Gobierno Local

¿Cómo fomentamos inversión?: Una mirada desde la estandarización de procedimientos administrativos

Por Solange Marianella Carbajal Fierro, Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con especialidad en Derecho Administrativo; Gestión Pública y Análisis de Impacto Regulatorio, miembro del Centro de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad San Martín de Porres y actualmente abogada de la Oficina de Asesoría Legal del Programa Nacional de Telecomunicaciones del MTC. Para mejorar el clima de los negocios de un país, así como elevar los niveles de competitividad, resulta clave que se pueda repensar los esquemas actuales sobre la actuación de la administración pública en la atención, evaluación y el otorgamiento de permisos o autorizaciones, cuando estos vienen acompañados de excesivo formalismo, rigidez, y aspectos de alta complejidad. Ya que esto último, no contribuye a

Aproximación general a los Proyectos en Activos: El mecanismo olvidado en la promoción de la inversión privada

Por Diego Mori, abogado asociado del Área de Infraestructura, APP y Obras por Impuestos del Estudio Muñiz. Imaginemos que usted acaba de ser elegido alcalde del Distrito de “La Gloriosa” y que una de sus principales propuestas antes de su elección, fue el desarrollo de la infraestructura en el distrito a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes que votaron por usted (y, obviamente, de aquellos que no lo votaron también); sin embargo, no sabe por dónde iniciar, salvo que cuenta con un documento denominado “Margesí” respecto del cual tiene alcances muy limitados, particularmente sobre su utilidad y, mucho menos, cómo podría ayudarle en la implementación de su propuesta. Efectivamente, muchos operadores en los gobiernos locales y

Editorial | ¿Desalojo a la fuerza?

Por Enfoque Derecho “Si no nos mata el Coronavirus, nos va a matar el hambre”, vocifera una comerciante informal luego de que los fiscalizadores municipales la despojaron de su mercadería. A tempranas horas del 28 de mayo del presente año, después de más de 70 días de aislamiento social obligatorio, los fiscalizadores de La Victoria incautaron toda la mercadería que los comerciantes ambulatorios de la zona estaban vendiendo en la vía pública[1]. De lo anteriormente narrado, lo que más llama la atención es la manera abrupta y violenta con la que los mencionados fiscalizadores realizan su labor. En ese sentido, dado el contexto de necesidad de evitar la propagación de la pandemia, pero también de reanudar las actividades económicas, es