30 de julio de 2026

«La controversia generada a raíz de la demanda constitucional interpuesta por un usuario de la vía no puede resolverse a partir de una visión reduccionista centrada exclusivamente en un supuesto menoscabo de la libertad de tránsito. Ello resulta particularmente evidente cuando la pretensión de tutela se sustenta en una interpretación incorrecta del marco normativo aplicable y, más grave aún, en la invocación de una disposición que ya no forma parte del ordenamiento».