Procesal

El poder oculto de la prueba ilícita. Breves notas desde la psicología

Por Raúl Feijoo, alumno de Derecho de la PUCP y practicante del Tribunal Constitucional, y Eduardo Iñiguez, alumno de Derecho de la PUCP, ex Director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil THĒMIS y practicante del área de Litigio de Bullard Falla Ezcurra +. “The human understanding when it has once adopted an opinion draws all things else to support and agree with it.” Sir Francis Bacon En la actualidad, ya no es posible creer que los operadores jurídicos –y entre ellos, por excelencia, el juez– toman decisiones como si fuesen robots o máquinas, sin influencia alguna de factores internos (creencias, emociones, sesgos) o externos (opinión pública, sociales, económicos). Muy por el contrario, las actuales investigaciones, en primer

El recurso de anulación frente a laudos parciales

Por José Rodrigo López Castro, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y ex miembro de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Themis.  1. Introducción El artículo 54 de la ley de arbitraje, en concordancia con importantes reglamentos nacionales e internacionales[1], permite que el Tribunal Arbitral pueda decidir la controversia mediante la expedición de más de un laudo. Los laudos emitidos en un proceso arbitral, son clasificados por la doctrina, reglamentos y leyes en varios subtipos. Así González de Cossio, señala la existencia de a) laudo sobre competencia, b) laudo incidental, c) laudo parcial, d) laudo final, e) laudo en rebeldía y f) laudo consentido[2]. Gary Born también resalta esta diversidad al señalar que “la mayoría

El registro de valores mobiliarios anotados en cuenta: el arbitraje como “hermano menor” del Poder Judicial

Por Jorge López Fung[1], Asociado de la Firma CMS Grau y miembro del equipo de arbitrajes del área de solución de conflictos.  En la actualidad, el arbitraje se ha consolidado como uno de los métodos más utilizados y atractivos para la solución de controversias, especialmente frente a la pérdida de prestigio y confianza de los jueces estatales. No obstante, el arbitraje aún no ha logrado tener el reconocimiento y respaldo suficiente para convertirse en un mecanismo integral de impartición de justicia privada. En el caso particular de Perú, la Constitución y el Tribunal Constitucional han reconocido que el arbitraje posee naturaleza jurisdiccional[2] y, al igual que las decisiones judiciales firmes, los laudos arbitrales tienen la calidad de cosa juzgada. Sin embargo,

Un éxito precario

Por Gino Rivas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y adjunto de docencia en la misma casa de estudios. No son buenos días para el arbitraje en el Perú. La caída de empresas brasileñas involucradas en pagos indebidos para ganar proyectos públicos, la sospecha de árbitros parcializados en arbitrajes sobre obras públicas, la —válida— preocupación sobre el arbitraje ad hoc[1][2], entre otros aspectos, hacen que cada vez más las miradas recaigan sobre el arbitraje en contratación pública y se reflexione sobre si realmente es beneficioso. Si nos ponemos exquisitos, podría decirse que estos temas no afectan al arbitraje en general, sino al arbitraje sobre contratación pública en especial. Por tanto, más que tratarse de un problema estructural, sería un

Ante corrupción en una licitación, ¿qué armas tiene el inversionista inocente?

Por Bruno Doig, egresado de la PUCP y asociado del estudio Bullard Falla Ezcurra+. Las confesiones en el caso de Odebrecht han señalado la existencia de sobornos a funcionarios del Estado, incluso de nivel presidencial[1], para favorecer a dicha empresa en los procesos de licitación de la carretera Interoceánica Sur[2] y la Línea 1 del Metro de Lima[3]. Ello, a su vez, genera grandes dudas sobre la adjudicación de otros proyectos de inversión. Una licitación arreglada mediante sobornos viola las reglas de juego y deja fuera de carrera a las empresas inocentes. Estas pierden arbitraria e ilegalmente toda posibilidad de obtener la buena pro para invertir en el proyecto y desarrollar su negocio. Asumiendo que el tratado protege a los

Imputación de Actos de Corrupción en la Contratación Pública y su implicancia en el Arbitraje de Contrataciones con el Estado – Parte II

Por Danny Quiroga Anticona, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Internacional Privado en la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania. Socio en arbitrajes del Estudio Paitan & Abogados y especialista en temas de arbitraje internacional tanto en materia comercial como de inversiones.  4. Doctrina Clean Hands Es pertinente referirnos brevemente a la importancia de esta doctrina, contenida en un principio que cada vez está teniendo mayor resonancia en el mundo arbitral internacional. Ello es así porque se busca que los actores de un proceso arbitral, que sustenten sus reclamaciones, estén libres de tintes de corrupción. El origen del principio proviene también del derecho anglosajón. En sencillo, significa que ninguna persona puede buscar

¿Quién debería pagar un proceso? Notas desde la economía y la psicología

Por Eduardo Iñiguez, alumno de Derecho de la PUCP, ex Director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil THĒMIS y practicante del área de Litigio de Bullard Falla Ezcurra +. Se ha preguntado alguna vez el lector, ¿quién paga un proceso judicial? Sabemos que un proceso tiene carácter público y es administrado por el Estado, por lo que la respuesta parece simple: el Estado, que no es otra cosa que todos nosotros (o quienes contribuimos al sistema tributario, al menos). Sin embargo, y sin menospreciar la verdad de lo anterior, tampoco puede ser desconocido que un proceso (pensemos en uno civil) cuenta con partes: un demandante y un demandado. Ambos intervienen en el proceso e incurren (al hacerlo)

¿Inhibitoria o prioridad registral?

Por el Mg. Gilberto Mendoza del Maestro, profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Existen diversos casos en los cuales, mientras se califica un título, existe otro en trámite que es incompatible. En dichos casos se suspende el título incompatible posterior. Tome en cuenta que en este caso en particular el principio de prioridad excluyente resuelve el problema. Sin embargo, en el ámbito registral, se presentan situaciones en las cuales existe un título que contiene derechos materiales mientras que, simultáneamente, se desarrolla una discusión similar en el ámbito judicial. En estos casos nos referimos a la inhibitoria administrativa que será materia de comentario. 1. LA INHIBITORIA ADMINISTRATIVA El Art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala: Artículo 64.- Conflicto con

La “procesalización” del arbitraje privado peruano – ¿Qué hemos ganado?

Por Gino Rivas Caso, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adjunto de docencia del curso de Teoría del Conflicto y Mecanismos de Solución en la misma casa de estudios. Han pasado más de diez años desde que el Tribunal Constitucional expidió sentencia sobre el Expediente N° 6167-2005-PHC/TC (Caso Cantuarias), la que marcó un hito en el tratamiento del arbitraje y en el entendimiento de su naturaleza. La sentencia no solo reafirmó la naturaleza jurisdiccional del arbitraje (reconocida ya en la Constitución), sino que se animó a dar un paso más y concluir que el arbitraje “en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías del debido proceso”. A simple vista, pareciera que la extensión