El viernes 18 de julio se realizó la presentación formal del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, lo particular de esta ceremonia de presentación es que contó con la presencia de todos los ministros de Estado. Dicha presencia apuntaba a asumir ante la ciudadanía un compromiso integral para el respeto y cumplimiento de las metas trazadas en el Plan.
Hace más de tres años, las peruanas y peruanos elegimos a Ollanta Humala Tasso como presidente del Perú y al equipo que lo acompañaba en el gobierno. Las promesas sobre seguridad ciudadana apuntaron alto. Por esa razón, pero también por los magros resultados y la inestabilidad y desinteligencia, la delincuencia e inseguridad han cobrado varias víctimas en nuestro país desde el 2011. Entre esas víctimas está la popularidad del mismo presidente.
Por un instante, seamos parte de lo que muy probablemente será un deja vu por el cual usted o alguien de su entorno social, se convierte en el protagonista de un sorprendente escenario en el cual existe presuntamente un consumo que en honor a la verdad, jamás se realizó y pretende ser cobrado por su supuesta ejecución. En ese orden de ideas, ¿Alguna vez se ha preguntado qué hacer frente a la facturación de un consumo no realizado? De antemano, la respuesta dista mucho en dirigirse por un camino de acatamiento.
Uno de los talleres realizados por la comisión de Desarrollo de la Asociación Civil Themis a lo largo de este ciclo, ha sido el de formalización de MYPES, el mismo que fue organizado junto con la Asociación Lima Microfinance Initiative y que contó con la participación de los abogados del Estudio Lazo, Lopez de Romaña & Gagliuffi, estudio que forma parte de la Alianza Pro Bono.
Empezó una nueva era. El martes 15 de julio de 2014, el Tribunal Constitucional del Perú publicó su primer pronunciamiento luego de haberse recompuesto con la elección y nombramiento de nuevos magistrados[2]. Con este primer fallo, inició una nueva etapa de la justicia constitucional en nuestro país.
