Editorial ED

Enfoque Derecho En medio de las críticas, y siendo uno de los funcionarios de alto rango con mayor índice de desaprobación a nivel nacional, el fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry presentó al Congreso de la República una iniciativa legislativa. Se trata de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual fue entregada el 22 de octubre mediante oficio N° 0007 41-2018-MP-FN. Entre las principales propuestas de este proyecto podemos encontrar las siguientes: Que sea el fiscal de la Nación quien pida al Parlamento, al Ejecutivo, al Poder Judicial y a las entidades públicas la información o documentación necesarias para el accionar del Ministerio Público, función que antes no concentraba. Propone la figura de la suspensión para los fiscales

El pasado jueves 11 de octubre, el Congreso de la República aprobó la “Ley Fujimori”, ley que permitiría la ejecución humanitaria de la pena para adultos mayores de 65 años de edad que hayan cumplido un tercio de su sentencia. El Pleno aprobó el proyecto presentado por la congresista Yeni Vilcatoma con 55 votos a favor, 30 votos en contra y dos abstenciones. La iniciativa fue aprobada con los votos de Fuerza Popular y de algunos congresistas no agrupados. Esta legislación express solo pasó a ser debatida en el pleno y su debate en Comisión fue exonerado; dicho procedimiento fue cuestionado por algunos congresistas y pidieron que el Presidente de la República la observe por haber sido aprobada en un

Es alarmante que un limeño pierda a diario no menos de hora y media de su tiempo al movilizarse por la situación del tráfico en Lima [1]. Este problema se ha visto reflejado en un índice realizado por Numbeo que ya a inicios del año 2018 colocaba a la ciudad de los reyes como la séptima ciudad con el tráfico más lento de la región [2]. Frente a esta situación, surge la siguiente interrogante: ¿Qué autoridades toman las decisiones en materia de transporte? Son distintos los actores que participan en la toma de decisiones acerca del transporte en Lima Metropolitana: 1) Municipio distritales, 2) la Municipalidad de Lima Metropolitana, 3) Municipio del Callao, 4) el Gobierno Regional del Callao y

Esta semana, la bancada de Acción Popular, encabezada por el congresista Edmundo del Águila, presentó el proyecto de ley que establece los requisitos para la no reelección inmediata del Presidente de la República. El proyecto pretende delimitar de manera taxativa, mediante cuatro causales, los supuestos bajo los cuales no se podría dar la reelección inmediata[1]. Los cuestionamientos al mencionado proyecto no se hicieron esperar. Parte de la opinión considera que la propuesta tiene nombre propio; es decir, que tiene la intención de impedir la reelección del actual presidente Martín Vizcarra, quien asumió el cargo luego de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y cuenta con una elevada aceptación en las encuestas. Todo esto ha generado cuestionamientos y dudas sobre la

Esta semana, el Poder Judicial ha sido escenario de un nuevo escándalo después de que Sandra Castro Castillo, fiscal contra la criminalidad organizada del Callao, revelara en un informe que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también sería parte de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Según la investigación de Castro, que fue realizada en base a los audios de la corrupción y declaraciones de colaboradores eficaces, también ocho jueces y fiscales supremos, y cinco integrantes del CNM formarían parte de esta red criminal. Esta situación ha motivado que distintas voces de la opinión pública soliciten la remoción de la Junta de Fiscales Supremos, especialmente del titular Pedro Chávarri. Los argumentos que se esgrimen a favor

Venezuela atraviesa una de sus etapas más difíciles en medio de una crisis que ha hecho insostenible la vida en el país y ha obligado a migrar a miles de ciudadanos. Estos se han establecido en diferentes países de Latinoamérica en búsqueda de  vivienda y trabajo, de los que se ven privados en su país debido a la inestabilidad política, social y económica generada por la dictadura. El número de ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera con Ecuador incrementa constantemente al ser esta una de las vías más accesibles para llegar a los demás países de la región; es así que esta semana el país del norte ha decidido limitar el pase a quienes cuenten con pasaporte válido y vigente