Por Brenda Santa María,
integrante del área de contenido e investigación de Somos Amalia
Simone de Beauvoir nos advertía que, “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos”. Perú es un claro ejemplo de ello. En los últimos 8 años, la crisis política es persistente y continua. De hecho, en solo 5 años, entre 2018 y 2022, tuvimos 6 presidentes y diversos cambios en los gabinetes ministeriales, lo que también implicó cambios en las políticas de Estado.
En este contexto de crisis, las mujeres hemos visto de cerca cómo retrocedemos en la protección y garantía de nuestros derechos. Por ejemplo, la despenalización del aborto es un tema casi imposible de atender, al igual que hablar de lenguaje inclusivo y ni qué decir de la Educación Sexual Integral. Al mismo tiempo, situaciones como el embarazo adolescente, violación sexual, feminicidio y otras formas de agresión y discriminación que tienen un carácter estructural no concitan la menor atención desde el Estado. Ello, a pesar de existir instituciones creadas específicamente para promover políticas de protección y de prevención en la materia.
Incluso, el discurso feminista es objeto de prejuicios, cuando no de distorsión y caricaturización por sectores que no entienden sus propósitos y objetivos, y se cree que el solo acceso de mujeres a esferas de poder implica imponer una agenda feminista, cuando en realidad muchas de ellas son funcionales a los sistemas de dominación. Así, por ejemplo, la existencia de una primera presidenta en el país no ha significado un cambio sustancial desde una perspectiva de mujeres. En contraste, en este gobierno, se han permitido la introducción de medidas que operan en contra de nosotras, como el cambio de denominación de algunos órganos sectoriales que trabajan en pro de nuestros derechos, o la aprobación de normas legislativas que los restringen.
Así es el caso, en octubre 2023 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Decreto Supremo 10-2023-MIMP, decidió recategorizar la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género y la convirtió en una Dirección de Línea, dependiente de la Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación (DGIGND). Este cambio implicó un cambio en las funciones de una dirección general que se encargaba de dirigir, coordinar, controlar y evaluar la transversalización del enfoque de género en el diseño y gestión de políticas públicas, a nivel intersectorial, y ahora su trabajo se ve menos influyente en el as de políticas públicas.
Ahora bien, la transversalización del enfoque de género y la Política Nacional de Igualdad de Género son temas que se pueden trabajar de manera conjunta. No obstante, estos cambios corresponden a una política impulsada por los sectores conservadores, a fin de restar capacidad al MIMP y a sus direcciones que trabajan para atender problemas que afectan especialmente a las mujeres.
En la misma línea, esta tendencia es impulsada por sectores fundamentalistas religiosos desde el Congreso, quienes ostensiblemente vienen aprobando iniciativas legislativas que son un retroceso respecto de una sociedad democrática e inclusiva. Así tenemos que en noviembre del 2023 se aprobó la Ley 31935, Ley que reconoce derechos al concebido. Ésta, además de ser el logro de grupos conservadores, criminaliza el hecho que una mujer decida sobre su cuerpo y genera confusiones en nuestra legislación. Ello, ignorando que la Constitución y el Código Civil establecen que, “el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece”, precepto que evidentemente incluye la protección de su vida. Por ello, más allá de reconocer nuevos derechos al concebido, esta medida legislativa fue aprobada con el fin de criminalizar el aborto y no atenderlo como un asunto de salud pública.
Asimismo, se publicó la Ley 32000, Ley de protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar. Aunque en su primer artículo establece que ésta no es contraria a la norma que permite el aborto terapéutico, sigue el mismo camino que la anterior, e incluso crea una nueva categoría de “niño por nacer”. Además, incluso cuando esta ley pretende poner en agenda del Ejecutivo la protección de la mujer gestante, no atiende la problemática de fondo ni mucho menos llega a ser la solución a los embarazos no deseados.
Por otro lado, se aprobó la Ley 32003, Ley que modifica la Ley de igualdad entre mujeres y hombres para precisar el uso del lenguaje inclusivo, con el único propósito de eliminar el desdoblamiento del lenguaje. Con esta ley, se busca que los documentos y materiales que se elaboren desde el sector público no utilice el lenguaje inclusivo y al 2025 tampoco lo hagan los textos escolares. De este modo, se restringe desde el ámbito público el derecho de las mujeres a ser identificadas por su género, situación que va en contra del principio de Irreversibilidad de los Derechos Humanos, lo que constituye una clara vulneración de estos.
Estas tres leyes son solo algunas de las que representan este retroceso normativo en materia de protección y reconocimiento de los derechos de la mujer en medio de crisis políticas. Sin embargo, a pesar de esta realidad, todavía existen espacios que estamos recuperando y conquistando otros. Recientemente, fueron tres mujeres en el país las que han logrado acceder a su derecho a una muerte digna: Ana Estrada y María Benito, de la mano de la abogada Josefina Miró Quesada. Si bien es cierto, no hay una connotación de género, es reivindicable que hayan sido mujeres las precursoras de este derecho para todas y todos. De ese modo, han sentado las bases de un derecho que no está reconocido explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico, pero que en base al respeto a nuestra dignidad y el entendimiento de vivir una vida digna ha sido puesto en agenda.
Estos casos son el ejemplo de que, si bien las crisis políticas también tienen un impacto diferenciado en las mujeres, todavía es posible encontrar ámbitos en los que podamos seguir haciendo historia y visibilicemos nuestra presencia en este contexto que pretende socavar nuestra influencia.
