Diego Valentino León Pozzo,
estudiante de derecho en la Universidad Científica del Sur y
Rodrigo Favio Valdivia Nuñez,
estudiante de derecho en la Universidad Científica del Sur
1. Introducción
En el Perú, determinadas organizaciones criminales recurren a amenazas, atentados, explosivos y otros actos de violencia para intimidar a la población y alcanzar sus objetivos. Estas manifestaciones plantean una dificultad jurídica, la cual es determinar cuándo tales conductas permanecen dentro del ámbito del crimen organizado y cuándo pueden reunir los elementos del delito de terrorismo, especialmente cuando los hechos investigados presentan características similares.
El ordenamiento jurídico peruano contempla regulaciones distintas para cada una: el delito de terrorismo se encuentra previsto principalmente en el Decreto Ley N.º 25475, mientras que la organización criminal está regulada en el artículo 317 del Código Penal y en la Ley N.º 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Para poder diferenciar ambas figuras, no basta con observar qué tan graves o violentos fueron los actos realizados, también es necesario analizar las características propias de cada delito, sus elementos objetivos y subjetivos de cada figura y la finalidad que persiguen, ya que no toda conducta grave puede ser considerada automáticamente como terrorismo o criminalidad organizada.
En ese sentido, el presente artículo busca responder la siguiente interrogante: ¿en qué medida la finalidad perseguida mediante el uso de la violencia permite diferenciar el delito de terrorismo de las manifestaciones violentas del crimen organizado en el Perú? Para ello, se propone analizar los criterios jurídico-penales que permiten distinguir ambas figuras, atendiendo especialmente al juicio de tipicidad y a las exigencias del principio de legalidad, con el propósito de evitar confusiones en su calificación jurídica.
2. Terrorismo y crimen organizado: delimitación jurídico-penal
2.1. Semejanzas y diferencias entre ambas figuras
Para comprender la diferencia entre el terrorismo y el crimen organizado, primero debemos tener en cuenta que ambas figuras pueden involucrar a varias personas que actúan de manera coordinada, distribuyen funciones y desarrollan actividades delictivas. Sin embargo, tienen diferencias importantes desde el punto de vista jurídico-penal.
El crimen organizado, regulado por la Ley N.º 30077 y sus modificaciones mediante las leyes N.º 32108 y N.º 32138, comprende organizaciones de tres o más integrantes, con una estructura compleja, distribución de roles y cuya finalidad es cometer delitos para obtener beneficios económicos u otros de carácter material. Aunque su identificación no siempre resulta sencilla, ya que, como señala Neyra Bustamante (2026), las nuevas exigencias legales, como contar con una estructura desarrollada, mayor capacidad operativa y coordinación entre sus integrantes, pueden generar dificultades para reconocer a aquellas organizaciones que funcionan de manera más flexible.
Por otro lado, el terrorismo, regulado principalmente por el artículo 2 del Decreto Ley N.º 25475, comprende conductas destinadas a generar alarma o temor en la población, afectando la tranquilidad pública y la seguridad de la sociedad y del Estado.
2.2. La violencia como medio de comisión
La violencia puede aparecer tanto en el terrorismo como en determinadas actividades del crimen organizado, su presencia no tiene necesariamente el mismo significado jurídico en los dos fenómenos. En el crimen organizado, puede utilizarse como mecanismo para asegurar el desarrollo de actividades ilícitas, controlar territorios, eliminar competidores o intimidar a quienes se niegan a cumplir determinados mandatos. Por ejemplo, una organización dedicada a la extorsión puede amenazar a comerciantes o atacar sus establecimientos para obligarlos a realizar pagos periódicos. En este escenario, la violencia funciona como un instrumento para obtener ganancias materiales.
En cuanto al terrorismo, el artículo 2 del Decreto Ley N.º 25475 vincula la generación de zozobra, alarma o temor con la realización de determinados actos y el empleo de medios capaces de producir estragos o una grave perturbación de la tranquilidad pública, entre otros efectos. Por ende, la violencia debe evaluarse en conjunto con los demás elementos del tipo. A pesar de ello, la semejanza de los medios empleados no significa que ambas conductas tengan la misma calificación jurídica. La violencia constituye un elemento relevante para el análisis, pero no es suficiente, por sí sola, para afirmar la existencia de terrorismo.
