Arbitraje

THE ED CHAT | Entrevista a Gonzalo Flores, conducida por Fabio Núñez del Prado

#THEEDCHAT 📨 ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje más relevante que ha tenido en su práctica arbitral?, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido en tu práctica arbitral?, ¿cómo fue su experiencia en su primer arbitraje? Desde Enfoque Derecho, en colaboración con el Club Español e Iberoamericano de Arbitraje (#CEIA), presentamos el primer episodio de “THE ED CHAT”, una nueva sección dedicada a generar conversaciones sobre las experiencias y perspectivas de destacados profesionales extranjeros del ámbito #jurídico del #arbitraje. En esta edición, Fabio Núñez del Prado, socio del Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, entrevista a Gonzalo Flores, exsecretario general adjunto del CIADI y árbitro #internacional, en una conversación que aborda distintas facetas de su trayectoria personal y

Hacer valer sus derechos: El artículo 63.1.b del Decreto Legislativo N° 1071 como vía de acceso al fondo del laudo arbitral

«El control judicial del laudo arbitral a través de la causal de ‘no poder hacer valer sus derechos’ no puede convertirse en una segunda instancia encubierta que reexamine el fondo de la controversia; la intervención de las cortes debe restringirse a cautelar la forma, la existencia de motivación y el respeto al derecho de defensa, preservando así la irrevisabilidad del criterio arbitral.»

Velocidad sin prevención: El desafío de gestionar el riesgo climático en la infraestructura peruana

Por Diego Mori, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y MBA por CENTRUM PUCP. Introducción Cuando la Ley N.° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas (la “Ley”) abrió la puerta a contratos estandarizados de uso internacional —como NEC y FIDIC— para obras de infraestructura, no estaba sumando un trámite más al proceso de contratación, por el contrario, incorporó una forma distinta de ejecutar un contrato, una en la que las partes identifican los riesgos antes de que ocurran, se avisan apenas aparecen señales de un problema y deciden juntas cómo resolverlo. Esa lógica colaborativa no busca añadir procedimiento, busca justamente lo contrario: evitar que un conflicto detenga la obra. Así, cuando un contrato define de antemano

Blogger | Adrián Simons: Entrevista de presentación – Arbitri Iuris

#ArbitriIuris ⚖️ ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta el Derecho Procesal Civil en el Perú respecto a la eficacia y acceso a la justicia? ¿Qué medidas podrían adoptarse para garantizar que los procesos civiles se desarrollen dentro de un plazo razonable? En la presente entrevista, Adrián Simons, socio fundador de Simons & De Noriega, introduce el nuevo blog “Arbitri Iuris”, un espacio académico orientado a difundir la cultura #jurídica en materia de #Arbitraje y Derecho #ProcesalCivil. ¿Qué opinas sobre esta nueva iniciativa? ¡Coméntanos! ⬇️ https://youtu.be/KsFpOIakfPs

Conexión entre la jurisdicción ordinaria y el arbitraje comercial: un ejercicio de derecho comparado entre España y Perú.

«En cuanto a la anulación del laudo, la irrecurribilidad de la sentencia española favorece la celeridad, mientras que la casación peruana añade una garantía adicional a costa de prolongar la incertidumbre; si bien la norma peruana compensa esa dilación con la expresa prohibición de pronunciamiento sobre el fondo, la preclusión del reclamo previo y la posibilidad de renuncia convencional en el arbitraje internacional, técnicas que merecen atención como buenas prácticas exportables»:

El deber de revelación como obligación indelegable: los límites del «deber de curiosidad» en el arbitraje comparado

El deber de revelación del árbitro es una obligación personalísima e indelegable, fundada en el acceso exclusivo que este tiene sobre la información relativa a sus propios vínculos, nombramientos y relaciones profesionales. Ni la Arbitration Act 2025 del Reino Unido ni las Directrices IBA formulan dicho deber como una carga compartida con las partes, y la jurisprudencia inglesa, en Halliburton v. Chubb, reserva expresamente al árbitro el estándar más exigente de imparcialidad.

¿Puede una ley posterior desplazar la institución arbitral pactada? El REGAJU frente al artículo 62° de la Constitución en contratos celebrados bajo la Ley N.° 30225

El resultado del examen permite formular una conclusión precisa: el REGAJU es legítimo e idóneo en abstracto, pero la extensión automática de su efecto sustitutivo a convenios arbitrales preexistentes no supera satisfactoriamente el juicio de necesidad. La tesis central de este artículo continúa siendo preservar, como regla, la institución válidamente pactada bajo la Ley N.° 30225; las alternativas transitorias desarrolladas no desvirtúan esa tesis, sino que muestran que incluso aceptando la aplicación inmediata de nuevos estándares existían medios menos restrictivos que el desplazamiento automático.

Blogger | Sol Huanca: Entrevista de presentación – Litis Arbitral

#LitisArbitral 📝 ¿Cómo incide el análisis del #arbitraje y los #litigios en el fortalecimiento de la predictibilidad y seguridad #jurídica? ¿Cuáles son los desafíos que redefinen la práctica del arbitraje comercial? En la presente entrevista, Sol Huanca, asociada en el estudio Loza Legal Abogados, presenta el nuevo blog “Litis Arbitral”, un espacio académico orientado al análisis jurídico del arbitraje y la resolución de conflictos #corporativos. En el mismo, se abordarán, por medio de distintos productos, las complejidades contemporáneas, las actualizaciones normativas y cuestiones variadas de relevancia al interior de estas importantes áreas del Derecho. ¿Qué opinas sobre esta nueva iniciativa? ¡Coméntanos! ⬇️

Third-Party Funding en arbitraje: Límites del financiamiento para arbitraje comercial y arbitraje de inversiones

«El TPF ha modificado la manera en que las partes evalúan el riesgo de litigar y ha introducido a un actor externo -el financista- en un proceso pensado sobre la base del consentimiento de las partes, generando fricciones con principios asentados en la práctica arbitral: la confidencialidad, la imparcialidad del tribunal, la autonomía de la parte financiada y la previsibilidad de la asignación de costas».