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Por Mariano Peró, abogado por la PUCP y Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia. El 4 de noviembre de 2015 se promulgó la Ley N° 30354, “Ley que modifica la Ley 26887, Ley General de Sociedades, sobre el cargo de director y las actas del directorio”[1], la cual incorporó un párrafo adicional al artículo 170 de la Ley General de Sociedades (LGS) señalando que, por solicitud del gerente general o de cualquiera de los integrantes del directorio, puede estar presente un notario durante la sesión designado por los solicitantes para certificar la autenticidad de los acuerdos adoptados, los cuales (al igual que los de las actas de junta general de accionistas) pueden ejecutarse e inscribirse de inmediato por mérito

Por Flavia Martínez, estudiante de derecho en la PUCP y actual miembro del consejo editorial de EnfoqueDerecho.com Eran las 6:45 de la mañana del jueves 18 de mayo cuando una joven estudiante de 17 años, identificada con las iniciales M.M.F.G, fue interceptada en el trayecto a un centro de idiomas por dos delincuentes. Los criminales le dispararon para robarle su celular y, lamentablemente, la dejaron entre la vida y la muerte. Horas después de este cobarde ataque, el también estudiante Moisés Espinoza Falcón recibió un disparo en el estómago luego de negarse a entregar su teléfono móvil. Estos son solo dos de los casos que se registran diariamente en la capital. La alarmante situación se demuestra en el reporte del

1. Vizcarra renunció al MTC y resolvió unilateralmente el contrato de Chinchero El pasado lunes, el ahora ex Ministro Martín Vizcarra renunció a su cargo en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Esto sucedió un día después de haber tomado la decisión de resolver unilateralmente el contrato de construcción del Aeropuerto de Chinchero entre el Estado Peruano y el consorcio Kuntur Wasi. Vizcarra dimitió el cargo horas antes de que un informe de la Contraloría indica que existe responsabilidad penal a 10 funcionarios por la firma de este proyecto. Recordemos también que por este mismo acuerdo, el ex ministro fue sometido a una interpelación, que muchos consideraban podría terminar en censura. Al renunciar, Vizcarra evitó esta posibilidad. La solución ejecutada por

Por Jessica Maeda, Máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y especialista en Derecho Internacional Humanitario y de los DDHH. Hace algunos días, Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. “Es el antídoto que el pueblo venezolano tiene en las manos contra el terrorismo”, aseguró el Ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría. En enero de este año, Donald Trump manifestaba en su discurso de investidura que uniría “al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical”. Meses después, su Secretario de Estado, Rex Tillerson, daría un comunicado contra Irán, acusándolo de patrocinar terrorismo. Al día siguiente, en París, un ataque “relacionado con el terrorismo” en los Campos Elíseos dejaba un policía muerto

Fuente (Imagen): Diario El Comercio Por Lucía Varillas, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. Hace algunos días el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) realizó una movilización por el día del trabajo en el centro de Lima, llevando con ellos pancartas con fotografías de cabecillas terroristas que se encuentran hoy presos, entre ellos de Abimael Guzmán. En estas pancartas se leían mensajes que decían “¡Basta de odio y venganza!”, pidiendo libertad para aquellos presos por terrorismo. La situación ha generado la respuesta de ministros como Salvador del Solar quien se mostró crítico y rechazó la defensa a terroristas. No es la primera vez que este movimiento realiza una marcha de este tipo,

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La mayoría parlamentaria del fujimorismo y sus aliados han derogaron el artículo 1 del Decreto Legislativo N. 1323, dejando sin efecto las sanciones penales agravadas para los crímenes de odio contra la minoría LGTBI, así como para los delitos de feminicidio y de violencia de género. El argumento esgrimido ha sido que el Congreso le había delegado al Poder Ejecutivo la potestad de legislar en materia de seguridad ciudadana pero no para lo realizado. Sin perjuicio de descartar de validez constitucional, sobre la fraudulenta reducción del concepto de seguridad ciudadana, en base a una ideología populista y conservadora, para evitar