Por César Bazán, Coordinador del IDL – Seguridad Ciudadana
Hace más de tres años, las peruanas y peruanos elegimos a Ollanta Humala Tasso como presidente del Perú y al equipo que lo acompañaba en el gobierno. Las promesas sobre seguridad ciudadana apuntaron alto. Por esa razón, pero también por los magros resultados y la inestabilidad y desinteligencia, la delincuencia e inseguridad han cobrado varias víctimas en nuestro país desde el 2011. Entre esas víctimas está la popularidad del mismo presidente.
Lo prometido es deuda
En el Plan de la Gran Transformación se trazó el objetivo de proteger el ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la paz y la tranquilidad pública, eliminando los rezagos de las bandas de narcotráfico y la delincuencia común organizada. Para llegar a esos objetivos Gana Perú propuso reformas constitucionales y actividades preventivas y correctivas en el marco de un sistema descentralizado de seguridad, el fortalecimiento de comités locales de seguridad ciudadana, la transferencia gradual de funciones de la Policía (PNP) a las municipalidades, reformar la PNP, profesionalizarla, fortalecer la coordinación entre autoridades. Incluso prometieron reforma de la justicia para acabar con la impunidad de delincuentes y en especial de los que atacaran a mujeres y niños (páginas 77 y 78 del Plan de la Gran Transformación[1]).
Sin embargo, ¿cuánto de lo prometido se ha conseguido?
El inestable liderazgo ¿civil? en el Ministerio del Interior
El balance no es positivo. Lo que ha primado hasta el momento es la inestabilidad y la improvisación, razón por la cual no se han implementado políticas públicas eficientes.
La inestabilidad ha estado en la cabeza del Ministerio del Interior. A la fecha contamos ya al sexto ministro. A Oscar Valdez, Daniel Lozada, Wilver Calle, Wilfredo Pedraza y Walter Albán, se suma el ex militar Daniel Urresti en los tres años de gestión de Ollanta Humala. Este último ha marcado un antes y un después, puesto que tiene un proceso judicial nada menos que como imputado por el homicidio de un periodista, el famoso caso del corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos, asesinado en 1988 por una patrulla militar en Ayacucho; razón de sobra para separarlo del cargo.
Los ministros del Interior han tenido perfiles diferentes. Sin embargo, tres de los seis han sido ex militares. Colocar a un militar al mando de la PNP no es recomendable por el conocido celo institucional, pero también porque el sector interior tiene reglas y lógicas diferentes a la militar. Además, la historia de América Latina nos ha enseñado –a sangre y fuego- que se necesita consolidar liderazgos civiles en los cuerpos policiales y militares de nuestra región.
Ahora bien, en ninguno de los seis, el gobierno ha encontrado al ministro que buscaba. A estas alturas, creo que queda claro que la búsqueda ha sido infructuosa no por los candidatos, sino por el reclutador. Ollanta Humala ha demostrado su falta de brújula en cuanta entrevista ha brindado sobre este tema.
La inestabilidad en los líderes ¿civiles? del sector Interior ha ido a contracorriente de lo sucedido en la Dirección General de la Policía Nacional. A pocos meses de llegada a la presidencia, Humala trastocó el orden de méritos para nombrar al General PNP Raúl Salazar en el máximo puesto policial. Él se mantuvo en el cargo, a pesar de las crisis políticas y los duros golpes de la oposición, hasta que la situación fue insostenible en marzo de 2013. Era cambiar al ministro o cambiar al director de la PNP. Prefirieron mantener al primero. Lo sucedió el General PNP Jorge Flores Goicochea, quien hasta ahora está en el cargo.
La improvisación se refleja en las acciones implementadas. La mayoría de ellas son reactivas o muestras grandilocuentes con poca sustancia. Salvo excepciones: mucho ruido y pocas nueces.
Lo avanzado
Entre las excepciones, están los continuos procesos de compra y convocatorias para mejorar las condiciones en que trabajan los policías. Estamos hablando de más vehículos, mejora de comisarías, incorporación de civiles asimilados, etc.
También debemos reconocer la labor de desmantelamiento de bandas criminales por parte de la PNP. Especialmente, en el caso de Áncash se ha encarcelado preventivamente al Presidente del Gobierno Regional y a varios otros implicados, gracias a una investigación realizada por la policía.
