
La “afectación del orden público” como coartada para reprimir la protesta social
Por: Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en derechos de pueblos indígenas. Un argumento muy utilizado por los grupos de poder económico, por un sector de la prensa y por los propios operadores del sistema de justicia es que todas las protestas sociales afectan el orden público, y ,en consecuencia, deben ser rechazadas y reprimidas, y sus autores sancionados. No se reconoce que el ejercicio de la protesta implica el ejercicio de derechos constitucionales. Se desconoce los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH. La protesta social no es ilegal porque implica el ejercicio de derechos fundamentales. Parece que para la policía la protesta es un acto ilícito,









