Regulatorio

 Por: Oscar Sumar, Director de la asociación Regulación Racional y Doctor en Derecho por UC Berkeley Según Laurence Lessig, existe muchas formas en las que una sociedad puede “regular” una actividad. Dos de esas formas son: (i) mediante leyes o reglamentos dados por el Estado y (ii) mediante tecnología (aquí). Además de -muchas veces- coexistir, las formas en que la sociedad puede regular una actividad compiten entre ellas (aquí). Esa competencia nos podría mostrar cual es la mejor alternativa, si la dejamos florecer. En el caso de la “sharing economy”, tenemos que existen innovadores que están “regulando” actividades mediante aplicaciones como Uber o Airbnb. Por su lado, el Estado pretende competir como éstas, poniendo las reglas de juego sobre como

Abner Francisco Casallo Trauco, colaborador de Regulación Racional y estudiante de Derecho de la UNMSM y Economía de la UNAC. Recientemente, el Gobierno ha propuesto el programa “Renta Joven”, el cual establece un subsidio al alquiler de viviendas por parte de la población joven del país. Sin embargo, cuando uno se pregunta por la justificación de dicha propuesta, como ya se ha señalado en nuestro medio, encontramos con que ella va desde la ayuda para ahorrar una cuota inicial para la compra de una vivienda, hasta el incentivo para promover el acceso a vivienda independiente a sectores de la población compuestos por jóvenes parejas de bajos recursos económicos[1]. Es decir, no hay un objetivo claro en la propuesta. De hecho,

Por: Oscar Súmar, Director de la Asociación Regulación Racional Imagine que aprueban una norma poniendo estándares en un determinado producto. Algún experto en regulación se opone a esa medida pues genera costos sociales. Es común –me ha pasado- que esa persona sea tildada de “vendido a las empresas” o algo similar. Esta posición asume que las empresas no quieren la regulación. ¿Es esto cierto? En 1982, el destacado profesor de regulación Bruce Yandle escribió un influyente trabajo titulado “Bootleggers and Baptists: The Education of a Regulatory Economist” que puede ser traducido como “Contrabandistas de alcohol y Baptistas: la Educación de un Economista especialista en Regulación”. La tesis central de dicho trabajo es que muchas veces los grupos de interés y

Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, gerente de Estudios Económicos y consultoría empresarial Sociedad de Comercio Exterior de Perú – ComexPerú Actualmente, se vienen discutiendo en el Congreso hasta tres iniciativas legislativas que plantean regular a las entidades operadoras de plataformas tecnológicas usadas para canalizar servicios de transporte privado (aplicaciones para taxis). Algo que tienen en común estas propuestas es suponer que la prestación de un servicio en forma “no convencional” implica su desregulación, y por ende se impone la necesidad de hacerlo. Pero ello no es cierto. En realidad, todo servicio ya está sujeto a un marco legal plenamente vigente, sea el Código civil, la legislación penal, tributaria, laboral, las normas de protección al consumidor, entre otras. Y las aplicaciones

Por: Oscar Sumar, profesor de calidad regulatoria en la PUCP y Director de la asociación civil Regulación Racional. Hace pocos días, la Sunedu ha otorgado el licenciamiento a San Marcos, quizá la mejor universidad pública peruana. Es irónico que el licenciamiento de San Marcos haya coincidido con una de las ya recurrentes protestas estudiantiles por malos manejos de la administración de la universidad. San Marcos es solo una entre 51 universidades públicas en Perú, representando un tercio del total. Esto quiere decir que buena parte de la responsabilidad del éxito –o fracaso- de la educación universitaria está en manos del propio Estado. Simultáneamente, Perú es el país que destina el menor porcentaje de su PBI a la educación (3.9%) en Sudamérica,