Por Enfoque Derecho
El panorama nacional es desolador. Hace unos días fuimos testigos de una interminable sesión en el Congreso para decidir la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (hubo 14 votaciones en total). Por si no fuera suficiente este lamentable episodio, la nueva discusión del Congreso será acerca de la continuidad del Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos, así como la continuidad del Ministerio Público tal y como lo conocemos. Todo gracias al Proyecto de Ley N° 7139/2023-CR.
Ahora bien, no podemos ser ciegos y negar que existen muchos problemas con el Ministerio Público, tanto por su errático funcionamiento como por sus escándalos de corrupción. Es tan pobre la imagen que proyecta la institución que, de acuerdo a una encuesta realizada por Ipsos para Perú 21, el 64% de la población desaprueba su labor en la lucha contra la corrupción y la delincuencia[1].
Esta situación no ha escapado de los organismos internacionales. Hace un par de semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública para abordar la situación del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos. La audiencia fue solicitada por el Instituto de Defensa legal (IDL Perú), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) en diciembre del año pasado, cuando aún se encontraba Patricia Benavides al mando de la institución.
En este contexto de profunda desaprobación nacional e internacional, el congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, ha presentado el Proyecto de Ley N° 7139/2023-CR, el cuál propone declarar en emergencia al Ministerio Público, suspender al Fiscal de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos. Por todo ello, en el presente editorial, explicaremos en qué consiste exactamente esta iniciativa legislativa y cuáles son sus motivos, tanto los “oficiales” como aquellos ocultos. De igual forma, analizaremos su viabilidad en nuestro ordenamiento jurídico.
La solución propuesta
El proyecto presenta tres objetivos principales: (i) La declaratoria en Emergencia del Ministerio Público, (ii) la suspensión del Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos, y (iii) la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.
En primer lugar, el artículo 2 del proyecto menciona que se declarará en Emergencia y Reorganización al Ministerio Público hasta que se “resuelva la situación disciplinaria y/o penal de los Fiscales Supremos Titulares”, teniendo como plazo máximo 2 años. Dentro de este plazo, se reorganizará y reestructurará internamente el Ministerio para descentralizar y democratizar la toma de decisiones del Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos.
En segundo lugar, se propone que, mientras dure este proceso, se suspenderá al Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos. En su lugar, se conformará una “Asamblea Nacional de Fiscales” que llevará a cabo todas sus labores. Esta Asamblea estará compuesta por siete fiscales, de los cuales cuatro serán elegidos entre los Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores, mientras que los tres restantes serán elegidos por los Presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales.
Finalmente, el proyecto propone la creación de una “Comisión Especial de la Elaboración del Proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, que estará integrada por cuatro miembros designados por la Asamblea Nacional de Fiscales, tres miembros designados por el Ministerio de Justicia, tres miembros designados por la Corte Suprema de la República, tres miembros designados por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú”. Luego de instalarse esta comisión, tendrían un plazo máximo de 2 meses para presentar su proyecto de ley.
Para respaldar sus propuestas, el proyecto presenta dos argumentos principales: La corrupción del Ministerio Público y el fracaso de la reorganización propia del Ministerio.
La corrupción en el Ministerio Público
Como mencionamos brevemente en la introducción y también es expuesto por el proyecto de ley, el Ministerio Público se enfrenta a serios casos de corrupción. El caso más importante es el de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación que viene siendo investigada desde enero por presuntamente haber conformado una organización criminal dentro del Ministerio Público.
El caso mencionado no ha hecho más que agravarse con las declaraciones de Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides que acogió a la colaboración eficaz. De acuerdo a sus testimonios, habrían existido múltiples casos de negociaciones entre fiscales y personajes políticos para no verse involucrados en investigaciones penales a cambio de favores. Por ejemplo, de acuerdo a Villanueva, habría existido una negociación entre el fiscal Rafael Vela y miembros de Perú Libre (incluido Cerrón) para no incluir a Pedro Castillo en la investigación por lavado de activos contra Perú Libre[2], a cambio de que la bancada aprobara un proyecto de Ley para que los fiscales superiores con 10 años de antigüedad puedan acceder a ser supremos.
Si bien aún no se corroboran los múltiples testimonios de Villanueva (que alcanzan a más fiscales y miembros del aparato de justicia), el proyecto critica la pasiva conducta del Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Se menciona que, el plazo de 8 meses para las investigaciones preliminares es preocupante, toda vez que nos encontramos ante un caso que pone en tela de juicio la “objetividad, imparcialidad y ética de los fiscales”.
La fallida reorganización del Ministerio Público
El proyecto también hace énfasis en que el propio Ministerio ya intentó su reorganización; sin embargo, falló en su intento. En particular se menciona la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4012019-MP-FN, realizada por la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos en febrero del año 2019, mediante la cual se declaró en emergencia al Ministerio Público por un plazo de 60 días.
Si bien se trata de una resolución de hace 5 años, el congresista Segundo Montalvo da a entender que, el propio Ministerio Público tiene la voluntad política necesaria para combatir la corrupción en el país. Ante esta situación, se argumenta que, en base al “análisis de las funciones y roles de los fiscales” y “los mecanismo jurídicos para el combate a la corrupción”, el Congreso de la República debe demostrar tener la voluntad necesaria para combatir la corrupción dentro del Ministerio y declararlo en emergencia y reorganización.
¿La solución correcta?