El balance es negativo
Del pasivo hay mucho más. El gran fiasco del gobierno ha sido (y es) la reforma policial. En diciembre de 2012, se emitieron varios decretos legislativos, publicitados como el punta pie de la reforma policial. Se emitió una nueva Ley de la Policía Nacional del Perú, carrera policial, educación policial, pensiones, salarios, criminalística, etc. Esto iba a tono con la exigencia ciudadana de contar con un aparato policial eficiente. Sin embargo, los fuegos artificiales no fueron más que eso. A casi dos años, la mayor parte de las normas no cuentan siquiera con un reglamento. Obviamente, sabemos que las leyes no hacen una reforma. La voluntad política es esencial. Y de eso también carece el gobierno. Incluso se ha retrocedido en logros anunciados como la eliminación del 24×24, es decir del sistema de trabajo parcial de la PNP.
La lucha contra la corrupción es otro de los asuntos negativos. Más allá de las cabezas policiales que han rodado en los últimos días, la estrategia de lucha contra la corrupción policial no da resultados que apunte a las entrañas del monstruo. Los resultados todavía magros del Tribunal de Disciplina Policial, la falta de un plan de lucha contra la corrupción policial, son indicadores de que corrupción y policía son dos palabras que lamentablemente continuarán hermanadas.
Por otra parte, este gobierno tiene también una deuda en materia de derechos humanos en el sector interior. Obviamente, el caso más saltante es justamente el ministro actual, acusado de un delito de lesa humanidad. No tiene sentido mantener en el puesto a una persona con ese cuestionamiento. Sin embargo, Ollanta lo defiende. Pero en este aspecto también contamos a los muertos en conflictos sociales, que suman alrededor de 30 personas, muchas de ellas victimadas por la policía. Además, el Ejecutivo promulgó la Ley 30151, Ley de licencia para matar, que exonera de responsabilidad penal a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones.
¿La seguridad ha empeorado o mejorado?
A finales de cuenta, ¿la inseguridad ha mejorado o empeorado en estos años de gobierno de Humala? Responder a esta pregunta no es fácil. En primer lugar, porque seguimos careciendo de un sistema de indicadores confiables para medir el avance o retroceso de la inseguridad.
Durante el 2013, se ha trabajado en construir el indicador homicidios y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática ha publicado una cifra de homicidios cercana a 6 por cada 100 000 habitantes.
En el resto de indicadores, estamos en la penumbra. El número de denuncias policiales no refleja la cantidad de delitos ni de faltas que suceden a diario y la información del Ministerio Público tampoco tiene por función cumplir ese papel. Los mapas interinstitucionales de riesgos y delitos todavía no existen y contamos con indicadores sobre percepción y victimización que no son data dura, pero ayudan a tener una idea de la situación.
Estos precarios indicadores muestran lo que puede parecer una sorpresa: la situación de inseguridad no se ha deteriorado tanto como imaginábamos. Estamos peor, pero no se ha disparado el número de denuncias de delitos ni faltas, tampoco la percepción de inseguridad o el índice de victimización.
Lo que vemos, por otro lado, son varios casos de delitos violentos, graves, como el sicariato, la extorsión en construcción civil o simplemente el daño exagerado en robos que aparentemente deberían ser simples. La ferocidad del delito parece haber aumentado, pero igual tampoco tenemos una línea de base o indicadores que demuestren esa afirmación.
El final de este balance… pero no del gobierno
Todavía faltan dos años para que Ollanta Humala deje el gobierno y debe estar pensando qué hacer para mejorar la situación de inseguridad que tanta popularidad le ha restado. La estrategia practicada con Urresti, es decir, un ministro hiperactivo y mediático, ayuda a proyectar la imagen de que se está trabajando. Pero eso debe ir acompañado de políticas públicas concretas que ataquen los males endémicos de la institución policial. Y también de personas que no tengan los cuestionamientos del ministro.
A la par, no se debe olvidar que estamos ante un sistema de seguridad ciudadana que tiene más responsables que solo el gobierno, pero que el Ejecutivo debe dinamizar dicho sistema y hacerlo funcionar. Le conviene que sea así. Igualmente, se deben priorizar las estrategias de prevención y el trabajo con juntas vecinales. A la par que se ataquen a las grandes bandas criminales, debe enfrentarse el delito menor, las faltas que aquejan a diario a la población. En esto último, casi todo está por hacer, puesto que el sistema de enjuiciamiento de las faltas es bastante ineficiente, razón por la que prima la impunidad.
En fin, lo que resta del gobierno es poco para conseguir avances sustanciales en seguridad ciudadana. Es hora de corregir el rumbo. Ya se han perdido tres años.
[1] La Hoja de Ruta, Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional, no tiene un apartado sobre seguridad ciudadana.
