Por: Eloy Espinosa-Saldaña Barrera
Abogado PUCP. Doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en Justicia Constitucional en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Profesor de Derecho Constitucional en la PUCP. ***
En principio, la institución encargada de evitar que se escape alguien privado de su libertad personal es la Policía Nacional. Ello se hace sin duda extensivo a los casos donde lo decidido por un juez es un arresto domiciliario, que implica también una limitación a la libertad personal reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, si existe un mandato judicial que implica el arresto domiciliario de alguien, la Policía Nacional debe impedir que dicho mandato sea incumplido.
Resulta curioso entonces, luego de lo ocurrido en “Santa Bárbara”, centro que por cierto está bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, que la Policía nada podría hacer para impedir el incumplimiento de un arresto domiciliario. Y resulta incluso más llamativo, por decir lo menos, el comentario de un funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien responsabiliza al Poder Judicial de la fuga ocurrida en Santa Bárbara (¿?).
Frente a lo expuesto, pongamos en claro las cosas: los jueces ordenan las detenciones y los arrestos domiciliarios, y la policía es quien asegura el cumplimiento de esos mandatos judiciales. Cosa distinta es la de evaluar si las detenciones o los arrestos domiciliarios han sido correctamente aplicados, o si los jueces podrían recurrir en algunos casos a otras medidas cautelares más o menos gravosas que un arresto domiciliario. Eso sí es un tema de evaluación del Poder Judicial, y aquello se ha comprometido públicamente el Presiente de dicha institución, el Doctor César San Martín.
Ahora bien, pasar de allí a adjudicarles a los jueces responsabilidad sobre la seguridad en Santa Bárbara, con gente que se escapa por el techo del lugar, parece irse demasiado lejos. Jugando un poco con los nombres y las competencias de cada quien, aquí encajaría perfectamente aquello de “al César lo que es del César”, salvo mejor parecer.
*Nota del Editor: Puede leer sobre la fuga de Santa Bárbara aquí y aquí
***A solicitud del autor mediante carta enviada en marzo del 2018, se consignan estos nuevos datos actualizados: Eloy Espinosa-Saldaña, profesor de Derecho Constitucional de la PUCP y actual magistrado del Tribunal Constitucional.