Constitucional

A propósito de las manifestaciones públicas que se vienen realizando a lo largo de toda Venezuela desde el 12 de febrero último y del incremento -en intensidad y uso de la fuerza por parte de los agentes estatales para reprimirlas, en este post queremos reflexionar brevemente desde los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, acerca del derecho de manifestación y protesta pública, especialmente cuando éste se ejerce masivamente y canaliza conflictos sociales a gran escala.

El 31 de diciembre de 1993, entró en vigencia la Carta de 1993 luego de su aprobación por escasa diferencia en el discutido referéndum realizado el 31 de octubre del mismo año. Como se recordará, la versión original de la Constitución tuvo por finalidad legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y plasmar reglas no admitidas por la Constitución de 1979, con la finalidad de consolidar el régimen fujimorista. A tal conclusión puede llegarse a partir del examen de las instituciones plasmadas en dicho texto: fortalecimiento del Poder Ejecutivo, introducción de la reelección presidencial inmediata, Congreso unicameral, reducción de atribuciones de los gobiernos locales y regionales, ampliación de la competencia de la justicia militar, pretendida extensión de la pena de muerte, entre otras. La novedad más relevante, no obstante, fue la introducción de un nuevo modelo económico.

La crisis en la que está sumido nuestro Poder Judicial puede ser rastreada hasta su propio nacimiento, se evidencia en múltiples pasajes de nuestra literatura. Prueba de aquello son las palabras que tiene un famoso personaje de Julio Ramón Ribeyro en su cuento Interior L, en el que argumenta, ante el padre de una chica que ha sido seducida: «El juicio no conduce a nada […]. Estará usted peleando durante dos o tres años en el curso de los cuales no recibirá un cobre y mientras tanto la chica puede necesitar algo»[1].
En las líneas que siguen, intentaré demostrar la relación que considero existe entre esta crisis y el derecho al debido proceso, de la cual el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) es el principal causante.

Entrevista a Ricardo Cuenca: Investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Consejero del Consejo Nacional de Educación (CNE) y Presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP).

Por: Adrián Lengua y Josefina Miró Quesada

ED: La aprobación del Proyecto de Ley Universitaria fue aplazada para la próxima legislatura, ¿le parece adecuada esta decisión?

RC: Si entre ahora y la próxima legislatura tenemos un debate más amplio donde se intercambien más ideas, sí. De lo contrario, si va a seguir este nivel de insultos y posiciones muy doctrinales, el asunto no tendría sentido. Ojalá sea la primera opción.

ED: Hay quienes señalan debe archivarse el actual proyecto y comenzar uno nuevo que sea fruto del debate y consenso de los sectores involucrados con la educación superior. ¿Qué opina al respecto?