El pasado martes 5 de agosto el grupo de hackers Anonymous Perú y Lulz Security Perú difundieron enlaces que contenían más de 6 mil correos electrónicos de la cuenta personal del ex premier René Cornejo. La información contenida en los mismos se refería principalmente a las coordinaciones realizadas dentro del gabinete ministerial, comunicaciones con distintos funcionarios públicos y representantes de otras instituciones, entre otros. Esta situación ha generado revuelo. Por un lado, están quienes limitan su postura a condenar fervientemente la obtención ilegal de este tipo de información privada; mientras que por el otro, hay quienes cuestionamos la poca transparencia sobre contenidos que no solo no coinciden en ser “secreto de estado”, sino que además, guardan un claro interés público. En el presente editorial pasaremos a analizar esta problemática.
En primer lugar, es menester acotar que cualquier tipo de “hackeo” es considerado ilegal en nuestro país, pues vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones.[1] Esta vía de obtención de información es, por tanto, condenable, reprochable y, definitivamente, no constituye la solución a la ausencia de transparencia existente en nuestro país respecto de las prácticas y coordinaciones gubernamentales. Ahora, más allá de ello, hay otra cuestión que merece nuestra atención y es que la información que contienen los correos difundidos corresponden a materias de interés público y las coordinaciones respectivas fueron hechas – en algunos casos – a través de correos personales cuando, en teoría, deberían ser realizadas a través de las cuentas institucionales de los funcionarios implicados. Esta situación se vuelve aún más sospechosa cuando evaluamos el contenido de las comunicaciones reveladas: un supuesto lobby pesquero -que si bien legal-, involucraría a la abogada Cecilia Blume, al Ministro Castilla (cuya hermana es socia de la primera) y al ex premier Cornejo en un aparente favorecimiento a la petrolera Karoon con la declaratoria de estado de fuerza mayor del lote Z38 para que no pague penalidades por incumplimiento de plazos; entre otros. [2]
Es de esta manera que se ha generado un incómodo – pero necesario- debate sobre si debería permitirse o no el acceso a los correos electrónicos de los funcionarios públicos que obran en una cuenta oficial (es decir, correos que se refieran a facultades o actividades oficiales del funcionario público) para así fomentar la transparencia gubernamental y desincentivar la corrupción estatal. Esta casa editorial considera que los correos electrónicos enviados o recibidos por los funcionarios públicos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones públicas son, en principio, públicos. Cabe recalcar que estamos hablando de información que integra la formación del Acto de la Administración, de antecedentes que le sirven de sustento o complemento a decisiones o políticas ya adoptadas. En ningún momento se vería afectada la vida privada o personal de los funcionarios, ya que queda claro que los específicos correos electrónicos relativos a ella no deberán ser entregados. Tampoco se verían afectadas las comunicaciones cuyo contenido verse sobre secretos de Estado. Salvo las excepciones mencionadas, la regla siempre debería ser la transparencia.
El problema principal que hace que esta situación no llegue a darse se encuentra en el hecho de que en el sistema actual las instituciones del estado no tienen una relación de información reservada, motivo por el cual pueden determinar de manera indiscriminada si el material informativo que poseen es de interés público o no.[3] En otros países esta dificultad ha sido eliminada a través de distintas medidas. Por ejemplo, en Chile existe una autoridad autónoma que analiza los pedidos de información a fin de promover un gobierno transparente[4], mientras que en México se encuentra el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos que busca garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales.[5] Es así cómo lo ideal sería que se cree una Autoridad Central de Transparencia: un ente que vele por promover y organizar a todas las entidades del Estado para el fiel cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Afortunadamente, esto parece no encontrarse tan lejos de la realidad, ya que actualmente la Defensoría del Pueblo ha presentado un anteproyecto de ley para crear un ente autónomo.[6]
El Perú se merece un gobierno que opte por la transparencia como el primer paso para instaurar una política de estado que rechaza fervientemente la corrupción. La creación de un órgano autónomo no solo contribuiría a que esto se lleve a cabo, sino que convertiría en innecesarias las intromisiones de organizaciones que se dedican al “hackeo” y a obtener información de manera ilegal. Esperemos que a raíz de este acontecimiento, el gobierno sea el primer impulsor de esta medida. Si a nada temen, entonces nada ocultan, ¿verdad?
[1] Para más detalle, se puede revisar la Ley de Delitos informáticos aquí; y las modificaciones realizadas en el presente año: http://3.elcomercio.e3.pe/doc/0/0/8/4/0/840562.pdf
[2]Fuente: http://elcomercio.pe/politica/gobierno/cinco-claves-entender-cornejoleaks-noticia-1749842
[3] Fuente: http://www.larepublica.pe/12-08-2014/el-buzon-envenenado
[4] Fuente: http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/inicio.html
[5] Fuente: http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/misionViosionObjetivos.aspx
[6] Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/prensa/notas/2012/NP-273-12.pdf
