Público

La democracia constitucional, luego de la caída del gobierno militar de 1968-1979, emergió como el modelo político y jurídico del Estado de Derecho. Este se caracteriza porque la soberanía reside en el pueblo, y sus autoridades, electas o no, se someten a la Constitución y a las leyes, dictadas por los representantes del soberano. Los gobiernos democráticos emanados de las urnas durante la década de los ochenta, enfrentaron dos grandes desafíos: la venal insurgencia terrorista y la crisis económica, alentada por la hiperinflación. No se pudieron superar con las instituciones constitucionales porque los líderes del Estado no tenían los instrumentos necesarios para solventar dichos problemas en el marco de la democracia constitucional, en situaciones de emergencia política y económica. La

Por Alberto de Belaunde, abogado por la PUCP, Ex Director de la Comisión de Actualidad Jurídica y actual Congresista de la República. He presentado el proyecto de ley 00121/2016-CR para modificar la Constitución y permitir que el presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pueda presentar demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Con ello, busco corregir una inexplicable omisión de la Constitución actual. Recordemos que un acierto de la Constitución de 1993 fue ampliar la lista taxativa de personas facultadas para interponer una demanda de inconstitucionalidad. Ello bajo el concepto que en un Estado Constitucional de Derecho tenemos el deber patriótico de defender la Constitución, como lo señala el artículo

Enfoque Derecho presenta la entrevista realizada a Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, sobre la reciente sentencia recaída en el expediente 06040-2015-AA. Enfoque Derecho: Respecto a la procedencia, de acuerdo al artículo 51 del Código Procesal Constitucional: «Es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante». Sin embargo, el demandante, domiciliado en Francia y cuyo derecho fue vulnerado en Lima, al ser esta la sede de la RENIEC, interpone la demanda en Tarapoto. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no toma en cuenta esto al analizar

Por Gonzalo J. Monge Morales, Ex Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho. Asociado del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International. Adjunto de Docencia del curso «Derecho Procesal Constitucional» del Dr. César Landa Arroyo[1]. La guerra contra la reforma universitaria ha reiniciado. Y esta vez tienen mayoría en el Congreso. Quienes consideramos que la educación universitaria es un derecho fundamental y que el Estado tiene el deber de asegurar mínimos de calidad nos sentimos ganadores con la victoria en estas dos batallas: 1.- La entrada en vigencia de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 10 de julio de 2014. Hasta el día anterior, quienes se encargaban de supervisar la calidad de la educación superior universitaria eran la Asamblea