2.3. La finalidad como criterio diferenciador
La finalidad es uno de los criterios más importantes para diferenciar el terrorismo del crimen organizado, porque permite identificar qué busca conseguir cada grupo mediante sus actividades delictivas. En el caso del crimen organizado, el artículo 317 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 32138, señala que su propósito es cometer delitos para obtener beneficios económicos u otros de carácter material. En cambio, el terrorismo, regulado por el artículo 2 del Decreto Ley N.º 25475, comprende conductas orientadas a generar temor y zozobra en la población, afectando la tranquilidad pública y la seguridad de la sociedad.
Al respecto, Cancio Meliá (2017) destaca que el terrorismo no debe analizarse únicamente por la gravedad de los actos violentos, sino también por su finalidad y el efecto de intimidación que buscan proyectar sobre la sociedad. Esta diferencia también fue abordada en el caso MOVADEF (Expediente N.º 85-2014), donde se examinaron las distintas finalidades de ambas figuras. Por ello, no basta con identificar los actos que realiza una organización, sino que también es necesario analizar qué pretende conseguir con ellos y comprobarlo mediante las pruebas correspondientes.
3. Los límites jurídicos del delito de terrorismo
3.1. Tipicidad y principio de legalidad
La diferenciación entre terrorismo y crimen organizado constituye una exigencia del principio de legalidad (Constitución Política del Perú, 1993, art. 2.24.d), el cual prohíbe la aplicación analógica o expansiva de las normas penales. En consecuencia, subsumir actos de extorsión, sicariato o intimidación bajo el tipo penal de terrorismo, atendiendo únicamente a la intensidad de la violencia o al pánico social, desnaturaliza el marco de imputación y vulnera las garantías del debido proceso.
La tipicidad exige acreditar la totalidad de los elementos descriptivos y normativos del tipo, incluyendo el elemento subjetivo especial y los bienes jurídicos supraindividuales de carácter político, los cuales difieren del afán lucrativo que caracteriza a la delincuencia organizada. Así, el principio de legalidad, como se conoce, opera como un límite al ius puniendi el cual asegura la sanción del terrorismo en su estricto sentido y frena la recalificación indebida de otros delitos de alta gravedad.
3.2. La finalidad terrorista y su acreditación
La determinación de la finalidad exige un análisis probatorio riguroso y objetivo de las circunstancias del caso, tales como los mensajes emitidos por los agentes, la selección de los objetivos, los medios empleados y la coherencia entre el acto y el propósito perseguido. Si la norma exige una finalidad específica, esta no puede presumirse a partir de la gravedad de la conducta, sino que debe acreditarse con certeza en estricta observancia de las reglas de la prueba penal.
Esta exigencia de probar la finalidad mediante hechos objetivos y no por meras presunciones sobre la gravedad o peligrosidad social trasciende al propio tipo base. Como advierte Páucar Chappa (2012) sobre el financiamiento del terrorismo, el Derecho penal peruano no atribuye responsabilidad por cualquier acto de apoyo económico, sino que exige comprobar su vinculación con los fines específicos previstos en el Decreto Ley N.º 25475. Así, la finalidad y el dolo del agente resultan determinantes para evitar que la imputación penal dependa de apreciaciones subjetivas.
4. Discusión: la zona gris entre crimen organizado y terrorismo
4.1. ¿Toda violencia organizada constituye terrorismo?
No se debe pensar que toda organización que utiliza la violencia o provoca miedo en la población es necesariamente terrorista, esta interpretación puede parecer razonable si únicamente se observa el daño que producen sus actividades; sin embargo, desde el punto de vista jurídico, resulta insuficiente. Para el Derecho Penal, no basta con observar la gravedad de los hechos, sino que es necesario revisar si realmente cumplen con lo que establece la ley. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional (2001), en el Expediente N.º 00005-2001-AI/TC, señaló que no toda banda armada que comete delitos graves realiza necesariamente actos de terrorismo. Este criterio es importante porque nos recuerda que la violencia y la organización de un grupo, por sí solas, no son suficientes para determinar que estamos frente a un delito de terrorismo.
