Versión extendida del artículo originalmente publicado en Altavoz.
Si se le niega la confianza al nuevo Gabinete, Humala se vería constitucionalmente autorizado a cerrar el Congreso. Pero, ¿qué podría pasar después? y, ¿qué le conviene realmente a la oposición?
Hace más de 50 años que en el Perú no se censuraba a un presidente del Consejo de Ministros, hecho que convierte el caso de Ana Jara en uno histórico. Pero, como si eso fuera poco, este caso ha llamado particularmente la atención debido a que, por primera vez en nuestra historia, nos encontramos cerca de la posibilidad de que ocurra una figura bastante extraña en cualquier democracia: que el presidente se vea facultado a cerrar -constitucionalmente- el Congreso.
La explicación -simplificada- es la siguiente. El Congreso tiene la facultad de ponerle fin al mandato de un ministro mediante dos vías ordinarias: la censura (que ocurre por iniciativa propia del parlamento) y la negación a una cuestión de confianza (planteada por iniciativa del ejecutivo). Cuando el ministro censurado o a quien se le ha negado la confianza es el premier, el efecto es el mismo que si se hubiese tomado la misma medida contra todo el gabinete, pues todos los ministros deben dejar su cargo. Finalmente, según el artículo 134 nuestra Constitución, si se censura o niega la confianza a dos gabinetes, el presidente está facultado a disolver el Congreso.
Lo dicho hasta aquí ya ha sido ampliamente explicado y discutido en los medios en las últimas semanas; sin embargo, pocos se han puesto a reflexionar sobre qué podría pasar después de una eventual disolución del Congreso. Más allá de que sea poco probable que ocurra, debido, entre otras cosas, al costo político que le generaría al nacionalismo, ciertamente la posibilidad está abierta, por lo que no está de más estar al tanto de qué es lo que podría ocurrir. A continuación comentaré tres consecuencias que, a mi parecer, serían las más interesantes:
1) El gobierno sería quien legisle
La Constitución prevé que el cierre constitucional del Congreso no afecta las funciones de la Comisión Permanente (un órgano conformado por congresistas de las distintas bancadas), por lo que uno podría suponer que la función legislativa recaería en manos de dicha instancia. Sin embargo, la propia Constitución le impide a la Comisión Permanente dar leyes sobre varias materias importantes y, en cambio, establece que hasta que no se elija un nuevo Congreso, “el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia”.
Normalmente, un decreto de urgencia es una norma con rango de ley que puede emitir el ejecutivo en situaciones excepcionales y que debe tratar sobre materias económicas y financieras. No obstante, en el caso particular de un cierre constitucional del Congreso, no se aplicarían esos límites. Dado que nunca ha pasado, no está del todo claro cómo ocurriría, pero lo más razonable es interpretar que los decretos de urgencia en este contexto serían algo parecido a lo que fueron los “decretos ley” de nuestras épocas de dictadura.
2) El nuevo Congreso podría censurar al nuevo gabinete, y a cuantos gabinetes quiera luego
La facultad del presidente de disolver el Congreso tiene un límite importante: no puede ejercerse durante el último año de gobierno. Dado que a partir de agosto nos encontraremos en el último año del gobierno de Humala, una vez instalado el nuevo Congreso -seguramente después de agosto- este podría decidir, como una sus primeras medidas, llamar a interpelación al nuevo gabinete (ya no sería el de Cateriano, pues a este se le habría negado la confianza) y, eventualmente, censurarlo sin miedo a que esta situación se repita.
3) Ante cualquier abuso del ejecutivo, el nuevo Congreso podría imponer sanciones políticas
Quienes han visto House of Cards ya están familiarizados con lo que es un procedimiento de impeachment (una figura existente en Estados Unidos a través de la cual el Poder Legislativo puede imponer una sanción política al presidente y a otras autoridades, sanción que puede llegar a ser incluso la destitución). En el Perú existe una figura similar llamada acusación constitucional, a través de la cual el Congreso puede someter a altos funcionarios a un juicio político si estos cometen alguna falta política grave (una infracción a la Constitución).
En ese sentido, si el gobierno decidiese cerrar constitucionalmente el Congreso, pero luego cometiese cualquier tipo de abuso de poder, el nuevo legislativo podría determinar que las autoridades responsables (que pueden ser ministros o hasta el propio presidente) sean suspendidas, destituidas o inclusive inhabilitadas de ejercer cargos políticos hasta por 10 años.
¿Qué le conviene realmente a la oposición?
Dije antes que es poco probable que Humala cierre efectivamente el Congreso, pues pocos saldrían beneficiados de dicha decisión. El nacionalismo, cuya bancada se ha reducido en más del 30% desde el 2011, difícilmente obtendría más curules de los que actualmente mantiene en una nueva elección. En una situación similar se encuentran Perú Posible y Solidaridad Nacional. El fujimorismo podría intentar aumentar su bancada, pero sin duda sería una apuesta arriesgada. Quizá el único partido que vería en una nueva elección una buena oportunidad con poco riesgo es el APRA, que en este periodo cuenta con tan solo cuatro congresistas.
Existe, además, una razón adicional para pensar que la oposición sí le dará la confianza al gabinete de Cateriano, incluso si asumimos que su objetivo es sancionar (o hasta estorbar) al gobierno. Sin ánimos de sugerir que esto debiese ocurrir, es una realidad que a la oposición, antes que negar la confianza y arriesgarse a un cierre del Congreso, le convendría más bien, simplemente, “aguantar” a este gabinete por 4 meses, y, en agosto, censurar a Cateriano (y a cuantos ministros quiera en el futuro) por casi cualquier motivo, por más pequeño que sea, ya que a partir de entonces estaríamos en el último año de gobierno.
Esta jugada “House of Cards” de la oposición bien podría llevarse a cabo si la tensión entre el gobierno de Humala y la oposición continúa como está, y es por ello que el nacionalismo debería empezar a buscar crear más puentes con el resto de bancadas y a ser menos agresivo en su discurso. En todo caso, ante una eventual negación de la confianza al gabinete de Cateriano, ya conocemos todo lo que podría desencadenarse. Con todas estas posibilidades, no me cabe duda de que si Frank Underwood fuese peruano, de seguro se estaría divirtiendo.
