El Derecho Laboral está plagado de cuestiones paradójicas. En su intento de proteger al trabajador, reduce la cantidad de empleo que existe en una sociedad determinada. Esto ocurre cuando la regulación laboral hace más difícil la posibilidad de despido de los trabajadores. La elevación de los costos de despido reduce la cantidad de empleo disponible para los trabajadores y, especialmente, reduce la disponibilidad de empleos temporales.
El incremento del riesgo para el empleador lo obliga a acumular capital para afrontar eventuales situaciones de despido necesario. Esto influye negativamente en la capacidad del empleador de invertir recursos importantes en el incremento de la productividad de su negocio, la cual, finalmente, redundaría en el bienestar de todos los trabajadores.
Los trabajadores más pobres suelen tener menos oportunidades para capacitarse, dado que los estudios y entrenamiento son actividades costosas. La educación de calidad tiene un costo prohibitivo para un gran sector de la población. Cuando la regulación laboral eleva el costo de despedir, es previsible que los empleadores opten por contratar exclusivamente a los trabajadores con mayor capacitación, esto es, los que vale la pena retener. Si el empleador tiene información respecto de las dificultades que la regulación genera para el despido, este reaccionará reduciendo su demanda por empleados poco capacitados (los que suelen ser más pobres), dado que estos son más fácilmente prescindibles. Como puede apreciarse, la elevación del costo del despido reduce oportunidades de empleo y, especialmente, afecta a los trabajadores potenciales de bajos recursos económicos.
La especial afectación del empleo temporal y de la empleabilidad de los individuos con menores recursos hace previsible que el costo de la regulación sea distribuido de forma no proporcional entre los trabajadores. De esta forma, el costo de la regulación laboral es especialmente cargado a los trabajadores potenciales más jóvenes. Esta conclusión ha sido respaldada en un importante trabajo sobre el tema (Botero, Djankov, La Porta, López de Silanes y Shliefer: 2003).
De forma general, las legislaciones han adoptado un esquema que importa la fijación de un precio mínimo por el trabajo desempeñado. El aumento del salario mínimo es constantemente invocado como pretensión por colectivos de trabajadores que presionan por una mejoría en su situación salarial con efectos no considerados por ellos. La evidencia, sin embargo, es bastante clara: la fijación de un salario mínimo influye negativamente en la disponibilidad de puestos de trabajo.
En efecto, cuando la regulación exige que los empleadores paguen un salario superior, estos deben efectuar recortes presupuestales que se traducen en reducción de ofertas laborales e incrementos en los precios de los productos o servicios ofrecidos a los consumidores. La sociedad en su conjunto paga el incremento establecido por la regulación generando perjuicios para todos.
En el mercado, los empleadores pugnan por obtener a los trabajadores más productivos y el salario que perciben es el reflejo de tal productividad. Cuando la regulación impone un salario mínimo, aquellos trabajadores que tengan una productividad inferior a aquella que justifica el salario mínimo quedarán en el desempleo. La teoría elemental sobre mercados laborales competitivos predice que la imposición de un salario mínimo por encima del salario de mercado reducirá el empleo disponible (Filer, Hamermesh y Rees: 1996).
Nuevamente, es previsible que los empleadores reemplacen a los trabajadores menos capacitados en respuesta al incremento del salario mínimo de modo que se reduce la oferta laboral para trabajadores potenciales con menor destreza o entrenamiento. Esto debe ser considerado en conjunto con otros efectos tales como la reducción de incentivos en los empleadores para que inviertan en capacitación de trabajadores, el incremento de la inestabilidad laboral, el desincentivo al trabajo a tiempo parcial, el incentivo a los empleadores para contratar informalmente, el incremento de la tasa de criminalidad juvenil como consecuencia del desempleo, entre otros (Wilson: 2012).
De modo general, se producen dos efectos directos como consecuencia del establecimiento de un salario mínimo por encima del precio en equilibrio fijado por las leyes de oferta y demanda. En primer lugar, cuando el salario es fijado por encima de ese nivel, los costos de producción de las empresas se elevan de modo que los precios de los productos aumentan y la demanda por estos cae. La reducción de la demanda reduce la producción. Esto ha sido denominado “efecto escala” (scale effect). En segundo lugar, el nivel elevado de salario genera incentivos para que las empresas sustituyan el trabajo con capital de modo que la demanda por mano de obra cae. Esto ha sido denominado “efecto sustitución” (substitution effect). En los casos en los que el trabajo sea más sustituible con capital o en aquellos en los que la demanda sea más sensible al precio del producto ofrecido por la empresa en el mercado, el impacto del salario mínimo establecido por encima del óptimo será más notable (Neumark y Wascher: 2010).
Usted puede estar intuitivamente a favor o en contra de la existencia de un salario mínimo. Usted puede creer que es “justo” que exista este piso, mientras que yo puedo creer que es “ineficiente” tenerlo. Sea como sea, todos debemos coincidir en que no es posible tomar una decisión sin ponderar las consideraciones expresadas previamente y que parecen ser respaldadas de forma bastante contundente.
BIBLIOGRAFÍA
- DJANKOV, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silane, Andrei Shleifer, Juan Botero. The Regulation of Labor. NBER Working Paper N°9756, junio de 2003.
- FILLER, Randall K., Daniel S. Hamermesh, Albert E. Rees. The Economics of Work and Pay. Harpercollins College Div: 1996.
- WILSON, Mark. “The Negative Effects of Minimun Wage Laws”. En: Policy Analysis No. 701, junio de 2012.
- NEUMARK, David y William L. Wascher. Minimum Wages. The Mit Press: 2010.
