S.O.S TAX

Por Luis Sánchez, asociado del estudio Miranda & Amado. INTRODUCCIÓN La adquisición de un negocio en marcha, desde la perspectiva del adquirente o inversionista, siempre conlleva un proceso de investigación económico-financiera, que le permita a este tener el confort necesario para realizar la inversión. Generalmente, en toda adquisición de negocios lo primero que se presenta a los inversionistas es la información financiera de la empresa y la proyección de crecimiento que esta tiene, en el corto, mediano o largo plazo. Para ello se elaboran presentaciones destacando las cualidades del negocio y se pone a disposición del inversionista información financiera que le permita validar conceptualmente lo dicho por la contraparte[1]. Una vez captado el interés del inversionista, la contraparte o el

Por Vanessa Masalías Araujo, abogada por la PUCP y asociada de Miranda & Amado. El pasado 2 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 1372 que reguló la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos de informar la identificación de beneficiarios finales. De los considerandos de la referida norma se desprende que la misma tuvo como finalidad adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin perjuicio de que a la fecha está

Eduardo Pedroza, asociado del estudio Miranda & Amado. En los últimos días se ha venido hablando bastante sobre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para legislar en ciertos temas de índole tributaria[1]. Si bien estas facultades buscarían en muchos casos ampliar la base tributaria y dotar a la Administración de las herramientas que le permitan combatir adecuadamente la elusión fiscal, también es evidente que el Poder Ejecutivo tiene la intención de incentivar las inversiones mediante la mejora en la regulación de algunos beneficios o tratamientos tributarios especiales. Entre las posibles modificaciones que más despertaron el interés de los inversionistas[2], destacaron las referidas a las normas que regulan los fondos de inversión que califiquen como “Fondos de Inversión en Renta de

Por Rocío Liu, socia de Miranda & Amado. Poco tiempo atrás, en este mismo blog, se abordó la necesidad de acreditar la realidad de las adquisiciones que otorgan derecho a deducir el gasto para fines del Impuesto a la Renta de las empresas, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal. En palabras sencillas, dicho Tribunal considera que, para que un gasto sea causal y deducible para la empresa, primero debe ser real, porque si no es real, menos aún podría ser necesario para, o estar vinculado con, la generación de rentas gravadas o la manutención de la fuente productora de éstas. Esta exigencia probatoria sobre la realidad o fehaciencia de la operación tiene también implicancias en relación con la deducción del crédito

Por Luis Miguel Sánchez Bao, Asociado del estudio Miranda & Amado Abogados. En las últimas semanas, hemos sido testigos de diversos comentarios de naturaleza política, originados por la eventual y futura modificación de las normas del Impuesto a la Renta (IR) sobre las rentas del trabajo de las personas naturales domiciliadas en el país. Esta discusión se originó con la presentación ante el Congreso de la República del proyecto de Ley No. 2791-2017-PE, por parte del Poder Ejecutivo, con la finalidad de solicitar el otorgamiento de facultades legislativas en materia tributaria. La razón que motivó el pedido de facultades legislativas fue el plantear una reforma tributaria que permita impulsar y reactivar la economía y, consecuentemente, incrementar la recaudación tributaria en el