A ningún estudiante, entendido o curioso de los textos jurídicos le es ajeno que el derecho a probar es un requisito indispensable para gozar del derecho al debido proceso y del principio de la tutela jurisdiccional efectiva.
Los países de Venezuela y Argentina acaban de resaltar en América Latina por presentar dos características en común. Más allá de su apoyo mutuo incondicional, la primera tiene que ver con que poseen las tasas de inflación más alta en nuestro continente.
Hace algunas semanas, el Presidente Ollanta Humala anunció algunas medidas para “acelerar el crecimiento de la economía peruana”.
Dada la envergadura global de las empresas fusionadas, esta transacción tuvo que ser sometida al control de concentraciones de varios países y jurisdicciones, en lo que bien podría convertirse en un caso de estudio.
Si algo tenían en común los socialistas, comunistas y liberales del siglo XIX era su fe en el progreso humano a través del ejercicio de la razón. Desde esa perspectiva, el cosmopolitismo era el futuro inevitable de la humanidad: tarde o temprano las personas habrían de comprender que aquello que nos une como seres humanos trasciende las barreras sociales que hemos construido entre nosotros.
En la década de los 60’s se expandió en América Latina el modelo de la ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones), que estuvo inspirado en las teorías de la dependencia que planteaban que la soberanía política de los países latinoamericanos sólo era posible con una mayor autonomía hacia los capitales extranjeros, principalmente, de los EEUU.
El 15 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, Decreto Supremo que establece limitaciones para la realización de transacciones en efectivo dentro de los oficios notariales, así como la obligatoriedad del uso del sistema de verificación de la identidad por comparación biométrica, el cual entró en vigencia al día siguiente, el 16 de mayo de 2013.
Probablemente uno de los aspectos más polémicos sobre la SUNAU – Superintendencia que la reforma de la Ley Universitaria plantea implementar para supervisar la educación superior – es su facultad fiscalizadora respecto del uso de los recursos económicos de las propias universidades.
¡Enfoque Derecho presenta «Histeria: Sin Derecho»! En esta oportunidad, Alfredo Bullard, socio del Estudio Bullard Falla Ezcurra y profesor de Análisis Económico del Derecho en la PUCP, nos habla sobre la problemática de la regulación del derecho en cuánto a las drogas.
En Julio debería emitirse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en torno al diferendo marítimo entre Chile y Perú. Dado que el fallo inmediatamente anterior fue (en parte), un diferendo marítimo entre países latinoamericanos (V., Colombia y Nicaragua), ¿qué lecciones podríamos derivar de esa experiencia para el caso de Chile y Perú?
