se refiere a incentivar que la lengua de señas sea propicia y suficiente con más intérpretes LSP pues, hasta el año 2015, se contaba con 523.000 personas sordas y solo 23 intérpretes reconocidos [9]. Además, es sumamente preocupante que para el año 2020 no contemos con un número certero de intérpretes.
En ese sentido, la presencia de intérpretes LSP es vital para contrarrestar -de pocos- esta brecha tan cruel que presenta este minoritario pero importante sector de la población. Señalo “de pocos” ya que son acciones que pueden ser realizadas por toda persona que quiera y busque erradicar esta fuerte desigualdad. Actualmente, existen intérpretes empíricos de lengua de señas que todavía no alcanzan la titularidad de uno, pero -sin duda alguna- es una gran contribución en favor de la comunidad sorda.
Por otro lado y regresando al suceso del debate de los candidatos presidenciales, es un hecho que no hubo un intérprete de señas, por lo tanto me cuestiono ¿cómo el Estado puede exigir que toda la ciudadanía ejerza un voto informado si no se dirige a ella en su integridad? ¿Acaso el Estado desconoce la presencia de la comunidad sorda y, en general, de la comunidad con discapacidad?
Quiero creer que no, puesto que existen diversas exigencias en las leyes que velan y exigen por la protección de esta población. Una de ellas es el artículo 38 de la Ley de Radio y Televisión, la cual precisa la necesidad de incorporar en los medios de comunicación visual adicional en los programas educativos, informativos y culturales transmitidos por televisión como el uso de lenguas de señas o el subtitulado [10]. Sin embargo, lo dispuesto en la regulación no se condice con lo sucedido el 21 de marzo ya que en la transmisión en vivo del debate no se contó con ningún intérprete LSP que vele por el acceso a la información de las personas con discapacidad por deficiencia auditiva.
Por lo tanto, no es una cuestión de regulación, sino de exigibilidad. Esta falta de exigibilidad, lamentablemente, se traduce en que más de medio millón de personas con discapacidad auditiva no pudo conocer las propuestas de cada candidato, no conoció sobre los planes de gobierno que beneficiaban a su comunidad, no conoció los partidos políticos que atentaban contra sus intereses, sencillamente lo que se logró es enfatizar el difícil acceso a la información y su ubicación en un espacio con desigualdad de condiciones.
Lo que nos falta como país
Este acontecimiento en el ámbito político tiene un gran trasfondo: la poca importancia brindada a la comunidad sorda. Con ello, no me refiero únicamente a lo sucedido este 21 de marzo, sino a todo lo transcurrido en estos largos once años desde que se promulgó la Ley N°29535 -antes señalada- y en específico, en este último año.
A inicios del año pasado, en una etapa pre pandémica, se visibilizaron diversas demandas como la falta de centros educativos de nivel básico alternativo y centros de educación técnica productiva – que se diferencian por la discapacidad auditiva leve y moderada- como también la falta de intérpretes LSP en los centros de salud. Ambas demandas pertenecen a los dos ámbitos más básicos de la persona que deben ser satisfechos sin cuestión. Sin embargo, encuestadoras y algunos testimonios reflejan que, en cuanto al primero, casi 90.000 niños, niñas y adolescentes no han accedido ni a la educación inicial ni a la secundaria en estos colegios especializados [9] y, en cuanto al segundo, no ha existido ningún caso donde la misma prestadora de servicios facilite una adecuada comunicación a través de un intérprete.
Ahora, en la etapa de pandemia, estas necesidades básicas que contaban con pocas oportunidades de satisfacción, se agravaron con las restricciones que conllevo la llegada del COVID-19. Debido al confinamiento obligatorio, el acceso a los establecimientos de salud, a los centros de educación, a los establecimientos de víveres y demás ámbitos, se vieron afectados para la comunidad sorda. Ante ese escenario, donde la persona con discapacidad auditiva se encuentra grandemente limitada, será válido interpelar cómo es que ellos accedían a las disposiciones dictadas por el gobierno si ninguna se presentaba con un intérprete de señas.
