Por Enfoque Derecho

  1. Tribunal Constitucional y Poder Judicial rechazan medida cautelar que pidió la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides para anular las investigaciones que se iniciaron en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por su actuación en el Ministerio Público.

El tribunal declara como improcedente la solicitud de Benavides, argumentando que la  Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha afectado las facultades del Ministerio Público para nombrar fiscales provisionales, sino que presuntamente ha cometido irregularidades al cambiar fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y remover a magistrados como Víctor Cubas.

A pesar de rechazar la medida cautelar, el Tribunal Constitucional (TC) evita pronunciarse sobre el fondo del caso y la actuación de la JNJ, señalando que este requerirá un análisis de fondo mediante una sentencia. Tampoco respalda la acusación de Patricia Benavides sobre un supuesto riesgo de demora en la cautelar que pueda afectar permanentemente las competencias del Ministerio Público.

Además, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial rechazaron medidas cautelares presentadas por Patricia Benavides para anular la investigación y suspensión emitida por la JNJ. El TC concluye que la actuación de la JNJ no excede el marco constitucional y legal de sus competencias, mientras que el Poder Judicial destaca que la solicitud no cumple con el requisito de verosimilitud en el derecho invocado.

En cuanto a los delitos imputados a Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación enfrenta investigaciones por siete delitos, incluyendo organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo y activo específico, encubrimiento personal y real, y falsedad ideológica. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos lidera la investigación preliminar, acusándola de liderar una red criminal y pactar con congresistas para obtener apoyo político.

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2. Comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Zanabria, envió una carta notarial al Grupo La República donde se le exige ofrecer disculpas a la institución policial por la caricatura de ‘Carlín’ exigiendo rectificación por caricatura que ridiculiza a la institución y amenaza con acciones legales.

El nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Víctor Zanabria, ha enviado una carta notarial al Grupo La República exigiendo disculpas por una caricatura de Carlos Tovar Samanez, conocido como ‘Carlín’. Según la misiva, la caricatura denigra la imagen de la Policía y afecta la moral de los efectivos, a pesar de que busca representar situaciones delictivas en las que se han visto involucrados algunos agentes de la institución.

En la carta, Zanabria expresa su rechazo absoluto a la difusión de la caricatura y señala que esta podría llevar a la población a tener una percepción errónea y burlesca de la Policía. Además, amenaza con iniciar una denuncia penal por difamación si La República y ‘Carlín’ no se rectifican de manera inmediata y proporcional en un plazo de 48 horas.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) han manifestado su oposición a la decisión de la Policía de demandar al diario, defendiendo la libertad de expresión. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también se unió a las críticas, calificando la acción de la PNP como una amenaza directa a la libertad de expresión y destacando que es un intento de intimidación hacia los medios y artistas que buscan evaluar las acciones de instituciones y funcionarios públicos.

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3. Poder Judicial dicta la primera sentencia contra taxista ilegal que agredió a fiscalizadora de la ATU

El Poder Judicial ha emitido la primera sentencia contra un taxista ilegal que agredió a una fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo llevado a cabo el 11 de diciembre de 2023 en la cuadra dos de la avenida Arequipa. A través del Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Flagrancia, el conductor fue condenado a seis meses y 26 días de pena privativa de la libertad por los delitos contra la administración pública, así como por violencia y resistencia a la autoridad en perjuicio del Estado y de la fiscalizadora identificada como C.I.V.V.

Según el artículo 52 del Código Penal, la pena de cárcel se transforma en 206 días multa, equivalentes a S/679.80, que el condenado deberá abonar al tesoro público. Además, se determinó una reparación civil a favor de la fiscalizadora agredida y la ATU. El incidente ocurrió cuando la fiscalizadora realizaba labores de supervisión, y el taxista, con placa de rodaje AZP-001, prestaba servicios ilegales de transporte de pasajeros. Al intentar intervenir, el conductor emprendió maniobras peligrosas y huyó, solo para regresar minutos después y agredir verbal y físicamente a la fiscalizadora.

Como consecuencia de sus acciones, el taxista enfrenta una multa de S/20,600, equivalente a cuatro UIT, por brindar servicios de taxi de manera ilegal, y su vehículo fue remitido al depósito, donde permanece hasta la fecha. Esta sentencia marca un precedente en la lucha contra la ilegalidad en el transporte público, resaltando la importancia de mantener el orden y la seguridad en este sector crucial para la ciudad.

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4. Congreso: Congresista Juan Burgos ha presentado un proyecto de ley que busca restituir los tribunales sin rostro en el sistema judicial peruano con el objetivo principal de proteger la seguridad de jueces y fiscales frente a posibles atentados de organizaciones criminales

El congresista Juan Burgos, representante de Unidad y Diálogo Parlamentario, ha presentado un proyecto de ley que busca restituir los tribunales sin rostro en el sistema judicial peruano. La medida tiene como objetivo principal proteger la seguridad de jueces y fiscales frente a posibles atentados de organizaciones criminales de alta peligrosidad. Inspirado en experiencias pasadas, el proyecto autoriza al Poder Judicial a crear e implementar tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por delitos de crimen organizado.

El artículo 2° de la propuesta establece que la identidad de los magistrados y fiscales involucrados en casos de crimen organizado se mantendrá en secreto de acuerdo con los procedimientos del Poder Judicial. Además, los fiscales y magistrados no necesitarán firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, preservando su identificación mediante códigos dispuestos por la misma institución. La medida, aplicada en Perú en la década de 1990 contra cabecillas terroristas, se busca ahora implementar en la justicia civil para hacer frente a la creciente criminalidad.

Históricamente, los tribunales sin rostro surgieron en Italia para juzgar a mafias locales y, más recientemente, fueron implementados en Brasil y El Salvador en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y pandillas, respectivamente. La propuesta surge en un contexto donde la peligrosidad de las organizaciones criminales ha llevado a desafiar al propio Estado, evidenciado por incidentes como la amenaza de muerte a un magistrado en Junín y el asesinato del fiscal César Suárez en Ecuador, quien investigaba la toma del canal de televisión por parte de bandas criminales.

El proyecto también se respalda en la creciente preocupación por la delincuencia en Perú, destacando su décimo lugar en el índice Global de Crimen Organizado en América Latina. El congresista Burgos argumenta que la delincuencia se ha convertido en un problema recurrente y cada vez más preocupante en el país, justificando así la necesidad de medidas drásticas como la vuelta de los jueces sin rostro para combatir a estas organizaciones criminales.

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