En la última semana, se difundió el contenido de los textos escolares elaborados por el Ministerio de Educación, los cuales fueron altamente cuestionados. Sucede que en dichos textos se incluyen expresiones que atentan contra la libertad sexual y de género; asimismo, al desarrollar el tema del terrorismo ocurrido en nuestro país, se omiten las violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas. De igual manera, la inclusión de textos como ‘’La virginidad conservada’’ y ‘’¿Podemos resistir la tentación?’’, que reflejarían un pensamiento religioso y machista, han sido otra de las causas de las constantes críticas. [1]

Estas modificaciones en el material educativo fueron discutidas con miembros de la bancada fujimorista y del colectivo “Con mis hijos no te metas”. Dicho hecho se condice con la propuesta legislativa de Paloma Noceda, congresista fujimorista, que busca declarar de necesidad pública el reconocer el rol del ex presidente Fujimori en la derrota del terrorismo en los contenidos curriculares. Además, criticó que se cuente la historia de la crisis del fujimorismo y del clientelismo político dado que, según su perspectiva, no son hechos históricos sino meramente políticos.

A raíz de estos sucesos, cabe preguntarnos, ¿cuál es el rol que debe tener el Estado en la educación pública? y ¿cómo se relaciona este rol con una educación de calidad? Para responder a estas interrogantes, es necesario definir los principios que deben guiar a la educación y la finalidad que esta cumple en la sociedad.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, la educación tiene como finalidad constitucional el desarrollo integral de la persona humana. En esa línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR) ha señalado que tanto la forma como el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser pertinentes y adecuados culturalmente para los estudiantes, teniendo en cuenta que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana. Finalmente, y siguiendo la misma línea, la Ley General de Educación ha consignado que la educación peruana debe promover la integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno.

Por tanto, la principal finalidad de la educación es formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz. Esta finalidad se convierte tanto en una directriz como en un límite de actuación del Estado, quien tiene el deber de coordinar la política educativa y supervisar su cumplimiento, dirigiendo su actividad a optimizar el contenido esencial del derecho a la educación. Cumpliendo ello, se alcanzarían los fines que persigue la consagración de la educación como un derecho fundamental exigible en nuestro ordenamiento jurídico peruano.

No obstante, el cumplimiento de tales mandatos y principios constitucionales no serán posibles si los intereses políticos o de ciertos grupos prevalecen en el proceso educativo, imponiendo pensamientos que reduzcan la capacidad crítica de los estudiantes de todos los niveles. El desarrollo pleno de la persona humana involucra que esta tenga la posibilidad de construir su propia personalidad; por ello, la educación es la que debe brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan autodeterminarse libremente. En consecuencia, cualquier actuación que impida tal fin se convierte en un atentado contra el derecho a la educación y los derechos conexos a ella.

En ese sentido, las modificaciones realizadas por el Ministerio de Educación no responden a lo establecido en la Constitución, ya que no solo fomentan estereotipos respecto a la sexualidad e imponen un determinado modelo de vida como el correcto, sino también oculta información objetiva y relevante para una sociedad que ha atravesado episodios de violencia en manos de grupos terroristas y del propio Estado. Todo esto se contradice con el objetivo de insertar al estudiante a una sociedad democrática y a una cultura de paz; además, contraviene uno de los principios básicos que debe regir el proceso educativo en el país, consistente en la coherencia que debe existir entre los planes educativos y las normas constitucionales, sin que la educación esté sometida a la voluntad de determinados grupos.

Por ello, consideramos que los textos educativos modificados representan una afectación al derecho a la educación y un incumplimiento del Estado a su deber de promoción y vigilancia de una política educativa de calidad, yendo en contra de los principios que guían la educación y perjudicando su finalidad. Es necesario recordar que la educación está dirigida a consolidar una sociedad democrática, lo cual solo se conseguirá con individuos críticos, libres y capaces de identificar los principios y valores que rigen un Estado Constitucional de Derecho.

 


[1] https://peru21.pe/redes-sociales/minedu-recibe-lluvia-criticas-textos-escolares-educacion-sexual-411539?href=tepuedeinteresar