control de convencionalidad

El control de convencionalidad y la Ley N.º 32419: Tensiones entre soberanía, compromisos internacionales y el estándar interamericano de derechos humanos

“Por su naturaleza el ejercicio del control de convencionalidad no depende únicamente de la voluntad de las partes, sino que corresponde de manera obligatoria y oficiosa a todos los jueces y autoridades públicas del Estado. En esa medida, su alcance no es exclusivamente jurisdiccional, sino también administrativo y legislativo, configurándose como un parámetro transversal de actuación estatal.”

¿Responsabilidad constitucional del presidente de la República? Sí, pero sin malabares jurídicos

Por  Vicente Brayan Villalobos Villalobos, Bachiller en Derecho. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). La controversia El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la mesa de partes del Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y dos de sus ex ministros, con la finalidad de que el órgano legislativo determine la responsabilidad constitucional que les corresponda (suspensión, destitución o inhabilitación) y eventualmente queden expeditos para ser procesados penalmente. En lo que respecta al presidente, el

Orgullo y prejuicio: El análisis del caso Susel Paredes

Introducción Orgullo y prejuicio. Orgullo, dado que la Comunidad LGBT cobra protagonismo en el mes de junio, frente a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT y, por ello, es considerado el mes del orgullo. La fecha inicial se remonta a la madrugad​​a del 28 de junio de 1969, en la que estallaron protestas entre miembros de la Comunidad LGBT y la polícia de Nueva York, ante un incidente en el bar Stonewall Inn, en Stonewall, Nueva York. Con ello, se conmemora la lucha constante e histórica por los derechos humanos, la dignidad y la libertad, ante décadas de represión y discriminación que reclamaba por la igualdad de sus derechos ante y en la aplicación de la ley[1]. Prejuicio,

Corte IDH ordena al Estado peruano abstenerse a implementar la sentencia del TC sobre indulto a Fujimori

Este viernes 08 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la resolución denominada Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú, en la cual requiere que el Estado de Perú cumpla con las sentencias expedidas anteriormente por este tribunal internacional. En esa línea, el órgano ha exigido al gobierno peruano que no implemente el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en contra de la anulación del indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori.  A continuación, Enfoque Derecho presenta los principales fundamentos de esta decisión. Las sentencias incumplidas En 2001, la Corte IDH emitió las Sentencias de Fondo, Reparaciones y Costas referidas al caso Barrio Altos, determinando que la República del Perú incurrió en violaciones a los derechos

Conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral 2021

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través del Centro de Investigación Judicial y el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, dispuso la organización del Pleno Jurisdiccional Nacional en materia Laboral y Procesal Laboral, evento que se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo, en el cual contó con la participación de los Jueces Superiores Especializados y/o competentes en materia Laboral de las Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Callao, Cusco, Huancavelica, Huaura, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puente Piedra – Ventanilla, Puno, Piura, Santa, San Martín, Sullana, Selva Central, Tacna,

El «otro» Acuerdo de Escazú

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas Mientras muchos sectores conservadores, extractivistas y vinculados con la tala ilegal siguen cuestionando u oponiéndose a la posible ratificación del Acuerdo de Escazú, porque supuestamente nos hace perder soberanía sobre nuestros recursos naturales, y establece obligaciones estatales en materia de protección del medio ambiente que dificultan su aprovechamiento descontrolado, nadie repara que en la Opinión Consultiva 023 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han aprobado un conjunto de obligaciones en materia de protección al medio ambiente de cumplimiento similares y hasta mas exigente a las aprobadas

Una larga lucha: derechos de la comunidad LGBTI en Perú

Por Carlos Canevaro M., abogado por la PUCP, ex miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho y especialista en Derecho Internacional Público. La pareja de Sebastián falleció por el COVID-19, pero no podrá enterrarlo porque es del mismo sexo. Andrea, una mujer trans, fue discriminada el día que salían solo las mujeres a razón de su expresión de género. Francisco ya no sufre de bullying en el colegio, ahora lo pasa en casa: No aceptan su orientación sexual y sufre violencia psicológica diariamente. Estos son solo uno de los pocos ejemplos que la comunidad LGBTI[1] padece durante esta pandemia. Ya lo dijo el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “además de tener que hacer frente a prejuicios, ataques y