4.2. Cuando el crimen organizado utiliza el miedo como estrategia
Uno de los principales problemas para diferenciar el crimen organizado del terrorismo aparece cuando las organizaciones criminales utilizan el miedo para controlar a la población y conseguir sus objetivos. En muchos casos, recurren a amenazas y violencia para intimidar a comerciantes, trabajadores o comunidades enteras, buscando mantener sus actividades ilícitas. Por ejemplo, una organización dedicada a la extorsión puede amenazar constantemente a los comerciantes para obligarlos a pagar y así obtener ganancias ilícitas, lo cual estas acciones generen temor en toda una localidad, no significa que automáticamente constituyan terrorismo.
El problema surge cuando la violencia busca generar un estado de temor que trasciende a las víctimas directas y puede afectar a la sociedad en general. Por ello, el artículo 2 del Decreto Ley N.º 25475 exige analizar los demás elementos del delito y no solamente la existencia del miedo, para que se pueda evaluar la finalidad, los medios utilizados y las circunstancias de cada caso, para que asi se evite confundir cualquier acto de intimidación con terrorismo o descartar esta posibilidad cuando los hechos realmente puedan reunir sus elementos.
4.3. Propuesta de criterios jurídicos para su diferenciación
A partir del análisis desarrollado, la distinción entre terrorismo y crimen organizado exige una evaluación conjunta mediante tres criterios principales:
- Adecuación normativa: Se debe verificar si los hechos se subsumen en el delito de terrorismo (Decreto Ley N.º 25475) o en el de organización criminal (Código Penal, art. 317), evitando confusiones derivadas de manifestaciones violentas compartidas.
- Determinación de la finalidad: El móvil delictivo debe probarse mediante hechos objetivos distinguiendo el lucro propio del crimen organizado de los fines terroristas y no a partir del temor generado en la población.
- Verificación de la tipicidad estricta: Conforme a la jurisprudencia constitucional (Exp. N.º 0010-2002-AI/TC), la violencia o intimidación no suplen la comprobación de los elementos objetivos e intencionales exigidos por la norma.
Estos criterios permiten una calificación más precisa, evitando la impunidad de las organizaciones criminales y la aplicación extensiva del terrorismo, garantizando que cada conducta se sancione conforme a su verdadera naturaleza jurídica.
5. Conclusiones
La diferenciación entre terrorismo y crimen organizado constituye un problema jurídico relevante, especialmente cuando las organizaciones criminales recurren a la violencia y la intimidación como mecanismos para alcanzar sus objetivos, aunque bien sabemos que ambas figuras pueden presentar manifestaciones similares, no deben confundirse, pues cuentan con elementos normativos y finalidades que permiten distinguirlas.
El análisis demuestra que la violencia, por sí sola, no resulta suficiente para configurar el delito de terrorismo. En el caso de la organización criminal, el artículo 317.2 del Código Penal establece como finalidad la obtención de un beneficio económico u otro de orden material. Por su parte, el delito de terrorismo debe analizarse conforme a los elementos previstos en el artículo 2 del Decreto Ley N.º 25475 y a los criterios interpretativos establecidos por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la jurisprudencia nacional, especialmente la sentencia recaída en el Expediente N.º 0010-2002-AI/TC y el pronunciamiento emitido en el caso MOVADEF, permite advertir la importancia de realizar una evaluación rigurosa de los elementos de cada figura. No basta con identificar una organización violenta o constatar que sus actividades generan temor en la población; es indispensable acreditar los presupuestos legales correspondientes.
En consecuencia, proponemos que la diferenciación se sustente en el marco normativo aplicable, la finalidad de la actividad delictiva y la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. De esta manera, el Estado podrá enfrentar eficazmente las distintas manifestaciones de violencia organizada sin vulnerar el principio de legalidad ni extender indebidamente el alcance del delito de terrorismo. La gravedad de un delito exige una respuesta estatal firme, pero nunca justifica prescindir de los límites que establece el Derecho penal.
6. Referencias bibliográficas
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Neyra Bustamante, E. A. (2026). Análisis crítico de las Leyes 32108 y 32138: Su impacto en la configuración del delito de organización criminal. Revista Peruana de Ciencias Penales, (39), 189–213. https://rpcp.pe/index.php/RPCP/article/view/156
Páucar Chappa, M. E. (2012). El nuevo delito de financiamiento de terrorismo en el Perú. Gaceta Penal & Procesal Penal, (42), 135–150.
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