Previamente, se han plasmado los motivos por los que se ha presentado el Proyecto de ley N° 7139/2023-CR. En ese sentido, si bien algunos de ellos son coherentes en relación al hecho de que el Ministerio Público es una institución que ha perdido su rubro y que, actualmente, mantiene a fiscales investigados por delitos de corrupción, se debe tener en cuenta que las condiciones con las que la bancada de Perú Libre ha presentado el proyecto no son favorables. Por ende, en este apartado del editorial, se especificará por qué el declarar en emergencia el Ministerio Público y suspender a los fiscales supremos, no es la gran solución a los problemas de corrupción que mantiene nuestro país.
De acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público es un organismo autónomo e independiente que debe ser elegido por la Junta de Fiscales Supremos. En el caso de que se apruebe el presente proyecto de ley, aquello devendría en inconstitucional, pues de por sí la Carta Magna designa la jerarquía, los parámetros y los requisitos con los que se maneja la institución. No obstante, la bancada de Perú Libre propone la creación de una “Asamblea Nacional de Fiscales”, optando ellos mismos por los parámetros para su conformación.
En relación a lo planteado, contactamos a Walter Albán, ex defensor del pueblo y actual docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y, a través de una entrevista escrita, nos comentó lo siguiente:
“No se trata solamente de afectar la independencia de este órgano constitucional, como ya ha venido ocurriendo, con algunas modificaciones legislativas que, específicamente, han contrariado en determinados aspectos el diseño constitucional (como ocurrió hace poco, cuando se trastocaron los roles que conforme a la carta de 1993, les corresponden a la PNP y al Ministerio Público), sino que el proyecto en cuestión constituye un verdadero esperpento al violar groseramente el artículo 158 de la Constitución, que define la estructura jerárquica y delega a las Fiscalía Supremas y Fiscalía de la Nación la conducción de esta institución”.
Por ende, en relación a lo especificado, la iniciativa legislativa N° 7139/2023-CR no es viable de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Es así que, en caso de que se llegará a aprobar, esta no solo sería inconstitucional, sino que, al requerir necesariamente de una reforma para su elaboración, se podría polarizar a la población. Asimismo, al someter parte del sistema de justicia a las decisiones del Congreso, indirectamente, se estaría concentrando el poder en una sola entidad.
El proyecto tiene como base la prerrogativa de que el Ministerio Público se ha convertido en un organismo manejado por funcionarios corruptos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que muchos de los legisladores que se encuentran a favor de esta iniciativa se encuentran, hoy en día, siendo investigados por estos delitos, tales como Waldemar Cerrón, quien tiene un proceso de investigación por lavado de activos, o Américo Gonza Catillo, quien fue acusado por el Ministerio Público de haber liderado una organización criminal que cobró sobornos a nueve generales de la Policía Nacional para ascender a su cargo. Asimismo, la bancada cuenta con el apoyo de Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser hallado culpable del delito de colusión.
En relación a lo mencionado, lo más preocupante del proyecto es el hecho de que este se podría convertir en una herramienta mediante la cual se busca beneficiar a un grupo político específico. De esta manera se estaría creando impunidad para aquellos que ya tienen procesos iniciados, pues, con la suspensión del ejercicio de sus funciones a todos los fiscales, consecuentemente se suspende también sus investigaciones. Así, se estaría creando ley que, en lugar de beneficiar a toda la población, se estaría beneficiando directamente a aquellos que cuentan con investigaciones o procesos abiertos.
Frente a lo expuesto, el profesor Albán también hizo referencia a lo siguiente:
“Políticamente constituye una burda manera de continuar con el nefasto empeño de quienes controlan hoy el Congreso, para avasallar nuestra institucionalidad democrática. Por lo demás, es inadmisible que, bajo el pretexto de la emergencia, se pretenda descabezar el Ministerio Público, imposibilitando que puedan continuar y, en su caso, abrir las investigaciones que, por diferentes razones, involucran hoy a decenas de congresistas”.
Por lo tanto, consideramos que la propuesta presentada no busca en realidad acabar con la corrupción que actualmente socava al Ministerio Público, sino que más bien es un medio por el cual funcionarios del parlamento podrán continuar ejerciendo sus funciones sin ser debidamente procesados por los delitos que han cometido. Es así que, afirmamos que esta medida se convierte en una herramienta más que avala la corrupción y la impunidad en nuestro sistema.
Conclusiones
Es cierto que el Ministerio Público es una institución que se encuentra bajo el ojo de la tormenta. Entre investigaciones, audios y un accionar errático, una de las instituciones que debería garantizar la justicia en nuestro país, se ha vuelto una institución donde la corrupción pareciera haber encontrado un lugar cómodo para esparcirse. En este sentido, es clara la necesidad de un cambio que permita al Ministerio dejar atrás todos los cuestionamientos y vuelva generar confianza entre la población.
Sin perjuicio de lo mencionado, concluimos que la propuesta del Congreso de declarar en emergencia al Ministerio Público y, suspender al fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos para crear una “Asamblea Nacional de Fiscales”, institución que no figura en ninguno de los artículos de la Constitución, no es la medida idónea para solucionar todos los problemas que mencionamos. Al contrario, esta sí parece ser una medida idónea para solucionar los problemas de los congresistas (y demás personajes políticos) que cuentan con investigaciones penales abiertas y que encuentran en los fiscales un obstáculo para lograr su impunidad.
Editorial escrito por Marialitz Fasshauer y Luis Angel Rivera
Referencias
[1] https://peru21.pe/politica/el-45-resalta-labor-de-la-pnp-en-lucha-contra-la-delincuencia-pnp-fiscalia-poder-judicial-ipsos-noticia/
[2] https://gestion.pe/peru/politica/jaime-villanueva-los-intercambios-de-favores-entre-rafael-vela-y-peru-libre-noticia/
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/Proyecto-Ley-7139-2023-CR-LPDerecho.pdf
