El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió suspender a Élmer Cáceres Llica en el cargo de gobernador regional de arequipa, luego de haber sido colocado en prisión preventiva por un total de 24 meses por el presunto delito de organización criminal y contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo y pasivo en agravio del Estado.
De ese modo, y a manera de recordaris, este año, los descubrimientos por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú han llegado a tope en materia de redes de corrupción, tal y como en el caso de “Los Dinámicos del Centro” y los diversos cuestionamientos a las actividades ilícitas en el propio Palacio de Gobierno; no obstante, uno que ha llamado particularmente la atención fue el caso de la organización criminal conocida como “Los hijos del cóndor”. Ante ello, una tesis de la fiscalía implicó al gobernador regional -de ese entonces- de la Ciudad Blanca, como la cabeza de esta organización criminal, dado que había ofrecido la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, parcelas y terrenos estatales, a diversos consejeros regionales.
Todo ello se había realizado con la finalidad de que estos últimos no lleven a cabo la fiscalización correspondiente y que lo apoyen en todo momento, tanto en el caso de posibles pedidos de interpelación hacia él como al resto de personal de confianza en el propio gobierno regional. A cambio de ello, por intermedio de diferentes funcionarios y servidores públicos, Cáceres Llica se encargó de entregar dádivas, terrenos y obras de gran envergadura a todos aquellos que hayan accedido a sumarse en el recorrido de la impunidad. Por ese motivo, el pasado 27 de noviembre, el Poder Judicial emitió un dictamen de 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional, así como a Gregoria Palma (exgerente general), Marcelo Córdova (exgerente de Autodema y Copasa), Napoleón Ocsa (exgerente de Autodema), los consejeros Veto Bernal Huarca y Jeimi Flores Quicaño, y el dirigente Mario Jacobo Jacobo.
Con todo lo mencionado, el JNE se vió en la necesidad de dejar sin efecto la credencial del exgobernador y solicitó la convocatoria de la vicegobernadora Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire, para que asuma su cargo en su reemplazo. Entre los motivos expuestos en la resolución, el Pleno señaló, en un primer momento, que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios había declarado fundada la solicitud y requerimiento de prisión preventiva por parte del Ministerio Público contra Cáceres Llica y los consejeros regionales implicados.
Por otro lado, también alegó la legitimidad necesaria en la declaratoria de una única y definitiva instancia jurisdiccional frente a la suspensión de una autoridad regional por la causa esgrimida de mandato firme de detención, derivada de un proceso penal y, por consiguiente, ameritaría se convoque provisionalmente a una nueva autoridad regional. En ese sentido, y además del dictamen del Poder Judicial, el Pleno también estableció que Cáceres Llica había incurrido en la causal de una suspensión, prevista en el artículo 31.2 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; por lo que cabría ejercer esta medida cuando se comprueba un mandato firme de detención que se deriva de un proceso penal.
Dicho ello, la dura realidad de nuestros gobiernos regionales y locales se asevera con el prolongado silencio de la impunidad y la infiltración de redes criminales que acechan la buena administración pública regional y la continuación cortoplacista de un modelo descentralizado, generando mayor desaprobación y desinterés amparado en lo apolítico por parte de nuestra sociedad civil.
Fuentes:
