Por Enfoque Derecho
1. ATU amplía la autorización a combis y coasters en Lima y Callao hasta diciembre de 2024.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha decidido ampliar la autorización de circulación para combis y coasters en la capital y el primer puerto hasta diciembre de 2024. La extensión, que se formalizó a través de la Resolución Directoral N° D-000029-2024-ATU/DO, tiene como objetivo garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de transporte público.
La prórroga afecta aproximadamente a 22 mil unidades autorizadas, de las cuales el 53% corresponde a vehículos pequeños como combis y coasters. Además, se resalta que no se aplicará para aquellas habilitaciones cuya culminación fue resultado de sanciones, medidas complementarias o correctivas, o que contravengan las condiciones de acceso y permanencia al sistema.
Esta medida ha generado diversas críticas, pues los vehículos no están diseñados para el transporte público y podría poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, declaró para El Comercio que, a diferencia de los buses, las combis y coasters “no son vehículos fabricados para utilizarse en el transporte público urbano” y se pone en riesgo a miles de pasajeros en Lima.
Fuentes:
https://larazon.pe/atu-extiende-autorizacion-a-combis-y-coasters-en-lima-y-callao/
2. Declaran instalado juicio oral contra Keiko Fujimori por el “Caso Cócteles”.
La noticia de la semana ha sido la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori. Mark Vito y otras 44 personas por el “Caso Cócteles”, 10 años después de que la Fiscalía iniciara las investigaciones. La tesis de la fiscalía consiste en que los eventos de financiamiento para las campañas electorales de Fuerza Popular en 2011 y 2016 eran una fachada para ocultar los aportes de grupos empresariales, además que las personas registradas como aportantes no serían tales.
En el marco de este juicio, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios ha solicitado penas de prisión de 30 años y 10 meses para Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona. En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, se le acusa por presuntamente liderar una organización criminal y haber cometido los delitos de lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
Durante la etapa de acreditación de los imputados se dio a conocer que Luis Brusi Barboza Davila, Juan Carlos Luna Frisancho, Ítalo Pachas Quiñones y Leidsa Keiko Sasaki no asistieron a la audiencia y no justificaron la falta debidamente. Por este motivo, el colegiado los declaró reos contumaces y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
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3. Fiscalía reabre investigación a Martín Vizcarra por caso “Pruebas rápidas”.
La Fiscalía de la Nación ha decidido reabrir la investigación contra Martín Vizcarra, expresidente de Perú, y tres exministros por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas de COVID-19 durante su gestión. La Fiscalía ha señalado que se analizarán los nuevos elementos presentados para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen la continuación de las investigaciones.
En el comunicado emitido por la Fiscalía se señala que la reapertura se debe a las solicitudes de reexamen de los actuados presentadas por la exprocuradora Katherine Ampuero, quien presentó originalmente la denuncia, y la procuradora actual María Caruajulca Quispe. Ahora, la Fiscalía tendrá un plazo de 120 días para continuar la investigación al exmandatario y sus ministros, quienes presuntamente habrían cometido los delitos de colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado.
En línea con la investigación, el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, solicitará al Poder Judicial que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el secreto bancario del expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi y los exministros de Salud, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesía. Además, el fiscal solicita que los investigados sean agendados para ampliar sus declaraciones indagatorias y sumar nueva información a la investigación.
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4. Poder Judicial ordena la reposición de Inés Tello y Aldo Vasquez en la Junta Nacional de Justicia.
Un nuevo capítulo para el conflicto entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. A inicios de esta semana, el Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo y ordenó la reposición inmediata de Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia. De esta forma, se revocó la remoción realizada por el Congreso de la República en un proceso legalmente cuestionable.
La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima señaló que los congresistas José Luna Gálvez y José Jerí Oré, como miembros integrantes de la Comisión Permanente, no podían participar en la votación del 7 de marzo de 2024 en la que se inhabilitó por 10 años a Tello y Vásquez, por lo que no se siguió el debido proceso, al vulnerarse el artículo 100 de la Constitución. Así, se declaró la nulidad del Informe Final de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, respecto a la Denuncia Constitucional N° 373-2023.
No obstante, este no será el final del conflicto, pues el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, anunció que apelarán de inmediato el fallo del Poder Judicial. La medida ha sido fuertemente criticada por diversos congresistas, como Jorge Montoya, quien declaró:
“Esos jueces deben haber sido nombrados por la JNJ y les deben el puesto a ellos o esperan ser ratificados y por eso actúan de esa manera. Yo creo que corresponde sancionar a esos jueces que han actuado de esa manera, independientemente de las medidas que tomará el procurador del Congreso (…) . El Tribunal Constitucional ya falló que no se pueden meter en los temas del Congreso”.
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