Constitucional

El 11 de setiembre de 2012, el Tribunal Constitucional del Perú (TC) emitió una sentencia histórica a favor de la Comunidad Nativa “Tres Islas”[1] de Madre de Dios (EXP. N° 01126-2011-HC/TC) reconociendo sus derechos a la autonomía, libre determinación y propiedad territorial[2]. Sin embargo, las autoridades de Madre de Dios se negaban a ejecutar íntegramente dicha sentencia. Ello llevó a que la presencia de terceros no autorizados, como mineros y taladores ilegales, aumente en todo el territorio de la comunidad, alterando la forma de vida de la Comunidad y degradando su territorio y recursos naturales. Debido al uso de metales pesados como el mercurio en las actividades mineras ilegales, el hábitat y los miembros de la Comunidad terminaron contaminándose.

El pasado 8 de mayo, terminó de entrar en plena vigencia la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales. El principio central de esta nueva regulación es que toda recopilación, utilización y transmisión de datos personales debe ser hecha con el consentimiento de su titular.

Sergio Perea Ponce, presidente de la comunidad nativa de Tres Islas, y Juana Payaba Cachique, ex presidenta y lideresa de la comunidad, junto a una delegación de la comunidad, viajaron a la ciudad de Lima para acudir al Tribunal Constitucional y solicitar justicia para su caso. Llevan más de dos años esperando que dicho órgano se pronuncie sobre el recurso de apelación por salto que presentaron para lograr la ejecución de su sentencia en Madre de Dios, ante la negativa de las autoridades de acatar este fallo. Todo ello ha generado graves consecuencias en el territorio y la contaminación con mercurio de los miembros de la comunidad.

Cuando uno tiene un problema de salud acude a un médico especializado. Si necesita asesoría para una inversión solicitará apoyo de un experto. ¿Por qué cuando se acude al Poder Judicial (PJ) ello no ocurre? Lo que viene sucediendo con los jueces que resuelven casos constitucionales -un amparo, por ejemplo- es grave. Los pocos juzgados constitucionales especializados que existían vienen siendo desactivados. Si tenemos jueces especializados en materia comercial, tributaria, laboral, anticorrupción, entre otras, ¿por qué cuando se trata de defender los derechos constitucionales la especialidad prácticamente desaparece? ¿y por qué a los pocos juzgados que existen se les deja una carga procesal inmanejable que los viene haciendo colapsar?

Para entender la reciente decisión de la jueza Haydeé Pérez de disponer la prisión preventiva de Mateo Silva-Martinot, acusado de atropellar dos veces a Alejandro Ballón e intentar darse a la fuga, hay que dejar de mirar el árbol, y empezar a mirar el bosque. Dejar de analizar el asunto desde una perspectiva estrictamente legal, para prestar atención a otras variables que pueden explicar esa decisión, y que suelen pasar desapercibidas. Una de esas variables, quizás la más importante, es la independencia del Juez. ¿Qué tan independiente es un Juez para adoptar una decisión como esta?