Sin duda, nuestra sociedad tiene un gran camino por mejorar y, en ese camino, la aspiración de convertirse en un país inclusivo como Estados Unidos. Pues, Estados Unidos cuenta con colegios especializados e institutos superiores con profesores de lengua de señas tanto a nivel primaria, secundaria y educación superior, como también con programas de certificación a intérpretes de lengua de señas que incentiva y profesionaliza el aprendizaje de esta lengua. Esta realidad en el país americano confirma que, como país, nos encontramos atrasados en temas de desarrollo e inclusión social y es tarea de todos y todas invertir tal situación.
Medidas urgentes a estimar
Queda claro que las personas con discapacidad auditiva, a pesar de ser una población en situación de vulnerabilidad, han sido desplazadas a un segundo plano por la falta de reconocimiento y conocimiento de la lengua de señas como su herramienta de comunicación. Se mencionó la existencia de la Ley N°29535 y su reglamento que facilitaba la promoción de la interpretación de lengua de señas; sin embargo, es de nuestro conocimiento su resultado. Por lo tanto, a continuación, se detallarán ciertas medidas que complementarán la causa de un acceso a la información, desarrollo social y mejora en la calidad de vida de esta población.
En primer lugar, se debe reforzar los canales de comunicación tanto la implementación de intérpretes de LSP en los medios televisivos como en ámbitos de servicios públicos -educación y salud principalmente-. Ello con el fin de garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones.
En segundo lugar, se debe incentivar a la ciudadanía a tomar rol frente a la barrera comunicacional que presenta la comunidad sorda. Por lo tanto, que se realicen talleres de enseñanza de LSP dirigido a la comunidad, proporciona oportunidades de participación en favor de la comunidad sorda. Con este punto no se abordaría un mero asistencialismo por parte de la comunidad oyente, sino que se buscaría proporcionar un medio que permita la socialización de ambas poblaciones como una sociedad. Derribando la idea de la comunidad sorda como un grupo excluido a una legítimamente incluido.
En tercer y último lugar, se debe promover a las entidades privadas la implementación de una guía de atención especializada -hacia la personas con discapacidad- acompañada de constantes capacitaciones al personal de trabajo. Con ello, se permitirá otorgar una atención más idónea acorde a las necesidades de la población como la concientización a los colaboradores de la presencia de personas con discapacidad en nuestra sociedad.
Es de importancia señalar que la participación de cada uno de nosotros y nosotras en pro a la población con discapacidad, permitirá despedazar la idea de “comunidad invisibilizada” por una más inclusiva para todos y todas.
Bibliografía
[1] https://www.tododisca.com/10-frases-sobre-discapacidad-para-defender-la-inclusion/
[2] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1544/
[4] https://www.agestrad.com/la-lengua-de-senas/
[7] https://www.extra.com.pe/actualidad/interprete-de-lengua-de-senas-el-gran-ausente-del-debate/
[10] https://www.tododisca.com/10-frases-sobre-discapacidad-para-defender-la-inclusion/
Fuente de imagen: Infobae.
Excelente artículo 👏🏼👏🏼
Me parece un excelente análisis, nos invita a reflexionar como personas en como poder contribuir con nuestra sociedad
¡Gran aporte!
Buen artículo para reflexionar sobre la realidad peruana e invitarnos al cambio. Era y es necesario visibilizar la deficiencia en la exigibilidad de las normas que amparan a la comunidad sorda.
Buen artículo! A veces como sociedad dejamos de lado a la población más vulnerada y ello debe cambiar.
Me llamo Hugo Lobato Ysla. Un saludo desde el populoso y pujante distrito de San Juan de Lurigancho de la comuna de Campoy, soy un activista que tiene como objetivo la divulgación de los derechos de las personas con habilidades diferenciadas en mi distrito, ver la inclusión en educación, deportes, cultura, económica, la falta de accesibilidad, Tenemos una Ley que incorporan el intérprete de lengua de señas en la televisión Peruana, pero falta reglamentarla, estoy recopilando la información respectiva, para poder apoyar como una sociedad participativa, mi comunidad nos estamos organizando para poder inscribirnos como organización reconocida en la SUNARP y poder dar nuestros aportes en la formulación del reglamento, una de las debilidad es que no se cuenta con el número adecuado de intérpretes, ni escuela donde se capacite, tengo una discapacidad física del miembro inferior derecho por enfermedad. “La Población con Discapacidad es la Población Invisible en una Sociedad Insensible que quiere ser Visible”