Editorial ED

El pasado martes 5 de agosto el grupo de hackers Anonymous Perú y Lulz Security Perú difundieron enlaces que contenían más de 6 mil correos electrónicos de la cuenta personal del ex premier René Cornejo. La información contenida en los mismos se refería principalmente a las coordinaciones realizadas dentro del gabinete ministerial, comunicaciones con distintos funcionarios públicos y representantes de otras instituciones, entre otros. Esta situación ha generado revuelo. Por un lado, están quienes limitan su postura a condenar fervientemente la obtención ilegal de este tipo de información privada; mientras que por el otro, hay quienes cuestionamos la poca transparencia sobre contenidos que no solo no coinciden en ser “secreto de estado”, sino que además, guardan un claro interés público. En el presente editorial pasaremos a analizar esta problemática.

Las temáticas abordadas durante el mensaje presidencial durante las ceremonias oficiales por la fiesta de la patria fueron tildadas de populistas, vacías y poco claras. No obstante, hubo una que llamó nuestra atención: las reformas políticas que el Presidente Humala pidió al Congreso que considerara dentro de su agenda para ser debatidas, siendo una de ellas la implementación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Al llamado del Jefe de Estado se han sumado distintas personalidades públicas, incluyendo el procurador Christian Salas y su predecesor Julio Arbizu. Sin embargo, el silencio de los parlamentarios respecto de este tema ha causado que la sociedad civil se pregunte el por qué del miedo a debatir la imprescriptibilidad como reforma. Pero más importante aún, nos ha tocado preguntarnos si es que esta es, efectivamente, necesaria para combatir la corrupción en el país. Por eso, en el presente editorial analizaremos el fenómeno de la corrupción a fin de dilucidar la importancia de la ley que declare imprescriptible los delitos de esta naturaleza.

Desde hace unas semanas, los peruanos venimos disfrutando del evento mediático más grande del mundo y presenciando los diversos partidos que nos trae el mundial Brasil 2014. Y es que, a pesar de no tener a nuestra selección clasificada, el fenómeno del futbol ha llegado a acaparar toda nuestra atención, generando que las noticias más leídas sean las relacionadas a este deporte y provocando que todos los medios de comunicación le otorguen una cobertura especial a cada suceso de la Copa del Mundo. No obstante, si bien todos disfrutamos de estos acontecimientos, el escenario puede tornarse perjudicial si tomamos en consideración los importantes cambios y medidas políticas que se vienen realizando las últimas semanas debido al final del hemiciclo de nuestro Congreso. Así, situaciones como la aprobación del primer informe de la Megacomisión, la Ley Universitaria y la nueva legislación económica presentada por el “paquetazo”, transcurren sin tener un espacio adecuado de deliberación entre los miembros de la sociedad civil. En razón a esto, en el presente editorial analizaremos y buscaremos informar sobre uno de los puntos más polémicos del último de estos acontecimientos: el “paquetazo” de medidas económicas y sus implicancias en la regulación ambiental.

Esta semana, el Pleno del Congreso aprobó la suspensión por 120 días sin goce de haber de dos de sus congresistas. Con 72 votos a favor, el congresista fujimorista Julio Gagó fue sancionado por el caso Copy Depot, empresa a través de la cual habría infringido la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe a los congresistas venderle al sector público. Los indicios sobre el caso son tales que incluso se habla de la comisión del delito de falsedad genérica, supuesto que provocó la remisión del caso a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por otro lado, con 60 votos a favor, la congresista oficialista Cenaida Uribe fue sancionada por el caso Punto Visual, empresa publicitaria de propiedad de Alberto Luis de Azambuja, presunta pareja de la parlamentaria, en donde Uribe habría ejercido tráfico de influencias al presionar al director del colegio público Alfonso Ugarte, Lizandro Quispe, para favorecer la contratación de dicha empresa. Pero, ¿qué tienen en común estos dos casos? Al parecer, ambos congresistas habrían utilizado su posición política para satisfacer intereses propios, configurándose así un conflicto de intereses. Dicho ello, el presente editorial estará dedicado al análisis de esta figura.