Público

Érase un 11 de septiembre de 2011 cuando el presidente Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa y, con ello, parecía ser que se garantizarían los derechos de los pueblos indígenas en las actividades económicas que tengan impacto sobre ellas. No obstante, esta semana algunos medios de comunicación han enfatizado que en los últimos meses de trabajo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió 16 resoluciones directorales que autorizan el inicio de actividades de explotación minera en zonas donde hay población indígena sin haber proceso alguno de consulta previa. Es decir, el MINEM estaría incumpliendo groseramente con esta ley que ahora parece ser solo letra muerta. Ante ello, el presente editorial analizará las implicancias de la consulta previa y su importancia en el contexto peruano.

El pasado martes, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet anunció que en septiembre su país iniciará un proceso de reforma constitucional para sustituir su actual Carta Magna. La medida ha sido criticada por algunos sectores, quienes señalan que se trataría de un intento de desviar la atención de la crisis política que actualmente enfrenta ese país. Sin embargo, hay quienes señalan que mediante la reforma total de la Constitución de 1980, heredada de un gobierno militar y dictatorial, se sientan las bases para la consolidación de instituciones más democráticas y representativas de los verdaderos intereses de la ciudadanía. En este contexto, el presente editorial analizará la importancia de un proceso como este y determinará si en el Perú es necesario uno similar.